Publicado: 14.03.2016 17:03 |Actualizado: 14.03.2016 17:57

Interior no ceja en su campaña y envía policías a Venezuela para investigar a Podemos

Esta vez el argumento es que España colabora con una operación abierta por la DEA
estadounidense sobre las relaciones del narcotráfico con el gobierno de Nicolás Maduro. Los agentes dependientes de la cúpula policial indagan sobre si parte del dinero relacionado con esta actividad pudo llegar a la formación para después ser blanqueado.

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El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acompañado por el portavoz económico del partido, Nacho Álvarez, y la diputada Carolina Bescansa. EFE/Javier Lizón

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acompañado por el portavoz económico del partido, Nacho Álvarez, y la diputada Carolina Bescansa. EFE/Javier Lizón

@patricialopezl

MADRID.- Desde hace una semana agentes dependientes de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, dirigida por el comisario Eugenio Pino, y que forman parte de una “unidad de inteligencia” no oficializada dentro del cuerpo, están en Venezuela junto con agentes estadounidenses investigando la supuesta relación entre el tráfico de drogas a escala internacional, el Gobierno de Nicolás Maduro y la financiación de Podemos.

Al mismo tiempo, en España se encuentra un presunto confidente de la agencia norteamericana contra el tráfico de drogas (DEA) al que la Policía protege, aseguran a Público fuentes policiales, y de cuya información se estarían valiendo el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para guiar su investigación contra la formación morada, encargada directamente desde el Ministerio del Interior que todavía encabeza Jorge Fernández Díaz a la cúpula de la Policía.

Además, los agentes españoles están manteniendo reuniones con la oposición en ese país, después de que la Asamblea Nacional venezolana crease una subcomisión de investigación para indagar sobre la financiación de Podemos y las supuestas relaciones con ETA del Gobierno de Nicolás Maduro.



Campaña contra Podemos

Esta operación corre en paralelo al denominado Informe PISA (por las siglas de Pablo Iglesias Sociedad Anónima) y que la Fiscalía, el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado ya en tres ocasiones desde el inicio de 2015. El contenido de ese informe partía de una denuncia presentada por un empresario a principios del año pasado, que el Tribunal Supremo desechó poco después, en abril.

Fue tras las elecciones generales, como desveló Público, cuando desde la Secretaría de Estado de Interior se pidió reactivar cualquier tipo de investigación sobre la formación morada o sus dirigentes, y el número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, le encargó a sus adscritos –personal de confianza que formaría esa unidad de inteligencia- que recuperan la denuncia contra Podemos. El partido de Pablo Iglesias había quedado como tercera fuerza en el Congreso de los Diputados y podía ser crucial para formar gobierno con el PSOE.

De ahí surgió el Informe PISA, que no ha sido encargado por ninguna autoridad judicial ni se basa en ninguna denuncia, y que fue filtrado por la cúpula policial a sus medios afines Ok Diario, de Eduardo Inda, o El Confidencial- antes de ser remitido a ninguna autoridad. En el informe se acusa a Podemos y sus dirigentes de emitir elevadas facturas a la empresa 360 Globlamedia, que gestiona la cadena HispanTV y que pertenece al Gobierno de Irán, con las que financiar el partido con fondos de un país que viola los derechos humanos.

Ese informe fue filtrado después a la organización ultraderechista Manos Limpias, que está inmersa en una investigación de la Fiscalía por la supuesta comisión de delitos económicos, y que volvió a interponer sendas querellas contra la organización que dirige Iglesias. Además, tal y como ya informó este diario, se da la circunstancia de que el hijo del presidente de Manos Limpias fue ascendido en 2015 a la Dirección Adjunta Operativa, tras iniciarse la primera investigación contra Podemos.

Sin embargo, la Policía no remitió el informe fantasma PISA ni a la Fiscalía ni a la Agencia Tributaria hasta el mes de enero, después de hacerse pública su existencia por los medios de comunicación que atribuían a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía su autoría, a pesar de que realmente fue elaborado por la DAO. La Policía pidió entonces información tanto a esta unidad como al Sepblanc (Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales), y el propio ministro en funciones, Jorge Fernández Díaz, definió esas noticias sobre el informe de Podemos como “supuesta investigación".

Ahora, después de que la Fiscalía, el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial hayan dicho que no son sólidas las acusaciones contra la formación morada que vierte la Policía en el PISA, la cúpula Policial vuelve a intentar que se abra una investigación remitiendo en esta ocasión el manido informe al Tribunal de Cuentas, tal y como informaba este lunes la Cadena Ser.