Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han lanzado este jueves una gran operación en Catalunya contra una presunta trama corrupta de desvió subvenciones públicas destinadas a proyectos en países en desarrollo a distintas entidades, algunas de ellas vinculadas al procés, según han informado fuentes policiales. La Policía ha detenido a 29 personas, de las cuales una quincena ha quedado en libertad a las pocas horas a la espera de ser citados por el juez en los próximos días.

La operación, bautizada como 'Estela', está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona. El operativo permanece abierto y ha contado con refuerzos de agentes desplazados desde Madrid, que se han desplegado en las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona.

Los agentes han acudido a diferentes sedes de la Generalitat en un amplio operativo, que ha registrado la sede de la Diputación de Barcelona y de otras instituciones catalanas, así como distintas empresas catalanas y entidades sin ánimo de lucro. Los detenidos están acusados de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones. 

Entre los arrestados que ya han quedado en libertad figura Salvador Esteve, exalcalde de Martorell (Barcelona) y expresidente de la Diputación de Barcelona y de la Asociación Catalana de Municipios (AMC) Las fuentes policiales consultadas han precisado que se prevé que media docena de los detenidos pasen la noche en comisaría y que comparezcan mañana ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que mantiene la investigación en secreto.

También figura como detenido Joan Carles García, alcalde de Tordera por CiU (Barcelona) y diputado provincial de Barcelona, así como Víctor Terradellas, exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC, fundador de la entidad CATmón y vinculado al mundo de la cooperación internacional.

También ha sido arrestados el subdirector de Cooperación Local de la Generalitat y exdirector de la Diputación de Barcelona Jordi Castells, a quien las fuentes consultadas consideran uno de los máximos responsables del desvío de fondos. Otra de las detenciones que los investigadores consideran relevante es la de Guadalupe Moreno Iturriaga, jefa de la Oficina de Cooperación y Desarrollo de la Diputación de Barcelona.

En el marco de la operación, está previsto que se registre la sede central de la Diputación de Barcelona, las oficinas de la corporación provincial situadas en la calle Londres de la capital catalana, así como oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas, entre ellas la Oficina de Cooperación al Desarrollo o la sede de la fundación CATmón. Concretamente, en Girona se está registrando la fundación Plataforma Educativa, una de las entidades que está en el punto de mira de la investigación por recibir ayudas públicas de forma irregular.

La Diputación de Barcelona, presidida por Mercè Conesa, ya fue puesta bajo el foco policial por un supuesto fraude de subvenciones. La CUP denunció hace dos años que desde este organismo se habían concedido ayudas para la cooperación al desarrollo a través de contratos opacos. La operación investiga presuntas subvenciones irregulares por valor de un mínimo de dos millones desde la diputación.

La investigación se centra en una presunta trama corrupta de desvío de al menos dos millones de euros de origen público ─concretamente fondos destinados a la cooperación al desarrollo─ a empresas y entidades, algunas de las cuales habrían tenido participación en el proceso independentista. Por el momento, el juez centra las pesquisas en la presunta adjudicación irregular de subvenciones públicas a entidades y particulares. En concreto las subvenciones irregulares se habrían aportado entre 2012 y 2015 a varias entidades y ONG para proyectos de cooperación al desarrollo en América Latina, Marruecos y Bosnia, entre otros países.

La cooperación internacional ha sido una de las partidas que, según diferentes informes policiales, se han incrementado bajo la sospecha de que incluían fondos para financiar la proyección exterior del plan independentista impulsado por el Govern de Carles Puigdemont.

Los presupuestos de 2017 de la Generalitat destinaron a la cooperación internacional 17,4 millones de euros repartidos entre la Consejería de Relaciones Institucionales y Exteriores dirigida por Raül Romeva, uno de los exconsellers encarcelados, y la Agencia Catalana de Cooperación.