Publicado: 16.04.2014 15:46 |Actualizado: 16.04.2014 15:46

Interior niega haber filtrado la investigación de los fondos para la formación en Andalucía

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La filtración de la investigación de un posible fraude en los fondos de formación que financiaba la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha desatado una guerra entre el Gobierno andaluz y el central.

El consejero andaluz de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha acusado este miércoles al Ejecutivo de abrir una "causa general contra toda Andalucía" por la gestión de estos fondos, que se suman al caso de los ERE fraudulentos investigados por la jueza Alaya. Una acusación que Interior niega al afirmar que la filtración no procede de su departamento, tal y como también ha criticado el PSOE.

En una rueda de prensa convocada tras conocer la investigación policial abierta, el consejero ha exigido explicaciones al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que "dé la cara y datos y apellidos de las instituciones o empresas" implicadas en este supuesto fraude o, en caso contrario, que "pida disculpas y retire la acusación".

Ha denunciado que el ministro "ha desaparecido" porque ha intentando contactar con él y "no se pone al teléfono", y ha dicho que "no es normal que se haga una filtración de información de este tipo en Semana Santa", por lo que tiene "serias dudas de por qué se hace".

Sin embargo, el Ministerio del Interior ha desmentido esta mañana "categóricamente" que haya filtrado información, como ha denunciado el PSOE además de la Junta.

Según han indicado fuentes del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, Interior niega que haya filtrado "ninguna información sobre ninguna operación abierta".

Las mismas fuentes han recordado que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía trabaja desde hace meses en una investigación abierta a raíz de datos detectados por la Seguridad Social.

Y lo hace, han concluido las fuentes, "con absoluta discreción y la máxima reserva".

Fuentes de la investigación aseguran que la Fiscalía Anticorrupción de Málaga lleva desde mayo de 2013 investigando esta supuesta estafa con los fondos de formación para desempleados. El Ministerio Público abrió en esa fecha las diligencias de investigación preliminares, que se centran en 17 empresas privadas, desde academias a escuelas de masaje, con un objeto social en el que indicaba "actividad educativa y formativa".

También han destacado que en Málaga las pesquisas se remontan a las ayudas públicas de 2010, por un montante de dos millones de euros.

Las fuentes han precisado que se investiga el uso de subvenciones y no la forma de concederlas, como en el caso de los ERE, aunque también han insistido en que están en una fase muy inicial y tienen abiertas diversas líneas de investigación.

El caso, que todavía no está judicializado, se inició tras las irregularidades detectadas por la Seguridad Social, que fue lo que activó la alarma y provocó la investigación por parte de la Unidad Central de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF).

Actualmente la Fiscalía de Málaga está pendiente de un informe de la UDEF, por lo que las fuentes no han podido cuantificar el supuesto fraude en la provincia malagueña.