Publicado: 25.02.2016 16:07 |Actualizado: 25.02.2016 16:07

Interior recorta a la mitad la plantilla policial que protege a mujeres maltratadas en Aragón

La Unidad de Apoyo Policial a las Víctimas de Zaragoza ha perdido nueve de sus 17 miembros, mientras los ocho integrantes que quedan deben coordinar la protección de más de un millar de víctimas de violencia machista y la vigilancia de otros tantos agresores en la capital aragonesa

Publicidad
Media: 0
Votos: 0
Comentarios:
El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, comparece ante los medios para aclarar sus declaraciones sobre el asesinato machista del lunes en Zaragoza./ E.B.

El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, comparece ante los medios para aclarar sus declaraciones sobre el asesinato machista del lunes en Zaragoza./ E.B.

ZARAGOZA .- Los recortes del Ministerio del Interior no tienen piedad de las víctimas de la violencia machista: la Unidad de Prevención, Atención y Prevención (UPAP) a las víctimas del Cuerpo Nacional de Policíaha perdido a nueve de sus 17 integrantes en Zaragoza unos meses después de su puesta en funcionamiento, según ha reconocido este jueves la responsable de la unidad, la inspectora Clara Pérez.

Sus nueves miembros actuales –un coordinador, un subcoordinador y siete agentes- son los encargados de coordinar la protección de las víctimas de violencia machista a las que los jueces otorgan una orden de protección y de supervisar la vigilancia de sus agresores.
Su tarea resulta titánica. Según los datos facilitados por el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, hay vigentes en la provincia 965 órdenes de protección que afectan a 954 víctimas y a 956 agresores.



El grueso de esas personas se encuentra en Zaragoza, lo que indica que cada miembro de la UPAV debe hacerse cargo de más de un centenar de ellas. La situación es similar en Huesca -252 casos, 247 mujeres y 250 atacantes- y en Teruel -72, 71 y 72-. En la comunidad hay 1.300 órdenes de protección –“han caído la mitad”, señaló Pérez- para una plantilla de 1.500 policías y 3.500 guardias civiles. Hay 35 de riesgo medio y una de extremo.

“Intuimos que es una situación generalizada a nivel nacional”

Fuentes del SUP (Sindicato Unificado de Policía) corrigieron a la baja esos datos. Según esta organización, mayoritaria en la plantilla aragonesa, la plantilla de la UPAP está formada por siete agentes y un coordinador, que asumen una media de 150 órdenes por cabeza.

“La unidad se creó en 2007 con 17 efectivos, pero la mitad de ellos se ha ido jubilando sin que sus puestos hayan sido cubiertos”, señalaron fuentes del SUP, que intuyen que “se trata de una situación generalizada” en el país.

Las UPAP, anunciadas a bombo y platillo por el Gobierno en vísperas de las elecciones dentro de una reorganización de los servicios policiales de atención a las víctimas de violencia machista, estaban integradas por agentes de edad avanzada por el tipo de servicio que prestan, de seguimiento y coordinación más que de intervención.
Otra cosa son los medios con los que trabajan. “Ni siquiera disponen de un ordenador para cada uno de los siete agentes”, apuntaron.

PSOE, Podemos, C’s, Cha e IU piden la dimisión del delegado

“No habría en España guardias civiles y policías suficientes para poder vigilar a tres turnos a víctimas y agresores”, admitió Alcalde, que compareció ante los medios tras la polémica que levantaron las declaraciones que efectuó el pasado lunes, horas después de que el vallisoletano Miguel Rubén Moreno asesinara de un disparo a su novia Soraya Gutiérrez en un bar de Zaragoza antes de quitarse la vida. El agresor había sido detenido dos semanas antes por amenazarla, lo que le valió una condena en juicio rápido de 14 meses de cárcel y cuatro años de alejamiento, aunque pudo eludir el ingreso en prisión por carecer de antecedentes penales.

“Alcalde traslada la responsabilidad a la víctima, a la misma mujer que denunció a su asesino y no obtuvo la respuesta necesaria para salvar su vida”

“Lo lógico en estos casos es que si la mujer hubiese detectado que él podía venir a Zaragoza lo hubiera comunicado a la Policía para poner un mecanismo de protección y evitar ese acercamiento a menos de 500 metros”, señaló el delegado del Gobierno unas horas después del crimen.

Esas declaraciones provocaron una inusual reacción en el plano político: PSOE, Podemos, Ciudadanos, Cha e IU solicitaron en bloque, en una rueda de prensa conjunta, la dimisión de Alcalde como delegado del Gobierno. “Alcalde traslada la responsabilidad a la víctima, a la misma mujer que denunció a su asesino y no obtuvo la respuesta necesaria para salvar su vida”, señaló la formación morada. “Es impropio de un responsable político culpabilizar a la víctima, en lugar de haber aplicado los mecanismos necesarios para protegerla”, indicó la diputada del PSOE Susana Sumelzo. “Las medidas adoptadas para protegerla han resultado insuficientes, y en democracia hay que asumir responsabilidades”, abundó Cha.

“El protocolo de protección se ha cumplido a rajatabla”

Para Alcalde, que se considera destinatario de “un ataque coordinado” de los cinco partidos y consideró “injusta” la petición de su cese, la polémica responde a una “mala interpretación” de una “frase sacada de contexto”. “Que le pidan al delegado del Gobierno la dimisión entra en el sueldo, pero que cuestionen mi dignidad no lo consiento”, dijo, antes de insistir en que “el protocolo de protección policial se ha cumplido a rajatabla” y en que “el sistema funcionó”.

El protocolo, sin embargo, terminó con Soraya muerta de un disparo en la cabeza

El protocolo, sin embargo, terminó con Soraya muerta de un disparo en la cabeza. Rubén fue detenido el día 4 por amenazarla y coaccionarla y sometido dos días después a un juicio rápido del que salió condenado y con la pena suspendida por la “menor peligrosidad criminal” que apreció el juzgado, según indica la sentencia.

Unos días después, la Policía localizó al agresor en su domicilio de Medina del Campo, mientras la segunda entrevista de atención a Soraya, con la que un agente de la UPAP contactó el día 9 quedó pospuesta a los siguientes 60 días al no haber podido mantenerla ese día, explicó la inspectora. El policía encargado de su protección elevó el riesgo de la mujer de mínimo a bajo tras el primer contacto.

Nueva polémica con una diputada de Podemos

La polémica inciada por las declaraciones de Alcalde y la reacción de los cinco partidos tuvo un segundo episodio el jueves en las Cortes, donde la diputada de Podemos Amparo Bella dijo que las palabras del delegado del Gobierno eran equiparables a que alguien hubiera sostenido que el concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco “hubiera tenido que mirar hacia atrás para ver si le iban a secuestrar”. Los conservadores se retiraron de la comisión que se estaba celebrando.

Alcalde, por su parte, arremetió contra Podemos. “Hay que tocar fondo moral en cuanto a catadura moral para manchar el nombre de Miguel Ángel Blanco”, señaló, para sostener que la formación morada “no tienen pudor en pactar con quienes jalean a los asesinos” del concejal.