Publicado: 06.05.2015 21:00 |Actualizado: 06.05.2015 23:41

Interior, en campaña: vende operaciones de poca monta como grandes logros policiales

Investigadores, sindicatos, abogados, asociaciones de Policía y Guardia Civil están indignados por el bombo electoralista que se le da a algunas operaciones. La última, la incautación de sólo 167 gramos de hachís en la Cañada Real de Madrid

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El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó. EFE

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó. EFE

Ayer la Policía Nacional desarticuló en la barriada madrileña de Valdemíngomez, el centro neurálgico de la cocaína y la heroína tras la caída de las Barranquillas, al llamado clan de Las Niñas, formado por las mujeres familiares de los hombres que dirigían diferentes clanes de la droga en el suburbio y que ahora están en prisión.

Lo incautado, según la nota de prensa, 167 gramos de hachís y 19.000 euros, además de armas de las que no se da ninguna descripción ni cantidad, aunque reflejar el investario suele ser lo habitual.

Aunque desde la Delegación de Gobierno de Madrid, dirigida por Concepción Dancausa, y el Ministerio del Interior se ha presentado como el desmantelamiento del "búnker" de la Cañada Real, investigadores, asociaciones y sindicatos policiales, además de abogados, están indignados con la venta de la operación que se ha hecho en las intervenciones públicas del jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díez, así como con la operación en sí misma.




"Ir a la Cañada Real y coger 167 gramos de hachís y 19.000 euros es como ir a un campo de amapolas y buscar margaritas. Se ha vendido como si se desmantelara un clan, pero son las mujeres de personas que están ya en la cárcel, personas que traficaban con cocaína y heroína, con armas, y que al lado de eso lo de hoy es puro humo. Pero claro, estamos en campaña electoral”.

 

Según la abogada penalista Isabel Elbal, curtida en asuntos de narcotráfico y crimen organizado: “Por 167 gramos de hachís la pena oscila del 1 a los 3 años, es decir, podrían no ir a la cárcel las que no hayan sido detenidas anteriormente si sólo se les imputa eso. Por otro lado, si se le añada la organización criminal podrían aumentar a los 6 años de máxima. Sin embargo, es muy difícil probar de quién era la sustancia, de quién las armas, qué armas, porque al parecer no se ha dado descripción… Suena a mentira, a tratar de estigmatizar a personas que ya están marcadas de alguna manera y de frivolizar y magnificar el crimen. Un ánimo por parte del ministro o de Interior para ganar votos en las elecciones”.

El fin de las inauguraciones

Los expertos consultados llevan contabilizadas al menos dos intervenciones públicas dudosas más por parte del Ministerio del Interior a la hora de vender operaciones durante esta precampaña anterior a las elecciones del 25 de mayo.

La veda la abrió el 10 de abril el propio ministro Jorge Fernández Díaz con el desmantelamiento de una red de secuestros virtuales realizados desde una cárcel chilena. Ha habido 162 casos denunciados y el botín entre todos ellos no supera los 100.000 euros. Es decir, explican policías y guardias civiles relacionados con el caso, “hay a personas que les han quitado 700 euros, o 200 o 1000, pero son cantidades que realmente no van a ser juzgadas. Las llamadas se realizaron desde una cárcel de Chile. Por decirlo diplomáticamente, no estamos seguros de poder identificar debidamente a los autores ni sobre que estos puedan ser juzgados en España”.

Isabel Elbal explica que “existe la posibilidades de que las penas que estén cumpliendo en Chile sean mucho más elevadas que las derivadas de esta operación que vendió el ministro y que no se produzca la extradición”. José Manuel Fornet, policía y presidente del Observatorio contra la Corrupción, además de ex secretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP): “La utilización de las operaciones policiales por parte de los ministros de Interior, hayan sido del PP o del PSOE, son constantes siempre y es algo que llevamos denunciando desde siempre. Y en esta ocasión suscribo también las denuncias de los investigadores”.

Fornet y Elbal coinciden, así como representantes de diferentes sindicatos consultados, en que “prohibidas por la Junta Electoral Central la promoción inauguraciones de obras durante la campaña electoral o esos actos que hacían para inmortalizar la colocación del primer ladrillo, esas imágenes que estábamos acostumbrados a ver de Esperanza Aguirre o el político de turno cortando el lazo, lo que queda es vender una lucha contra el crimen que después jurídicamente puede no sostenerse. Es humo”.

Según José Manuel Fornet, “debería prohibirse que los políticos dieran las ruedas de prensa de las operaciones policiales. Con el caso de Andreas Lubitz, que recientemente estrelló un avión alemán en Francia, lo que vimos fue al fiscal de la causa dando explicaciones, no a ningún político”.

El estreno de Dancausa

La guinda del pastel para los expertos consultados la puso Concepción Dancausa pocos días después de abandonar su puesto en el Ayuntamiento de Madrid para hacerse cargo de la Delegación de Gobierno de la capital. El asunto era complicado: había que dar explicaciones sobre el descuartizador de Majadahonda, a quien ahora se le considera presuntamente autor de la muerte de una de sus inquilinas, la argentina Adriana Giogiosa, y la de su tía Lidia.

“La papeleta -según describen a Público fuentes de la investigación de la Guardia Civil- le tocó comérsela al comandante Julián Martínez, del puesto de Majadahonda. Para empezar, una investigación de estas características ya es un error. La prensa puso el foco de atención en el proceso, como es normal: no se sabía cuántas mujeres habían desaparecido, si era un asesino en serie, la forma de deshacerse de Adriana con restos humanos en una picadora… Nos pueden fastidiar los periodistas, pero es su trabajo. Dancausa se estrenó haciendo salir ante los medios a un comandante inexperto en estas lides y que, además, parecía tener más la misión de desmantelar los titulares de prensa que la de información sobre el paradero de las desaparecidas, si estaban confirmados los estudios… Vamos, los datos de la investigación que realmente pueden tranquilizar a la sociedad”.

Lo que más rechinó de la rueda de prensa del comandante Martínez fue que asegurar que “no se trataba de un asesino en serie y que, como mucho, había dos víctimas, la inquilina y la tía, a la vez que decía que no se sabía si los restos localizados en la finca pertenecían a la tía o a quién. Por una apreciación meramente científica, más allá de la política, si no sabes de quién son los restos ni dónde está la tía, no puedes saber cuántas víctimas hay. Y si sabes que sólo hay dos víctimas porque los restos están identificados, dilo, que ya estaba levantado el secreto de sumario y aplacas la alarma social. Si sólo tenía constancia de dos ADN o no hay más o el asesino se ha encargado de limpiar los restos de los otros, sin poder descartar la existencia de otros”, explica a Público abogado y criminólogo José María Garzón.

Lo cierto es que la reputación de Concepción Dancausa en los asuntos relacionados con la seguridad deja bastante que desear. En sus manos cayó la gestión de las obras de la Ciudad de la Seguridad de Madrid en estos últimos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, “pero la ha dejado empantanada, sin cumplir los plazos de entrega, con la Policía Municipal sin poder instalarse y con los de Emergencias sin las necesidades básicas. Está claro que de seguridad no sabe y no ha demostrado ser muy efectiva”, asegura Carlos Mahón, de la Asociación de Policía Municipal Unificada (AMPU).