Publicado: 21.07.2016 23:28 |Actualizado: 21.07.2016 23:31

La investigación de las grabaciones al ministro recae en un amigo del policía que presentó a Fernández Díaz y Daniel de Alfonso

Jesús Vicente Galán asume las pesquisas tras la jubilación del comisario general de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio. Este inspector jefe es adscrito a la cúpula policial, a donde llegó por José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del ex número dos de la Policía.

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Los ministros en funciones de Justicia, Rafael Catalá (i), y del Interior, Jorge Fernández Díaz. EFE/Sergio Barrenechea

Los ministros en funciones de Justicia, Rafael Catalá (i), y del Interior, Jorge Fernández Díaz. EFE/Sergio Barrenechea

MADRID.- El ministro del Interior encargó hace casi un mes a la Comisaría General de Policía Judicial la investigación de las grabaciones de las dos reuniones mantenidas con el ex director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, desveladas por Público en exclusiva. Pero la jubilación del responsable, el comisario José Santiago Sánchez Aparicio, más conocido como Chati, acaba de provocar que las pesquisas pasen a manos de la Dirección Adjunta Operativa (DAO). El encargado es el inspector jefe Jesús Vicente Galán, que llegó a ese destino por la intermediación de José Ángel Fuentes Gago, el policía que organiza las reuniones entre el ministro y De Alfonso.

En octubre de 2014, cuando se producen las dos reuniones en el despacho de Fernández Díaz, Gago era el jefe de gabinete del recién jubilado número dos de la Policía, Eugenio Pino, y por ahora es al único policía al que el director de la Oficina Antifrau apunta al decir que le dejó su teléfono y que quizá la Policía pudo monitorizárselo. Además, según diversas fuentes policiales, es en esos meses cuando Eugenio Pino y Fuentes Gago enviaron a Catalunya a Jesús Vicente Galán para conseguir información sobre los independentistas.

Sin embargo, la investigación ahora está en manos de este inspector jefe, miembro del Sindicato Profesional de la Policía (SPP) del que Gago fue portavoz. Su amistad es estrecha. Hacía años que Gago había convencido al entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín Blas, para que contara con él en ese destino. Y fue en 2015 cuando volvió a hacer gestiones en su favor y sugirió a Eugenio Pino que le hiciera un hueco como adscrito a la DAO.

Uno de los últimos trabajos que realizó Jesús Vicente Galán en Asuntos Internos fueron unos seguimientos al comisario Jaime Barrado, que como Martín-Blas fue destituido de su cargo tras investigar a otro de los hombres de Pino, el comisario José Manuel Villarejo.



Trampa al comisario Barrado

En mayo de 2015 Jaime Barrado, que dirigía la comisaría de Chamartín y llevaba el caso de la doctora Elisa Pinto, sufre una “trampa” que le lleva a estar suspendido de empleo y sueldo hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le da la razón y obliga a la Policía a reincorporarle en su puesto. Según denuncia el comisario Jaime Barrado, los actores del montaje son los letrados David Macías, defensor a su vez del letrado Oscar Jiménez Rubia, aunque detrás de ellos estarían el comisario Villarejo y la propia Dirección Adjunta Operativa que dirigía Eugenio Pino.

La mañana del 11 de mayo acuden a la DAO para hacer un ‘predenuncia’ sobre el comisario Barrado al que acusan de estar presionando a Jiménez para que desvele todo lo que sabe sobre el comisario Villarejo. Eugenio Pino encarga entonces a Asuntos Internos, dirigido ya en ese momento por el comisario Francisco Miguelañez, quien a su vez encomienda la tarea a Jesús Vicente Galán. Siguen a los abogados al Hotel Eurobuilding donde hablan con una persona que les dice que el comisario Barrado quiere verlos. Asuntos internos emite un informe sobre este asunto que sirve para destituir a Jaime Barrado.

La trampa no acaba ahí. Tras salir del hotel se dirigen a la comisaría de Chamartín donde David Macías graba en su despacho a Barrado. Esa grabación la utilizarán ambos letrados para denunciar nuevamente al investigador del caso de la doctora Pinto por haber intentado presionar a Jiménez. La DAO actúa entonces de inmediato y le abre un expediente a Barrado con la documentación de Asuntos Internos y las grabaciones, que llevará al cese del investigador del caso de la doctora Pinto.

Precisamente ese informe lo firma otro inspector adscrito a Pino y de la confianza del PP, Andrés Gómez Gordo, el policía de cabecera de María Dolores de Cospedal cuyo hermano fue imputado en la trama de Gao Ping y al que ahora le piden nueve años de prisión por el secuestro de una ciudadana china tras el robo de tres millones que derivó en el 'caso Emperador', según desveló la agencia Colpisa.

La justicia dio la razón al comisario Barrado, que ha colaborado como testigo en la pieza separada que apunta a la cúpula policial como autora de la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos, y cuyo autor intelectual presuntamente es el comisario Villarejo. La prueba que expuso es que David Macías, el letrado que le grabó y mediante el que Oscar Jiménez accede a la DAO, pertenece al despacho propiedad el comisario Villarejo y su socio Rafael Redondo, además de representar a la asociación Transparencia y Justicia, personada en todos los procedimientos relacionadas con el comisario.

Macías era el defensor de Oscar Jiménez, quien a su vez era abogado del jefe de la mafia india y que había sido detenido por blanqueo de capitales. Hasta ese momento, Jiménez trabajaba en el despacho del abogado del PP Javier Iglesias. Es en el despacho de ese letrado donde en 2014, el comisario Villarejo se reúne con uno de los hijos del ex president Jordi Pujol, para ofrecerle cerrar el caso contra el clan a cambio de información sobre Esquerra de Catalunya.

Los tentáculos de Pino

En paralelo, Gago organiza las reuniones entre Daniel de Alfonso y Jorge Fernández Díaz, que han demostrado que la bautizada como Operación Catalunya estaba en marcha a finales de 2014. Y también en esas fechas cuando presuntamente Villarejo con el conocimiento de la cúpula policial orquesta la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos.

Gago además es el inspector al que Pino le encarga la investigación de Interior sobre la incompatibilidad de las actividades privadas del comisario José Manuel Villarejo y que concluyó con que las empresas y los 16 millones de euros de patrimonio que tiene el “agente encubierto” son compatibles con lo que dice la ley que rige a los funcionarios de las administraciones públicas.

Después de este informe José Ángel Fuentes Gago fue enviado a la embajada de Holanda, donde cobra unas dietas de 10.000 euros al mes. Algunas fuentes policiales consultadas aseguran que aunque ya se ha jubilado el comisario Eugenio Pino, sus tentáculos aún se hacen notar dentro de la Policía.