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Isla de Benidorm Las actividades ilegales de la isla de Benidorm, en el punto de mira de la Generalitat Valenciana

La policía autonómica registra la isla de Benidorm, identifica a sus explotadores y descubre que el restaurante abierto hace 50 años carece de toda clase de permisos para funcionar. Medi Ambient asegura que llegará hasta el final para recuperar el ecosistema de la isla.

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La policía Local de Benidorm observa la actuación de la Policía Autonómica en la isla de Benidorm. AIP-Agencia

Para mayor eficacia y pillar al personal con las manos en los fogones, los agentes de la Policía autonómica planificaron con absoluta discreción su operativo. A nadie comunicaron sus planes de llevar a cabo una actuación en la Isla de Benidorm.

Ni tan siquiera informaron a la Policía Local del municipio, gobernado por el Partido Popular, de sus intenciones, ya que disponen de embarcaciones policiales para trasladar hasta la isla a cuánto funcionario público lo necesite, como es costumbre.

Al parecer el objetivo era que nadie alertara a la familia ocupante de la isla emparentada con Eduardo Zaplana de que iban a tener por vez primera en 50 años una inspección policial, en este caso ordenada directamente por la nueva Generalitat Valenciana.

Los agentes optaron por utilizar una embarcación alternativa y vestir de paisano, y siguiendo instrucciones muy precisas de la Consellería de Gobernación y Justicia.
El objetivo era realizar un informe exhaustivo desde la estricta legalidad del restaurante, condiciones de trabajo, empleados, abierto en la isla de Benidorm desde 1967 y del que se sabe fehacientemente que carece de todo permiso o autorización para realizar su actividad, según obra en actas y documentos ya judicializados.

La policía Local de Benidorm observa la actuación de la Policía Autonómica en la isla de Benidorm. AIP-Agencia

Tras identificarse como agentes de policía pidieron hablar con el encargado o responsable y empezaron su actividad inspectora. En el establecimiento habría unas veinticinco personas, entre clientes, camareros y demás empleados.

Entre la documentación buscada por la policía autonómica -no hay que olvidar que un restaurante es una actividad calificada como molesta y de especial riesgo- estaba el preceptivo permiso de apertura, el abono de las correspondientes tasas, datos del propietario o empresa explotadora, su identificación fiscal, la inscripción de la empresa en el correspondiente registro de Actividades Turísticas, las hojas de reclamación disponibles, caja registradora, el libro de empleados dados de alta en la Seguridad Social, los carnets de manipuladores de alimentos de éstos, seguros de responsabilidad civil… y así decenas de documentos que -según fuentes solventes- la persona encargada no pudo aportar.

Mientras los agentes hacían su trabajo, entre otras cosas un inventario de los electrodomésticos existentes en el restaurante -tres congeladores, dos lavadoras, cocinas- así como el sistema de energía empleada para generar electricidad [dos motores a gasoil], el origen del agua corriente que se empleaba para las tareas propias de la cocina y del saneamiento de los aseos - la preocupación entre el personal laboral iba creciendo a medida que se prolongaba la visita policial

Tanto es así que dos personas que habían sido detectadas sirviendo mesas trataron de huir de los agentes antes de ser reseñados, escondiéndose en los bajos del restaurante, aunque con nulo éxito ya que uno de los policías logró localizarlos. “Obviamente no podían ir muy lejos. Estaban en una isla”, según manifestaron unos testigos a Publico.

Durante los interrogatorios a las personas identificadas como empleados todos reconocieron que el propietario y máximo responsable del establecimiento era José Cervera Rodríguez, ya jubilado, y que figura como apoderado de las empresas que monopolizan la ruta de barcos entre la costa de Benidorm y la isla.

Jose Cervera, como ya ha recogido Público en el seguimiento de esta información en meses pasados, es uno de los adjudicatarios elegidos en el franquismo para explotar el negocio náutico recreativo en Benidorm desde los tiempos en que Manuel Fraga era el Ministro de Información y Turismo de España.

Una de estas empresas náuticas de la familia Cervera, radicadas en el Puerto Comercial de Benidorm, Excursiones Marítimas Benidorm cuenta en su nómina de empleados desde hace una década con el primogénito del director del Puerto de Benidorm, Fernando Piris, funcionario de Puertos de la Generalitat Valenciana.

Entre los cometidos del funcionario se encuentra la fiscalización y control de pasajeros y mercancías que transportan los barcos de las empresas de Cervera que, según volumen, han de abonar determinadas cantidades en concepto de tasas a la Hacienda autonómica.

En este sentido, los peritos de Costa Blanca Marine aseguran que “las liquidaciones abonadas -al menos en los últimos cinco años- por la actividad comercial en el Puerto de Benidorm a las arcas de la Generalitat Valenciana están muy por debajo del tráfico real de pasajeros y mercancías. Estamos hablando de cientos de miles de euros que estamos convencidos ha dejado de facturar el gobierno autonómico”.

Algunos clientes tras el registro policial del restaurante

“A los técnicos no les gustó nada lo que vieron”

Mientras la Fiscalía continúa con sus pesquisas tras la apertura de varias piezas separadas, derivadas de la denuncia de la asociación empresarial Costa Blanca Marine, la administración autonómica sigue su propia hoja de ruta.

Como ya adelantó Público, el pasado 11 de febrero un equipo de técnicos de la Consellería de Agronatura inspeccionó la isla de Benidorm para elaborar su propio informe de actuación, siguiendo instrucciones de la Presidencia de la Generalitat. Aquella visita, según ha podido saber este periódico, dejó perplejos a los técnicos de Medio Ambient desplazados a la isla, “tanto por el deterioro medioambiental vegetal, especialmente por la presencia de plantas y arbustos incluyendo especies invasoras como el cactus, absolutamente extraños al ecosistema de la isla y que alguien debió plantar porque le parecería exótico”.

Para Antoni Marzo, director general de Medi Ambient de la Consellería de Agricultura y Medio Natural “no podemos desvelar de momento el contenido del informe ya que está todavía en fase de actuaciones previas, porque tras la inspección a la Isla de Benidorm [en tanto que entorno de especial protección dentro del Parc Natural de Serra Gelada] se ha constatado que esto afecta a competencias de instancias diferentes administraciones, como es el propio Estado, en su demarcación de Costas, por otra parte a la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad, el departamento de Sanidad Ambiental de la Consellería de Agronatura, el Ayuntamiento de Benidorm y otras más”.

Según se desprende de las palabras de Antoni Marzo la designación meritoria del nuevo director del Parc Natural de Serra Gelada, el biólogo José Ramón Viejo González, abre una oportunidad de gestión independiente y profesional para poner en marcha un plan rector de actuación de recuperación del medio ambiente valenciano. Marzo explica que se encontró cuando llegó al cargo con una reducción presupuestaria de casi el 80% por parte del anterior gobierno del PP entre 2010 y 2015, al tiempo que habían aumentado las competencias.

Sin lugar a dudas uno de los planes que están sobre la mesa es la recuperación, cuando la justicia despeje la situación actual, del ecosistema de la Isla de Benidorm. Entre las actuaciones propias de los parques naturales de especial protección se encuentra la limitación de visitantes, con el fin de permitir la regeneración del ecosistema -flora y fauna-, especialmente de tipo marítimo terrestre, como sucede por ejemplo con las islas Columbretes.

El director general de Medio Ambiente asegura que es voluntad de la Consellería de Agronatura de llegar hasta el final en este proceso de recuperación del parque natural, y que no “duerma el sueño de los justos” como sucedió con la batalla por recuperar la isla de Benidorm emprendida en 2005 por la ministra de Medio Ambiente socialista Cristina Narbona.