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IU denuncia ante la Fiscalía los 2.000 millones de euros en contratos menores de Cifuentes y Garrido

En apenas dos años y medio, la Comunidad de Madrid repartió 1.273.406 contratos menores, “más que Galicia, Valencia, Catalunya y Andalucía juntas”. La coalición de izquierdas cree que puede haberse incurrido en los posibles delitos de malversación y prevaricación con esta “mala praxis”. Carlos Sánchez Mato, concejal del Ayuntamiento de Madrid, advierte del riesgo de que estas adjudicaciones se resolvieran “a cambio de prebendas”.

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Ángel Garrido y Cristina Cifuentes, en la Asamblea de Madrid. / EP

Cristina Cifuentes ha pasado a la historia por el caso de su máster, el mismo que se llevó por delante su carrera política y le granjeó su imputación, pero en su historial como presidenta de la Comunidad de Madrid ostenta algunos récords no menos polémicos: en apenas dos años y medio, su Gobierno, con el actual presidente, Ángel Garrido, como número dos, concedió 1.273.406 contratos menores. El coste: 1.987.221.899 euros de dinero público repartidos en contratos opacos, concedidos de forma discrecional y libres de cualquier tipo de fiscalización.

Izquierda Unida ha denunciado este viernes ante la Fiscalía Anticorrupción estas adjudicaciones, ante los claros indicios de que el Ejecutivo de Cifuentes fraccionó estos contratos para poder entregarlos a dedo. El volumen de adjudicaciones supera a la suma de los que firmaron en ese mismo periodo Galicia, Valencia, Catalunya y Andalucía, según la coalición de izquierdas.

Público ha tenido acceso al escrito de denuncia, que analiza los contratos concedidos por la Comunidad entre junio de 2015 y diciembre de 2017, para concluir que estos documentos “muestran palmariamente que estaríamos ante posibles fraccionamientos de contratos menores”. Además, esta “mala praxis” a la hora de contratar, lejos de darse únicamente en casos aislados, ha cristalizado en “un patrón” que “se repite de manera constante entre todas las consejerías”. Según el texto, la actuación del Ejecutivo de Cifuentes puede calificarse de “arbitraria”, y por tanto injusta para las empresas que no pudieron optar a estas licitaciones.

“Estos hechos podrían ser considerados un concurso medial (art. 77 del Código penal) entre los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos de los artículos 404 y 432 del Código penal, cometido en régimen de continuidad delictiva (art. 74 del Código penal)”, reza el escrito.

“La mala praxis va más allá de la irregularidad administrativa, no se pueden fraccionar contratos”, explica Carlos Sánchez Mato, concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital y responsable de Políticas Económicas de IU. “Por poner un ejemplo relacionado con mi labor en el Consistorio, no puedo adjudicar el sonido para las fiestas de Vicálvaro con dos contratos, y aquí encuentras el mismo contrato fraccionado mil veces”, apunta.

Por ello, el concejal de Madrid pide a la Fiscalía que investigue estos posibles delitos, y señala al Consejo de Gobierno como máximo responsable político en lo que toca a estos contratos, que tampoco parecen haber activado las alarmas de la Intervención de la Comunidad de Madrid.

“No estamos hablando de la actuación individual de Cifuentes; el PP es un partido que tiene los gobiernos de una manera absolutamente alejada de la legalidad y la rigurosidad; por mucho menos hay gente que ha sido procesada”, critica. A su vez, apunta que en los contratos de anteriores gobiernos pueden darse ejemplos similares o incluso peores, que difícilmente se podrán contrastar, ya que “no hay registro” de estas adjudicaciones.

“Esto puede encubrir prebendas”

En otro orden de cosas, Mato advierte de que esta “mala praxis administrativa” ya es grave, pero sería aún peor si estas adjudicaciones estuvieran encubriendo otro tipo de comportamientos, esto es: gratificaciones de las concesionarias a los responsables de conceder estas adjudicaciones. “Si ha habido algún tipo de actuación vinculada con algún tipo de prebenda, sea personal o para el partido, eso ya es otra cosa”, alerta. “Evidentemente sospecho que este tipo de practicas está encubriendo otra cosa”, apostilla.

Por su parte, el texto que han presentado este viernes sostiene que esta “repetición masiva de objetos de contratación en adjudicaciones a las mismas empresas”, parece indicar “que haya podido fraccionarse la misma con el objeto de beneficiar a determinadas empresas, evitando la libre concurrencia para la adjudicación de los servicios y bienes contratados”.

Y esto, teniendo en cuenta que los únicos datos que figuran en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad, plasmados en este documento, hacen referencia únicamente a los contratos con fecha posterior al 1 Julio de 2015. “Los hemos extraído con enorme dificultad”, reconoce Mato, precisando que hasta enero del 2017 no se comenzó a publicar ningún dato en el este portal, y que todavía faltan por añadir contratos correspondientes a ese año.

“En febrero de 2018 deberían haber tenido todos los contratos de 2017 en el portal, pero esta semana han seguido apareciendo otros nuevos”, lamenta el concejal. “La opacidad en los datos y las dificultades para su obtención constituyen un caldo de cultivo ideal para las irregularidades”, apostilla el escrito entre sus conclusiones.

Cómo funcionan estos contratos

El último caso sonado de fragmentación de contratos aparece en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, donde el tribunal considera probada que esta fue una práctica habitual en el marco de la actividad de la trama corrupta.

En esencia, la administración en cuestión evita celebrar un concurso abierto y publicitado partiendo los contratos, haciéndolos más pequeños y librándose por tanto de un mayor control. Hasta el 1 de enero de 2018, cuando entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, la cuantía máxima para un contrato menor estaba en los 18.000 euros para adjudicaciones en materia de servicios, y en los 50.000 en el caso de obras. La nueva normativa rebaja la cuantía de los contratos menores, y establece un tope para adjudicarlos a contratistas concretos, pero esta ley no estaba en vigor en el periodo estudiado.

“En principio, los contratos menores deben cumplir los siguientes requisitos: por razón de la cuantía, no pueden superar el importe establecido en la ley; por la duración, no pueden tener una duración superior a un año y no son prorrogables”, reza el texto.

“Como hemos observado de la configuración de los contratos menores, éstos comprenden desde la compra de un bolígrafo de 0,50 euros hasta obras de 50.000 euros (IVA excluido), por lo que el número de contratos menores es enorme, y la heterogeneidad y variedad de situaciones en las que nos encontramos es tremenda”, denuncia IU.

El caso, en cifras

El equipo de Izquierda Unida ha comprobado que algunas empresas acumulan más de 27.000 contratos menores. El monto total de estas adjudicaciones "supone en torno al 15% del total de contratación cuando, por ejemplo, en Catalunya es del 8%, y en el Ayuntamiento de Madrid del 0,4%", aseguraba la coalición de izquierdas en un reciente comunicado.

De los 1.987 millones en adjudicaciones, la inmensa mayoría de contratos los acumula la Consejería de Sanidad, que ostenta el 94,3% del total. “Es especialmente llamativa la acumulación de contratos menores de personas físicas llegando a acumular la misma hasta 2.951 menores por importe de más de 673.000 euros”, apunta el escrito.

Un ejemplo claro es el de la adjudicataria de Sanidad Medtronic: acumula 34.551 contratos menores por valor de más de 73 millones de euros en este periodo. “El concepto Implantes se repite, para esta empresa, 2.542 veces, acumulando más de 6 millones de euros”, zanja la denuncia ante la Fiscalía.