Publicado: 23.06.2014 18:35 |Actualizado: 23.06.2014 18:35

IU, UPyD y CiU piden responsabilidades al Gobierno por los sobrecostes del AVE

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La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y CiU quieren que el Gobierno depure responsabilidades por los sobrecostes registrados en las obras del AVE de Madrid a Barcelona que detectó el Tribunal de Cuentas, si bien cada formación considera que este análisis debe realizarse de diferente manera.

Así consta en las propuestas de resolución que los tres grupos han presentado al 'Informe de fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea de alta velocidad Madrid-Barcelona, desarrollada desde el 1 de enero de 2002 hasta la puesta en funcionamiento de la línea', iniciativas a las que ha tenido acceso Europa Press y que serán debatidas este martes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

En concreto, la Izquierda Plural quiere que el Gobierno proponga la creación de una para dirimir las respo comisión de investigación parlamentariansabilidades "políticas y técnico-administrativas" que se pudieran derivar de las presuntas irregularidades" en la construcción del AVE, especialmente en la línea entre Madrid y la Ciudad Condal, aunque también en otros itinerarios.

Por su parte, la formación magenta reclama un "diagnóstico" del funcionamiento de los órganos involucrados en la gestión del proyecto --ministerios de Hacienda y de Fomento, Adif y su predecesor GIF-- con el objetivo de "determinar las causas por las cuales en un periodo de tiempo tan dilatado" como el empleado en construir la línea Madrid-Barcelona no se detectaron y corrigieron las deficiencias señaladas por el Tribunal, que se recogían ya en informes anteriores.

Asimismo, UPyD quiere que el organismo fiscalizador realice un análisis semejante al de la línea Madrid-Barcelona para el resto de trayectos de alta velocidad, y que analice las causas de una "estimación tan deficiente" de la demanda de transporte de estas líneas, que provocó en parte su "inadecuada planificación".

En línea con este objetivo, el partido que lidera Rosa Díez propone también al Gobierno que investigue las posibles prácticas irregulares que hayan podido producirse en la ejecución de los contratos de obras relacionados con la construcción de infraestructuras del transporte y las ponga en conocimiento de las instancias competentes.

Además, reclama al Tribunal que analice las inversiones en infraestructuras de la última década desde el punto de vista de su contribución al crecimiento económico, al empleo, a la sostenibilidad del gasto público y a la sostenibilidad medioambiental; y que en sus futuros informes sobre infraestructuras incluya la perspectiva de su contribución al reequilibrio territorial de la renta y la riqueza.

En cuanto a los nacionalistas catalanes, quieren que el Ejecutivo presente en tres meses un informe a la Comisión Mixta con el "detalle de las medidas que han adoptado Adif y Fomento" para evitar en futuras obras las desviaciones presupuestarias, y también exige al gestor ferroviario que reclame a las empresas adjudicatarias la correspondiente responsabilidad por las deficiencias contenidas en los proyectos constructivos contratados.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, el AVE a Barcelona costó un 31,4% más de lo previsto, unos 1.732 millones adicionales, con lo que su factura se elevó finalmente a 8.967 millones de euros, frente a los 7.235 millones en que se habían adjudicado los proyectos. Sólo entre 2002 y 2008, el periodo fiscalizado en este informe, las obras sufrieron un desvío presupuestario del 43,2%, pasando de 2.600 a 3.722 millones de euros.

El PP, por su parte, únicamente ha presentado dos propuestas para pedir a Adif que mantenga sus procedimientos internos de contratación "permanentemente actualizados y adaptados al régimen jurídico" vigente, y que "persevere en el camino iniciado de cara al establecimiento de mecanismos e instrumentos que garanticen un mayor control de la planificación y ejecución de sus contratos".

Los socialistas, por su parte, quieren que el gestor ferroviario adopte medidas para que sus previsiones de plazos y costes sean "realistas", que potencie las labores previas a la ejecución de las obras, de modo que se "mejore al máximo posible" la redacción de los proyectos y se evite la "proliferación ulterior de modificados y obras complementarias", y que agilice los procedimientos de expropiación de terrenos.

Además, reclama al Tribunal de Cuentas que complete la fiscalización de las infraestructuras ferroviarias para el periodo 2011-2013 con un "análisis de la contratación realizada por Adif" en esos años. El PSOE también asume que la mayoría de "deficiencias y debilidades" que el organismo había detectado en anteriores informes "subsistieron" entre 2002 y 2008.

IU-ICV, sin embargo, cree que hacen falta cambios más profundos a la luz de las revelaciones del Tribunal, y por eso pide que Adif modifique sus procedimientos internos de contratación para que todos los contratos (de obra, suministros o servicios) queden sujetos al mismo régimen jurídico.

Además, exige que se evite el uso "generalizado" de los modificados y las suspensiones temporales de obra destinando más recursos a la preparación del proyecto, de modo que la previsión sea "más realista". Esto también permitiría reducir los retrasos por falta de disponibilidad de los terrenos y evitaría las prórrogas no suficientemente justificadas.

En la misma línea, UPyD cree que el Gobierno debería tomar medidas para que haya una "adecuada definición previa" de las necesidades a satisfacer con las inversiones públicas, y que las planificaciones se realicen con los medios precisos, sobre un análisis económico "de adecuada amplitud" y por parte de instancias públicas "independientes", de modo que se pueda asegurar que los fondos públicos se destinan a proyectos con el "mayor impacto a largo plazo sobre el crecimiento económico y el empleo".

Exige asimismo que se fortalezcan los medios y procedimientos de control de la ejecución de los proyectos para que las desviaciones se detecten, analicen y corrijan "inmediatamente", un requisito para el cual es necesario que los funcionarios encargados de ejercer la intervención y auditoría pública sean independientes y dispongan de suficientes medios, recuerda la formación.

Lo mismo hace falta, añade, para impedir que las bajas iniciales de contratos acaben transformándose en incrementos "relevantes". Por otra parte, reclama que no se adjudiquen contratos a empresas que "no acrediten adecuadamente la verosimilitud" de sus ofertas y, en caso de que se incumplan los plazos, UPyD aboga por hacer uso de las penalizaciones previstas en la normativa. En este sentido, también reclama más medios para evitar paralizaciones y retrasos en las expropiaciones.

Finalmente, CiU pretende con sus propuestas de resolución que quede constancia de la "denuncia" de las Cortes acerca de la "deficiente redacción" de los proyectos del AVE Madrid-Barcelona, de la "elevadísima" desviación del coste y de los retrasos producidos sin que Adif haya exigido ninguna indemnización a la UTE encargada de las obras, haciendo particular mención a las irregularidades y deficiencias en el tramo Hospitalet-La Torrassa.

Además, pide que no haya nuevas inversiones en líneas de alta velocidad cuya viabilidad económica "no esté previamente demostrada", y reclama mejoras en los proyectos constructivos y estudios previos, que deberían realizarse con tiempo y ser supervisados por una tercera empresa.

También reclama el cumplimiento de la normativa en materia de modificados y obras complementarias, contratar las obras una vez expropiados los terrenos y hacer los contratos de suministro tras adjudicar las obras. Al Tribunal de Cuentas le exige por último que use la toponimia oficial en sus informes.