El presidente del Gobierno parece tener claro, a corto plazo al menos,  qué tiene que hacer con Catalunya. Algo que se resume en tres líneas básicas que, tanto Mariano Rajoy como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmaron ayer mismo en respuesta a la entrevista que dio Artur Mas a TV3 el lunes: la unidad de España y la soberanía nacional son innegociables, por lo que la consulta independentista no se puede celebrar.

El Gobierno atiende las dificultades económicas de los catalanes como las de los ciudadanos de todas las comunidades, por ejemplo, mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y la estrategia de búsqueda de acuerdos con CiU en el Congreso continuará intacta, sin ir más lejos y aunque sin éxito, retrasando la aprobación de la reforma de la Administración local para tratar de sumar a los catalanes al acuerdo que Montoro sí logró con el PNV.

Mientras tanto, el PP se debate entre varias posiciones que, además, no coinciden ni entre sí ni con la del Ejecutivo. Éstas van desde la del ala más dura del partido, encabezada por el expresidente José María Aznar y que secundan dirigentes como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre o el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, hasta la de 'barones' autonómicos como José Antonio Monago (Extremadura) o Ignacio González (Comunidad de Madrid), pasando por la del PP catalán que, en ocasiones, parece que caminara en solitario.

La posición de José María Aznar es, a simple vista, la antagónica por excelencia de la Generalitat. A simple vista porque, incluso dentro del PP, califican de 'nacionalista español' el discurso del presidente de FAES, lo que llevaría a concluir que CiU y Aznar defienden las mismas tesis para 'naciones diferentes'.

Al margen de lo que les une o les separa, el expresidente es contundente a la hora de indicar a Rajoy lo que tiene que hacer con las reivindicaciones independentistas de Mas y la oficialización catalana de la consulta: dar una respuesta 'proporcionada' al desafío, que es 'mucho'. Así lo indicó hace apenas un día, el lunes, en Granada, durante el VII Seminario Luis Portero de Derechos Humanos, transmitiendo su descontento con la tibieza del Ejecutivo.

El lunes, Aznar no quiso concretar cuál es esa respuesta 'proporcionada' a la consulta de Mas, aunque sí lo hizo en otras ocasiones, recordando el artículo 155 de la Constitución (suspensión de la autonomía catalana), la posibilidad de que el president cumplir pena de cárcel por convocar un referéndum ilegal o la de bloquear la financiación estatal que llega a Catalunya. Exactamente las mismas propuestas que UPyD sugiere al Gobierno que ejecute.

Los 'barones' autonómicos siguen inquietos por la presión independentista sobre Rajoy, ya que creen que, aunque éste aparenta mostrarse tranquilo y trasladar el mantra de que 'Todo irá bien' (ayer mismo en una copa con periodistas en La Moncloa), en realidad, el presidente y el Gobierno están muy preocupados con la situación catalana.

El presidente extremeño, José Antonio Monago, respondió ayer a las declaraciones de Mas en TV3 sobre 'el mejor de los mundos' de las subvenciones en Extremadura y lanzó, de paso, un mensaje al Gobierno, al recordar que mientras su comunidad ha cumplido con el objetivo de déficit, Catalunya recibe 27.000 millones del FLA.

Monago se opone tajantemente a una financiación a la carta para la comunidad que preside Mas y ahí es donde reside el temor del resto de los presidentes autonómicos: ¿Negocia o va a negociar Rajoy con Mas la reforma de la financiación autonómica paralelamente y en secreto a la negociación oficial con el resto de autonomías para frenar la consulta? El presidente dijo ayer que no, que se negociará con todas por igual en 2014, pero el desafío -y ahí coinciden con Aznar, aunque desde el punto de vista menos visceral de quien gobierna una comunidad- es demasiado grande.

El posicionamiento más minoritario, pero no menos a considerar por tratarse del PP que hace oposición in situ, es el del partido en Catalunya, que lidera Alicia Sánchez-Camacho. No es la primera vez que la presidenta del PP catalán choca con el Gobierno y/o con la calle Génova en uno de sus planteamientos para tratar de frenar a Mas.

Ayer, el ministro de Hacienda confirmó que el Gobierno se desvincula completamente de la decisión de la líder de los conservadores catalanes en su impugnación de los presupuestos autonómicos para 2014 y la ley de Acompañamiento ante el Consell de Garanties Estatutàries por incluir una partida de más de cinco millones para financiar la consulta.

Cristóbal Montoro ya desautorizó a Sánchez-Camacho el pasado mes de octubre, cuando la presidenta del PP catalán pidió una reforma del sistema de financiación autonómica que incluyese una específica para Catalunya, lo cual provocó airadas protestas de los 'barones' y de la dirección nacional del PP.