Publicado: 16.11.2016 07:42 |Actualizado: 16.11.2016 07:43

El exjefe de la brigada política de Interior cuela en el 'caso Pujol' un 
pen drive robado en sede policial

Cuando 'Público' desveló las grabaciones a Fernández Díaz y al ex director de la Oficina Antifraude de Catalunya, la cúpula policial acusó al comisario Martín Blas de haber sustraído una memoria con documentos de la agencia Método 3. Pero estaba en manos del ex número dos de la Policía y han intentado incluirla en la causa de la Audiencia Nacional.

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. - EFE

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aplaude al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. - EFE

@patricialopezl

MADRID-. El último capítulo de "mala praxis policial en el caso Pujol", tal como lo definen diferentes fuentes relacionadas con el procedimiento, tuvo lugar la semana pasada y consiste en el intento de la Policía de incluir un pen drive con presunta información relevante sobre la familia, que la cúpula policial guardaba, aparentemente, desde 2013.

Para conseguirlo, los responsables de la investigación han mentido incluso al titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de la Audiencia Nacional, José De la Mata, al decirle que la prueba provenía del juzgado de Barcelona que instruía la causa sobre la agencia de detectives Método 3. Pero las pesquisas del juez han puesto al descubierto que el USB había sido facilitado por el ex número dos de la Policía, el comisario jubilado Eugenio Pino, sin que pueda acreditar ninguna cadena de custodia y "sin que venga a cuento la aportación de ese pen drive en la causa", explican fuentes judiciales. 

Precisamente, el responsable provisional de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Manuel García Catalán, cuya actuación se encuentra ahora en entredicho por este pen drive, intentó involucrar al comisario Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, en la presunta sustracción de ese USB de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), "algo que no se atrevieron a poner por escrito", explican a Público fuentes policiales.



El ladrón era el jefe

El pasado junio, la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) recibió el encargo del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz de iniciar una investigación sobre quién había osado grabarle en su despacho mientras conspiraba contra los políticos soberanistas catalanes con el ex director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso.

El comisario ahora jubilado José Santiago Sánchez Aparicio y el responsable del grupo de Blanqueo de Capitales y provisionalmente también de la UDEF, José Manuel García Catalán, llamaron a capítulo al comisario Marcelino Martín Blas para indagar sobre si sabía quién podía ser el whistleblower (informante o alertador) de Público y también le preguntaron por el pen drive que acaba de aparecer y que presuntamente contenía importante información sobre Catalunya.

Pero Martín Blas les respondió que él no sabía nada de ese pen drive y que toda la información recogida en esos registros había sido enviada al juzgado número 14 de Barcelona en su momento. De hecho, no le hicieron siquiera firmar la declaración y nunca más volvieron a ponerse en contacto con él.

Según desveló Público, y parece demostrado por este sorprendente giro de los acontecimientos, eran falsas las informaciones de que ese famoso pen drive había desaparecido de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que encabezaba Eugenio Pino hasta junio. Esas filtraciones afirmaban que se sospechaba de Martín Blas porque la Unidad de Asuntos Internos –que él dirigía hasta que fue cesado por Pino– realizó los registros en las sedes de Método 3 de Madrid y Barcelona en el año 2013. 

Todo indica que lo que quería la cúpula policial era involucrar a Martín Blas tanto en el asunto del pen drive fantasma como en el de la grabación a Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, con el objetivo de desprestigiarlo, pues acababa de remitir un informe al Juzgado de Instrucción Nº2 de Madrid en el que proponía la imputación y detención de parte de la cúpula policial, incluidos los comisarios Pino y José Villarejo, por realizar presuntamente una grabación ilegal a agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Asuntos Internos que fue después facilitada al pequeño Nicolás para que intentase anular el procedimiento contra él.

Ahora, todos los indicios de que se trata de un nuevo montaje policial de la brigada política de Interior parecen confirmarse. Como destapó el diario ABC el pasado fin de semana, García Catalán (jefe de la UDEF en funciones) entregó a la Audiencia Nacional este verano el supuestamente "desaparecido" pen drive junto con un informe que aseguraba que la información provenía del juzgado de Barcelona que investiga la relación de Método 3 con la grabación de La Camarga a la dirigente del PP Alicia Sánchez Camacho y a la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola Victoria Álvarez

Así que el magistrado De la Mata solicitó al juzgado de Barcelona que verificara la información y le respondió que ese pen drive jamás había estado en ese juzgado y que desconocía su origen y contenido. Fue entonces cuando saltaron las alarmas acerca de las verdaderas intenciones de la UDEF al tratar de incluir de repente esa presunta prueba en el procedimiento. Por tanto, el juez llamó a declarar al exjefe de la UDEF, Manuel Vázquez, quien contradijo en todo a García Catalán.

Vázquez aseguró que el lápiz de memoria se lo había entregado el inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano, adscrito en esa época a la DAO como hombre de confianza de Eugenio Pino. Y Díaz terminó de cerrar el círculo para el magistrado, al asegurar que a él el pen drive se lo había dado el propio Pino, lo que echa por tierra la actuación del comisario de la UDEF y de la brigada de Blanqueo de Capitales, García Catalán.  Es decir, como aseguran fuentes de la Audiencia Nacional, "al final el ladrón era el jefe".  

La hiperactividad de un comisario jubilado

Aún así, Pino se ha puesto en contacto con la Audiencia Nacional para acusar directamente al comisario Marcelino Martín Blas de la ocultación del pen drive desde 2013. No es la primera acusación que vierte contra su ex subordinado, también ha remitido escritos al juzgado de instrucción número 2 apoyando a la defensa del pequeño Nicolás, cambiando su versión de los hechos y acusando al CNI y a Asuntos Internos de reunirse ilegalmente y de filtrar incluso escritos de la Fiscalía para desacreditar a los investigadores. Además, Pino y Villarejo intentan también involucrar a Martín Blas en unas presuntas coacciones a los dueños de Banca Privada de Andorra (BPA), denunciadas cuando comenzó la persecución del comisario. 

"Parece que a Pino no le ha sentado nada bien la jubilación y sufre de hiperactividad, pero lo peor de todo es que está dejando el prestigio y la reputación de la Policía y la legalidad de nuestra actuación en las investigaciones casi igual de baja que en tiempos del GAL", opina en privado a Público un alto mando policial que trabajaba al lado de Pino durante su época como director adjunto operativo de la Policía. "Y lo está haciendo sólo por proteger a sus amigos, como el comisario José Villarejo, y por vengarse de sus enemigos, en este caso de Martín Blas". 

Durante la etapa de Pino al frente de la Policía también se fabricó el informe apócrifo contra Podemos y se filtraron las notas informativas del comisario José Villarejo que carecen de fecha, sello o firma, pero que fueron aportadas a diferentes procedimientos judiciales, como el del ático de Ignacio González o el de la Banca Privada d'Andorra. 

El caso Pujol, primer encargo que Jorge Fernández Díaz le hizo a la brigada política creada en torno a Eugenio Pino, se ha visto contaminado por estas actuaciones policiales desde su origen. Se inició con un informe no reconocido por el Ministerio del Interior pero atribuido a la UDEF que dirigía José Luis Olivera –quien ahora suena como nuevo número dos (DAO) de la Policía–, que fue filtrado a la prensa y recogido por el sindicato ultraderechista Manos Limpias para interponer la querella contra el expresident de la Generalitat.  

La causa siguió con unos testigos, el financiero Javier de la Rosa y la ex novia de Jordi Pujol Ferrosola, Victoria Álvarez, engatusados a cambio de solucionarles los problemas económicos y mediáticos por un agente encubierto que actuaba sin orden judicial: el comisario José Villarejo. 

Este pen drive fantasmagórico es la gota que colma el vaso y que puede dar al traste con todo el proceso.