El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) concedió obras y eventos por valor de 5,2 millones de euros a empresas de la trama Gürtel cuando Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra Ana Mato e imputado en la causa, era su alcalde. La Intervención General del Estado detalla en un informe fechado el pasado 22 de mayo, el rosario de irregularidades detectadas en estas contrataciones, cuyo precio final se desvío en mas de 1 millón de euros respecto al de adjudicación.

El documento, que ha sido entregado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del 'caso Gürtel', destaca dos obras en las que participó Constructora Hispánica --una de ellas como subcontratista--, que fueron adjudicadas por un precio total inferior a 4 millones y que acabó costando más de 5 millones, aparte de que su fecha de finalización fue prorrogada en varias ocasiones.

El presidente de la empresa era Alfonso García Pozuelo, imputado en el 'caso Gürtel' como el propio Sepúlveda, que tras su inculpación siguió trabajando para el Partido Popular hasta este año, en que fue despedido.

El pasado mes de febrero, el juez Ruz dictó un auto en el que calculaba que la trama Gürtel había pagado a Sepúveda cerca de medio millón de euros entre 2002 y 2004, a cambio de 'adjudicaciones irregulares' tanto de obras públicas como para la realización de eventos.

En esa resolución, el magistrado destacaba la concesión en marzo de 2004 por el Ayuntamiento, a la empresa de García Pozuelo, del proyecto de remodelación del Camino de las Huertas, por importe de 1,9 millones de euros.

El informe de la Intervención revela que la obra se entregó con seis meses de retraso y tuvo una desviación del precio de adjudicación de 586.402 euros, por lo que el importe total se disparó a 2,5 millones de euros, un incremento del 30,58%.

El dictamen añade que en el informe técnico de la adjudicación, en la que Constructora Hispánica competía con una veintena de empresas, no se detallan los aspectos que se han valorado y puntuado, por lo que concluye que 'no está suficientemente justificado las diferencias tan importantes de puntuación que han condicionado la resolución del concurso en contra de otras propuestas económicamente inferiores'. Tambén subraya la Intervención que hubo un error de unos 60.000 euros en el cálculo del sobreprecio a favor de la constructora, que no está cerfificado si se subsanó o se pagó.

En su informe, que completa uno anterior realizado en 2009 e incorpora la documentación recibida desde entonces, la Intervención analiza de nuevo el expediente de la concesión de la operación Asfalto 2004, que según detalla el juez Ruz en su auto, se concedió a una UTE (Unión Temporal de Empresas) Asfaltos Vicálvaro y Velasco, que a su vez subcontrató a Constructora Hispánica.

En este caso, el precio de adjudicación fue de 1,84 millones de euros, que se disparó hasta los 2,4 millones, es decir, 562.000 euros más, un 30% por encima. Pese a que tenía previsto un plazo de ejecución de 4 meses, la obra se terminó con 1 año y cinco meses de retraso.

Las mesas de contratación en este caso, que eligieron a la UTE entre otras 12 empresas, incumplieron el pliego de cláusulas del concurso --por estar compuesto por menos personas que las estipuladas--. Y se condicionaron los principios de objetividad y transparencia por no especificarse varios criterios de evaluación que quedaban a merced de la subjetividad de los miembros de la mesa de contratación.

Como ocurrió con la anterior obra, el informe técnico no explicó suficientemente por qué no se eligió otra propuesta económicamente inferior.  En total, por las dos obras citadas, la red Gürtel se habría embolsado más de 112.000 euros, según el juez Ruz.

La Intervención analiza otros 40 expedientes para la realización de eventos que tramitó el Ayuntamiento de Pozuelo como contratos menores en razón de su cuantía, por importe total de 245.953 euros, y que se concedieron a cuatro empresas de la trama Gürtel: Boomerangdrive, S.L.; Down Town S.L.; Easy Concept, S.L., y Pasadena Viajes S.L.

La Intervención ha detectado que en 32 de las facturas no se detallaban los suministros o servicios prestados de forma desglosada y detallando las unidades, figurando exclusivamente el importe, el IVA y el total de la factura. Y en otras 4 el concepto es genérico, por lo que sólo 4 eran correctas.

El informe denuncia que el hecho de que en las facturas 'figuren cantidades a tanto alzado sin que se detalle o especifique el trabajo realizado, las unidades ejecutadas, ni su coste unitario', no sólo es una vulneración de la ley, sino que imposibilita verificar y certificar correctamente que el servicio prestado se corresponde en unidades y precio con lo solicitado por el organo gestor.