Publicado: 25.11.2015 12:47 |Actualizado: 25.11.2015 13:49

JpD reclama analizar los casos de violencia de género y no sólo contar las mujeres muertas

Denuncia que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género se limita a aportar la estadística judicial y que el último estudio sobre mujeres muertas a causa de este fenómeno delictivo data del 2013.

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Joaquim Bosch Grau

Joaquim Bosch Grau, portavoz de Jueces para la Democracia.

MADRID.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha reclamado este miércoles que Gobierno y autoridades judiciales realicen análisis de los casos de violencia de género producidos en España y que no se limiten a contar el número de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas, denuncias presentadas y órdenes de protección dictadas por los juzgados.

Esta asociación se dirige al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y también al Consejo General del Poder Judicial ya que el último informe de mujeres asesinadas data del año 2013.

El Observatorio, presidido por María Ángeles Carmona, es un órgano creado en el año 2002 para coordinar los esfuerzos y aconsejar mejoras en el ámbito judicial. Está compuesto por el Consejo General del Poder Judicial –que designa la presidencia-, así como por el Gobierno central, las comunidades autónomas con competencia judicial, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.



Desde la llegada de Carlos Lesmes a la presidencia del CGPJ, este Observatorio ha bajado de perfil y ha ralentizado la emisión de informes sobre este fenómeno delictivos que, en lo que va de año, se ha cobrado la vida de 48 mujeres y de 6 niños (en 2014 fueron 58 mujeres muertas y 4 niños asesinados).

Asì, el último análisis exhaustivo de las sentencias dictadas por los juzgados y tribunales en España data del año 2011. En este informe se estudian las circunstancias que rodearon a cada uno de los asesinatos y homicidios juzgados dicho año, con el fin de extraer conclusiones y recomendaciones para prevenir estos delitos.

En un comunicado, JpD demanda que faciliten los informes que analice los datos sobre el funcionamiento del sistema judicial (medidas cautelares, medios personales, elementos técnicos, aplicación normativa y jurisprudencial etc.) “y lo haga en un periodo de tiempo razonable, ya que el último ‘Informe sobre víctimas mortales de la Violencia de Género y de la Violencia Doméstica en el ámbito de la pareja o ex pareja’ se refiere a sentencias dictadas en 2013” y en un periodo de tiempo menos dilatado” en el tiempo.

El análisis de los datos, en especial sobre la forma en que ha funcionado el sistema judicial ante los delitos de violencia de género y las posibles deficiencias observadas, “son de gran utilidad" para lograr una adecuada respuesta judicial, conocer mejor las circunstancias que rodean estos crímenes y detectar las "mejoras que pueden introducirse en la prevención, investigación, enjuiciamiento y ejecución de resoluciones dictadas en los procedimientos sobre estos delitos”.

JpD reclama un "esfuerzo de formación" ante las modificaciones legales

Los especialistas destacan que los bienes jurídicos lesionados en estos delitos, “tales como la libertad, dignidad de las personas, derecho a la no discriminación, integridad física y psíquica e incluso el derecho a la vida, bien merecen este trabajo que propicie la tutela judicial efectiva de las mujeres que sufren estos delitos”.

JpD reclama “un nuevo esfuerzo de formación” ante las recientes modificaciones legales para los magistrados y magistradas, así como para todos los especialistas que intervienen en la prevención, investigación, enjuiciamiento y ejecución de las resoluciones sobre violencia de género.

También destacan que la “dotación adecuada de recursos y medios humanos en los servicios de prevención, atención, investigación, enjuiciamiento y ejecución de resoluciones, está directamente relacionada con la eficacia de la ley y por tanto con una necesaria disminución de los delitos de esta naturaleza”. Por ello, los medios económicos que se aporten “determinaran, de forma relevante, si el compromiso de los poderes públicos e instituciones está dotado de la veracidad, responsabilidad y seriedad que les son exigibles”.

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