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Poder Judicial El CGPJ sostiene que no investigó en secreto al juez Ruiz de Lara durante más de un año

Asegura que las diligencias informativas sobre el magistrado de 2015 no forma parte del expediente disciplinario abierto en 2016, sino que son antecedentes.

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Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. EFE

Presionado por las asociaciones de jueces y por los decanos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un comunicado en el que sostiene que no investigó en secreto durante más de un año al magistrado Manuel Ruiz de Lara, sino que los expedientes abiertos a él son distintos.

Las diligencias informativas sobre Ruiz de Lara, portavoz de la incómoda Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, fueron abiertas en 2015. Mientras, el expediente disciplinario es de 2016. Ahora bien, las diligencias informativas deben archivarse o incorporarse a un expediente disciplinario. Y esta es la última opción que optó el CGPJ.

Todas las asociaciones judiciales y los decanos de España han reaccionado con inquietud ante la sospecha de que en el CGPJ se mantengan expedientes sine die sin conocimiento de sus afectados, como ha ocurrido a Manuel Ruiz de Lara, titular del juzgado Mercantil 10 de Barcelona.

En una carta, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, responde a las asociaciones judiciales que la investigación no ha sido secreta y ha consistido en unas "diligencias informativas realizadas con plena garantía de las normas legales". Estas explicaciones habían sido socilitadas el pasado viernes, al día siguiente de que Público difundiera esta investigación realizada al juez durante más de un año y sin su conocimiento.

En un comunicado difundido a los medios de comunicación, Lesmes resume el contenido de su misiva a partir de las conclusiones del Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, quien asegura que "las actuaciones practicadas "nunca han contenido pronunciamiento de responsabilidad disciplinaria".

Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces concreta que estas "diligencias informativas" comenzaron en julio de 2016 con el objeto de investigar las "actividades que pudieran justificar la incoación de un expediente disciplinario por posible infracción de normas sobre compatibilidad" por parte del citado juez.

Ruiz de Lara tiene desde agosto de 2015 una compatibilidad concedida para la celebración de debates, al igual que la Comisión Permanente del CGPJ le concedió el 23 de diciembre de 2014 la posibilidad para ejercer como portavoz de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial.

Se investigaron los debates universitarios

El CGPJ sostiene que Ruiz de Lara ha estado personado en estas actuaciones desde el 23 de enero de 2017 por hechos "ajenos" a las diligencias informativas del 2015 surgidas cuando el portavoz de la Plataforma solicitó la compatibilidad para la organización de debates, dice Acción Disciplinaria.

Sin embargo, en el expediente constan estas actuaciones y las diligencias informativas abiertas en 2015. El Promotor interrogó al juez el pasado viernes y centró sus preguntas en las actuaciones de la Plataforma, los autores de los informes críticos al CGPJ y la labor del juez en dichos debates, que ha financiado de su bolsillo para algunos de los estudiantes participantes.

No consta en el expediente disciplinario que dichas diligencias informativas hayan sido archivadas, sino que han sido incorporadas al expediente.

La comunicación de Lesmes enviada a las asociaciones informa de que el Servicio de Inspección del CGPJ emitió en 2016 un informe tras conocer que Ruiz de Lara se había puesto en contacto con el embajador de España en Washington solicitando su colaboración para celebrar un debate en las dependencias de la legación diplomática.

Tras esto, este departamento señaló que el magistrado de Barcelona "había organizado un número indeterminado de debates universitarios" bajo la cobertura de la asociación de la que es portavoz, según su versión.

Según avisó el Servicio de Inspección esta actividad podría "no ser compatible" con el ejercicio de la función judicial y, de serlo, precisaría en cualquier caso de una autorización de compatibilidad por parte del Consejo General del Poder Judicial, que el magistrado no había solicitado.