Publicado: 09.06.2014 13:54 |Actualizado: 09.06.2014 13:54

Jueces conservadores y progresistas acusan al Gobierno de atacar su independencia

Publicidad
Media: 4
Votos: 1
Comentarios:

Las críticas a la reforma que pretende el Gobierno sobre la ley que regula al Poder Judicial en España no paran de crecer. El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, y 1.400 alegaciones recibidas dan una idea del alcance de esta reforma que crea un sistema jerarquizado, dependiente del poder político y una jurisprudencia vinculante del Supremo, de obligatorio cumplimiento, entre otras muchas modificaciones.

Jueces y fiscales han criticado esta reforma del Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora son las asociaciones mayoritarias de jueces, de todas las tendencias, las que han emitido un duro comunicado sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial [ver pdf, aquí].

Las asociaciones Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente denuncian que la reforma de Rajoy ataca la independencia de los magistrados.

En concreto advierten de que la jurisprudencia vinculante y las directrices de obligado cumplimiento que recoge la reforma "terminarán definitivamente con la independencia judicial, sometiéndola a los otros poderes del Estado".

Añaden que "puede transmitirse a la sociedad la idea de que los jueces resuelven los casos bajo el dictado y la autoridad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en último término del Gobierno que incide en el nombramiento de la mayoría de los vocales de este órgano".Por otra parte, discrepan con que se aumente el número de aforados "en lugar de proceder a la eliminación de muchos de ellos, como sucede en la gran mayoría de países europeos".

Al respecto, a juicio de estas organizaciones "cualquier modificación legal que se pretenda realizar para que se acuerde un aforamiento a favor del Rey tras su abdicación no puede ser utilizada para legitimar y acelerar un reforma claramente perjudicial en su conjunto para la independencia judicial".Asimismo, coinciden con lo indicado en el informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo a este anteproyecto respecto a que la reforma "dificultará la actuación de la jurisdicción criminal y no favorecerá la persecución de los delitos de corrupción, dando una respuesta penal todavía más tardía que en la actualidad".

Estiman que la reorganización recogida en el anteproyecto, con la demarcación provincial y la supresión de los partidos judiciales aleja a los ciudadanos de la justicia.

También lamentan la "limitación de la libertad de expresión de los jueces y de las asociaciones judiciales", que la consideran "gratuita, innecesaria y sin justificación razonable", y que a su entender "refleja el deseo del legislador de un poder judicial silencioso y acrítico, públicamente inexistente y alejado de la ciudadanía".Las tres asociaciones judiciales coinciden por último en señalar que "se procede a la supresión absoluta de la democracia interna y de la participación de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno, con la configuración de un sistema presidencialista, jerarquizado y controlado por el CGPJ".

 Las Asociaciones Judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, con absoluto respeto institucional al Poder Ejecutivo y Legislativo, en relación al Anteproyecto  de LOPJ del Consejo de Ministros  4 de abril de 2014, habiendo remitido sendos informes al Consejo General del Poder Judicial, quieren dar a conocer a la sociedad española la siguiente denuncia:

La reorganización del sistema judicial en España con  la demarcación judicial provincial y la supresión de los partidos judiciales aleja a los ciudadanos de la justicia.

Incrementa el número de aforados, en lugar de proceder a la eliminación de muchos de ellos, como sucede en la gran mayoría de países europeos. Cualquier modificación legal que se pretenda realizar para que se acuerde un aforamiento a favor del rey tras su abdicación no puede ser utilizada para legitimar y acelerar una reforma claramente perjudicial en su conjunto para la independencia judicial.

Como dice el informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo  dificultará la actuación de la jurisdicción criminal y no favorecerá  la persecución de los delitos de corrupción, dando una respuesta penal todavía más tardía que en la actualidad.

La limitación de la libertad de expresión de los jueces  y de las Asociaciones Judiciales resulta gratuita,  innecesaria y sin justificación razonable. Refleja el deseo del legislador de un Poder Judicial silencioso y acrítico, públicamente inexistente y alejado de la ciudadanía.

Se procede a la supresión absoluta de la democracia interna y de la participación de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno, con la configuración de un sistema presidencialista, jerarquizado  y controlado por el Consejo General del Poder Judicial.

 La jurisprudencia vinculante y las directrices de obligado cumplimiento terminarán definitivamente con la independencia judicial, sometiéndola a los otros poderes del Estado y puede transmitirse a la sociedad la idea de que los jueces resuelven los casos bajo el dictado y la autoridad del CGPJ y en último término del Gobierno que incide en el nombramiento de la mayoría de los vocales de aquel órgano.

Comunicado Conjunto Asociaciones Judiciales Junio 2014 by Público.es