Publicado: 15.10.2015 11:09 |Actualizado: 15.10.2015 13:44

Jueces y fiscales denuncian que la nueva ley procesal penal extenderá un manto de impunidad en toda España

Asociaciones progresistas y conservadoras critican una norma que limita a seis meses la instrucción de causas ordinarias y a dieciocho la de las más complejas. "Es una auténtica ley de punto final", dicen los magistrados en un comunicado.

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá./ EUROPA PRESS

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, junto a la vicepresidenta, tras la reunión de un Consejo de Ministros./ E. P.

MADRID.— Todas las asociaciones judiciales, excepto la conservadora APM, y todas las asociaciones fiscales han pedido al Gobierno la suspensión de su reforma estrella de la ley procesal penal porque, de no hacerlo, extenderá un manto de impunidad sobre todas las causas que están 'vivas' en los juzgados de toda España. Entre ellas, los 1 400 sumarios de corrupción política que se calcula que aún están en fase de instrucción.

La reforma, que entra en vigor el 5 de diciembre de no suspenderla limita el plazo de instrucción a seis meses -para las causas sencillas- y 18 meses -para las macrocausas-, límite muy criticado por las dificultades que entraña la delincuencia transnacional, en especial la económica y de corrupción política. Por si fuera poco, la prórroga sólo la puede solicitar el fiscal, cuando es el juez quien aún tiene la responsabilidad de instruir las causas.

La Ley 41/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, publicada en el BOE el pasado 6 de octubre, tilda estos plazos "máximos" de "realistas". Pero no va acompañada de presupuesto alguno para revisar todas las causas abiertas en España, y no concede medio alguno al ministerio público para ejercer las nuevas funciones que pretende.

Todas a una, las asociaciones Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, así como todas las asociaciones de fiscales -Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales- han difundido este jueves un comunicado en el que piden la suspensión de la entrada en vigor de esta reforma.

Las seis asociaciones de jueces y fiscales alertan de que la reforma supone, en realidad, "una auténtica ley de punto final" de los casos que se instruyen en los juzgados y tribunales.

Una ley "de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados", han alertado las asociaciones, partidarias de que la nueva ley no se aplique al menos hasta que no haya "medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma".



Un límite imposible de cumplir

Los jueces y fiscales asociados cuestionan una norma que plantea un plazo de seis meses para instruir las causas ordinarias y de dieciocho para las complejas, prorrogables a petición del fiscal.

A juicio de las asociaciones, establecer ese límite "puede resultar absurdo" cuando el propio juez que instruye el caso debe controlar que se realicen en plazo las diligencias procesales, pero también es "absurdo" otorgar al fiscal "en régimen de monopolio" la facultad de pedir prórrogas a quien está dirigiendo y controlando la investigación cuando puede haber desacuerdos en la misma.

"Ello coloca a los miembros del Ministerio Fiscal en una irresoluble tesitura, al resultar de imposible cumplimiento el mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta en la actualidad, y a los jueces de instrucción en un delicado papel en el que, dirigiendo ellos la instrucción, carecen de la capacidad para prolongarla en el tiempo, si no es tras la petición del fiscal", han manifestado.

A juicio de las asociaciones, se confunde tanto el modelo procesal como el papel de los actores, "lo que lleva a su último extremo la falta de coherencia de la reforma".

También critican que entre en vigor dos meses después de su aprobación, es decir el 5 de diciembre, lo que obligará a revisar "todas las causas penales que se encuentran en fase de instrucción en todos los juzgados de España, teniendo éstos que atender la carga de trabajo ordinaria, y todo ello -como dice la propia ley- sin necesidad de habilitación presupuestaria alguna".

Por ello, consideran que es "una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados".

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