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La juez Alaya manda a prisión a dos cabecillas de los ERE

Se trata del exsecretario de Organización de UGT en Andalucía, Juan Lanzas, y del exdirectivo de la mediadora Vitalia Vida Antonio Albarracín. La Guardia Civil encontró el jueves 82.000 euros oculto en el domicilio del ex

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La juez Mercedes Alaya continúa hoy la toma de declaraciones por la nueva rama de los ERE fraudulentos en Andalucía. Despues de una jornada que empezó a las 11 horas de la mañana del jueves, la juez Mercedes Alaya ordenó en la madrugada de este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del conseguidor de los ERE y exsecretario de organización de UGT en Andalucía Juan Lanzas y del exdirectivo de la mediadora Vitalia Vida Antonio Albarracín. Los dos recibieron el auto de prisión a las 6:50 horas. 

Lanzas acudió el jueves a declarar ante Alaya con muchas probabilidades de ingresar en la cárcel. En el registro practicado por la Guardia Civil en la casa que Lanzas, los agentes encontraron con ayuda de los perros hasta 82.000 euros que tenia repartidos y escondidos por la vivienda, en billetes sobre todo de 500 euros. Ademas, Lanzas, supuestamente colocó de modo irregular en la lista de EREs subvencionados por la Junta a casi toda su familia. Antes de declarar ante la juez Lanzas echaba balones fuera ante las preguntas de los periodistas sobre su papel en la trama y se agarraba a que la investigación está 'bajo secreto de sumario'.

La magistrada ha decidido dejar en libertad a María José Marcos, esposa del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, y a José González Mata, los dos primeros de los ocho detenidos que han comparecido esta tarde ante la magistrada. 

Alaya también decidió dejar en libertad con cargos al exsubdirector general de Mercasevilla Daniel Ponce. Estas últimas decisiones de la juez se enmarcan dentro de la nueva línea de investigación por el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

Albarracín y Juan Lanzas, dos de los principales imputados en el caso de los ERE, ingresaron en prisión tras la petición realizada al respecto por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó dicha medida de privación de libertad al entender, en el caso del exdirectivo de Vitalia, que su patrimonio 'creció mucho' durante el periodo temporal en el que trabajó para Vitalia, entre los años 1995 y 2011.

La juez envió a Antonio Albarracín a la cárcel de Morón de la Frontera, mientras que Juan Lanzas será conducido a la de Sevilla-I. De igual modo, la magistrada la puesta en libertad con cargos de Daniel Ponce, para quien el fiscal no pidió el ingreso en prisión, imponiéndole como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer dos veces al mes en el Juzgado.

Hay que recordar que, dentro de esta misma investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, la magistrada instructora ya ordenó, por segunda vez, el ingreso en la cárcel de Sevilla-I del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, mientras que en enero ingresó en prisión el presunto testaferro de los ERE Juan Francisco Algarín, a quien la Audiencia Provincial dejó en libertad bajo fianza de 10.000 euros, cantidad que a día de hoy no ha podido reunir.

La UGT-Andalucía ha aclarado hoy que el imputado Juan Lanzas no tiene nada que ver con este sindicato desde el año 2002 y, además, ha precisado que los hechos que se le imputan 'nada tienen que ver con su etapa como sindicalista'. En un comunicado, UGT-A sale al paso de las informaciones que vinculan a Lanzas con este sindicato, donde fue el secretario general de la federación de Alimentación, y afirma que 'carece de rigor y perjudica gravemente la imagen de esta organización'.

El sindicato asegura que es el 'primer interesado en que se llegue hasta el final en el caso de los ERE y el lucro que, de forma ilícita y personal, han podido hacer determinadas personas cometiendo un delito contra los derechos de los trabajadores'. Además, recuerda que UGT Andalucía está personada como acusación popular en el caso desde hace dos años.