La Generalitat valenciana, bajo la presidencia de Francisco Camps, tuvo una actitud 'inadmisible de sometimiento a las exigencias' de Iñaki Urdangarin, según palabras del juez instructor del 'caso Nóos' José Castro, que relata las vicisitudes por las que el yerno del rey consiguió contratos --en forma de convenios o subvenciones-- por importe de 3,5 millones de euros de dicho Ejecutivo autonómico entre 2003 y 2007.

En el auto de imposición de una fianza de 8,1 millones de euros a Urdangarin y su exsocio Diego Torres, el juez muestra su perplejidad porque el duque de Palma tuviera una 'influencia' tal en la Generalitat valenciana como para que Camps decidiera enviar a su vicepresidente Víctor Campos desde Valencia a Barcelona, en 2005, 'para hacerle un ofrecimiento que poco más tarde se traduciría en la adjudicación de la organización de los llamados Juegos Europeos' (por importe de 6 millones de euros, aunque Nóos 'sólo' consiguió cobrar finalmente 382.000 euros).

Una situación simular se produjo el 30 de noviembre de 2007, cuando el entonces vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, y la consellera de Deporte y Cultura, Trinidad Miró, se desplazaron de Valencia a Castellón para reunirse con Urdangarin y Torres, a petición de estos últimos, a pesar de lo cual, según apunta el juez casi anecdóticamente, la comida la pagó la Generalitat.

Pero lo serio del asunto, de acuerdo al auto, es que 'este proceder nada tiene que ver con un trato protocolario al que Don Iñaki Urdangarín Liebaert pudiera ser acreedor en tanto miembro de la Casa Real y sí, y mucho, con un acceso privilegiado a las contrataciones públicas compatible con un similar apartamiento de las leyes que las regulan'. 

Sobre la reunión en Castellón, el juez también destaca que ni Rambla ni Miró han recordado, en sus declaraciones, 'ni tan siquiera vagamente qué temas de conversación se trataron aunque, eso sí, cabalmente su falta de recuerdo no les impide asegurar sin asomo de la menor duda que no se habló de los Juegos Europeos ni de las facturas cuyo pago, por importe que rondaba los dos millones de euros, le había sido rechazado' al Instituto Nóos, ni sobre la organización de los llamados Juegos de la Juventud, que finalmente no se encomendaron a Urdangarin y su exsocio.

El auto del juez deja claro que Urdangarin y Torres no son los únicos criminalmente responsables en el caso. 'Deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión', dice el juez en alusión a los representantes de la Administración que podrían también ser responsables.

En su exposición, el juez describe las operaciones cerradas por la Generalitat valenciana o empresas públicas de esa autonomía con el Instituto Nóos, por importe de 3,5 millones de euros.

La más importante, por 3,1 millones de euros, la organización del Valencia Summit durante tres años, que se logró 'sin que se iniciara absolutamente ningún procedimiento administrativo de contratación y en exclusiva atención a que por los responsables políticos era hartamente conocido que al frente de la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada estaba DonIñaki Urdangarín Liebaert y que éste era yerno de S.M. el Rey'.

Y en cuanto a los  Juegos Europeos --con los que Nóos consiguió 380.000 euros--, el juez señala que se cambiaron los criterios de 'concurrencia y publicidad', propios de una contratación regular por parte de las administraciones públicas, por los 'de amiguismo y oficiosidad'.

En el auto se menciona que Urdangarin ya había tenido contactos personales con Camps antes de que se firmara en 2004 el convenio para organizar el Valencia Summit.

Y se recoge la versión de un intermediario entre la Generalitat y Nóos, Miguel Zorío, quien en su declaracion ante el juez, señaló que la contratación del instituto para los juegos europeos por la Generalitat valenciana se fraguó en una reunión de Camps, Urdangarin y él mismo en septiembre de 2005.