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El juez cita como investigados a Ignacio González, su mujer y Enrique Cerezo por el ático de Estepona

La Fiscalía se opone a que esta investigación forme parte del sumario Gürtel, aunque para la acusación popular y el juez el dinero provendría de un pelotazo investigado en ese caso. También solicita el juzgado al comisario Villarejo que le aporte el dispositivo con el que grabó al dirigente del PP.

Fotografía de mayo de 2013 del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que han sido citados a declarar por la titular del juzgado de instrucción número 5 de Estepona (Málaga), como investigados en el caso del ático que posee el primero de ellos en Estepona. EFE/ARCHIVO/Juanjo Martín

MADRID.- El juzgado de Estepona (Málaga) ha llamado a declarar el 18 de abril en calidad de investigados (lo que antes era imputados) al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a su mujer Lourdes Cavero, y al empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, por la supuesta compra con dinero de un soborno del ático que el matrimonio tiene en la urbanización de lujo Alhambra Golf.

También quiere conocer cuál es el patrimonio total de González, Cavero y Coast Invertor LLC. Por lo que solicita información a diferentes entidades bancarias y además requiere que se tase el ático al precio de 2008 y al de 2012. La primera es el año de adquisición por parte de COAST INVESTOR LLC, la sociedad radicada en el Estado de Dalawere (considerado un paraíso fiscal), detrás de que estaría Rudy Valner, testaferro profesional que trabajaba con Enrique Cerezo. En el otro año fue cuando el ático ya pasó a ser propiedad del matrimonio González Cavero.

Según la información aportada por el comisario José Villarejo, la comisión cobrada por el dirigente popular en 2008 ascendía a dos millones de euros y fue a cambio de recalificar unos terrenos en Arganda del Rey, operación que se investiga dentro de la trama Gürtel.

A pesar de que tanto la acusación popular, ejercida por los trabajadores afectados por el ERE de Telemadrid, como el propio juez de Estepona entienden que la compra de este ático está estrechamente relacionada con el pelotazo del municipio madrileño en el que salió favorecido el empresario Fernando Martín, presidente Martinsa Fadesa, la Fiscalía se ha opuesto a que esta investigación se una al sumario Gürtel.

La Fiscalía lo desvincula de la Gürtel

Según la Fiscalía, tras analizar la información que la Audiencia Nacional le ha remitido sobre este asunto, no está acreditada la relación entre una operación y otra aunque tanto el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, como Luis Bárcenas e Ignacio González utilicen las mismas sociedades interpuestas de Panamá, o al menos estas tienen el mismo domicilio social.

En concreto el nexo de unión sería la sociedad panameña Waldorf Overseas, empresa que se esconde detrás de Coast Investor (que compró y alquiló el dúplex marbellí al presidente de la Comunidad de Madrid), que tiene tras de sí a los mismos “hombres de paja” de las empresas Duncan y Winsley Inc, que también figuran en una sociedad controlada por Francisco Correa, en Panamá.

Sin embargo, la Fiscalía no lo ve tan claro y asegura que “no está acreditada la vinculación del señor Correa con Waldorf”.

González y los comisarios

Respecto a las pruebas aportadas por el comisario José Villarjeo, entre las que se encuentra una grabación realizada en noviembre de 2011 con el entonces presidente de la Comunidad de Madrid y con el comisario Enrique García Castaño, el juzgado de Estepona le requiere“el equipo con el que se realizó el registro de las conversaciones, junto con los elementos auxiliares, (fuente de alimentación, baterías, cableado de conexión...) así como el soporte de grabación al objeto de que se obtenga directamente desde el Laboratorio de Criminalística las conversaciones originales”.

Además, adjunta a la causa una supuesta nota informativa que el “agente encubierto” envió al comisario Miguel Ángel Fernández Chico, el fallecido director adjunto operativo (DAO) durante el gobierno del PSOE. Sin embargo, como informó Público, desde la Dirección General de la Policía aseguran que esa nota no había sido registrada antes del 3 de marzo de 2016.

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