ZARAGOZA.—"Es duro ver cómo después de dejarte la piel te quedas en la calle porque no se respeta el principio de igualdad, ni el de mérito ni el de capacidad", explica una de las trece personas que cuatro años después de perder ilegalmente la plaza de auxiliar administrativo que habían ganado en una oposición del Ayuntamiento de Zaragoza han visto, al fin, reconocido el derecho a recibir una indemnización.

Los trece opositores se encontraban entre los 38 que obtuvieron un puesto de funcionario en la oposición, celebrada en 2011 y cuyo baremo de calificación fue modificado mediante un decreto por Lola Ranera, la concejal de Personal del equipo de Juan Alberto Belloch, el que fuera alcalde por el PSOE.

Ranera aceptaba con esa resolución un recurso de otros opositores que no habían aprobado. La aplicación del nuevo sistema de calificación hizo que trece personas se cayeran de la lista definitiva y fueran sustituidas por otras trece.

El decreto que provocó la alcaldada –Ranera sostiene que basó su decisión en un informe jurídico— fue anulado al año siguiente por el magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza, en una decisión que avaló el año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). La concejalía de Personal que ahora dirige Alberto Cubero (Zaragoza en Común, ZeC) acordó, en una decisión avalada por el juez, otorgar a los demandantes las plazas de funcionario que les habían sido escamoteadas y mantener en la plantilla a los demandados como "aprobados de buena fe".

El magistrado ha ordenado ahora, en el auto por el que ejecuta la sentencia, que los trece afectados cobren el sueldo que no recibieron del ayuntamiento en los cuatro años transcurridos entre la oposición y su acceso a la plaza.

Las indemnizaciones suman alrededor de medio millón de euros, con cantidades individuales que van desde los 20.000 euros, para los opositores que trabajaron parte de ese tiempo al estar incluidos en la bolsa de interinos, hasta los 90.000 que deben recibir los dos que, pese a haber sacado nota suficiente para obtener una plaza de funcionario, ni siquiera accedieron temporalmente al empleo en esos años.

"Todos hemos sufrido daño psicológico por este asunto. Tanto los que han ido trabajando como los que no", señala uno de los afectados

"Fueron unos años horribles", comenta una de las funcionarias que ha recuperado su plaza, que pide no revelar su identidad. "Después de dos años preparando a fondo la oposición –explica—, con jornadas de estudio de ocho horas durante varios meses, te ves en el paro, sin cobrar nada, gastándote el dinero en abogados y, en mi caso, a punto de dar a luz. Fue una situación angustiosa".

"Todos hemos sufrido daño psicológico por este asunto. Tanto los que han ido trabajando como los que no", señala. A las consecuencias emocionales se añaden las económicas, ya que "en estos años vas acumulando deudas". Ahora espera que la orden del juez se materialice. "Algo es algo", dice, al tiempo que insiste en que "esto se debería haber resuelto en 2012". Sin embargo, el juez denegó la ejecución de su sentencia por el riesgo de que una eventual revocación del TSJA pudiera dañar los derechos de los beneficiados por el decreto.

El precedente de los 27 nombramientos a dedo

"Cambiaron el baremo en contra del criterio del tribunal que evaluaba la oposición", sostiene Cubero, que exige a Ranera "que dé explicaciones y que asuma responsabilidades". "Esa decisión fue una temeridad que le va a costar medio millón de euros a los bolsillos de todos los zaragozanos", añade.

No se trata de la primera decisión polémica de Ranera que los tribunales revocan. Hace unos meses, uno de los juzgados de lo Contencioso de la capital aragonesa declaró ilegal, por arbitrario, el nombramiento de 27 jefes de servicio efectuado en 2013 por el procedimiento de libre designación; es decir, a dedo. Entre ellos se encontraba el empleado que relevó al jefe de Personal cuando este fue, poco después del cambio del baremo, trasladado a la Policía Local.

El juez concluyó que esos nombramientos, denunciados por los sindicatos Osta y CCOO, suponían un exceso en el uso de la discrecionalidad, ya que esos puestos deberían haber sido cubiertos mediante un concurso de méritos entre los funcionarios de la casa.
El equipo de gobierno municipal de ZeC espera a que el TSJA se pronuncie sobre esa sentencia. En caso de que la ratifique, convocarán el concurso.