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El juez deja para julio de 2014 la demanda de despido de Bárcenas contra el PP

Fuentes del Tribunal Superior de Madrid aseguran que el Juzgado ha seguido la cadencia habitual de señalamientos, sin dar trato de favor al extesorero

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El juicio entre Luis Bárcenas y el Partido Popular por despido improcedente no se celebrará hasta el 11 de julio de 2014, según un decreto del Juzgado de lo Social número 16 de Madrid, a quien ha correspondido la demanda. El extesorero reclama al PP 905.253 euros.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consultadas por Público, han destacado que la fecha tan tardía para este juicio —dentro de un 1 año y 3 meses— responde, sin embargo, a la cadencia habitual de señalamientos que se está llevando a cabo en dicho Juzgado, que no ha dado, obviamente, ningún trato de favor a Bárcenas. Y ello pese a que las demandas por despido tienen prioridad en el orden laboral al resto de pleitos.

En el decreto, expedido por la secretaria judicial, se admite a trámite la demanda por despido improcedente planteada por Bárcenas, y se fija para el 11 de julio de 2014, a las 10.50 horas, el acto de conciliación judicial y, en su caso, el juicio, para resolver el pleito.

El Juzgado informa a las dos partes, Bárcenas y PP, que tienen de plazo hasta cinco días antes del juicio para solicitar la citación de testigos o peritos, y que deben comparecer a la vista con las pruebas 'de que intenten valerse'.

El pasado 15 de marzo, los abogados de Bárcenas y del PP celebraron un acto de conciliación ante los servicios de mediación de la Comunidad de Madrid que terminó sin avenencia, por lo que el extesorero presentó la demanda en el Juzgado. En este tipo de pleitos, el formalismo es convocar un nuevo acto de conciliación, esta vez ante el juez, el mismo día del juicio, que se celebra a continuación en caso de que vuelva a no haber acuerdo entre las partes. Esto ocurrirá el 11 de julio de 2014.

Luis Bárcenas pide que el PP le indemnice con 905.253 euros al considerar que el pasado 31 de enero le despidió de forma improcedente. En concreto, el extesorero reclama al partido el pago de 42 mensualidades, teniendo como base de cómputo los 255.600 euros brutos cobrados el último año, según él, por su cargo de asesor del PP, lo que arroja un total de 894.603, a lo que suma en su escrito otros 10.650 euros de salario pendiente de cobrar.

En los casos normales, suele ser una prueba clave del juicio la carta de despido, con la explicación de los motivos del mismo, pero Bárcenas asegura que él se enteró del suyo al comprobar que el PP le había dado de baja el 31 de enero de este año en la Seguridad Social, sin anuncio previo.

El partido, por su parte, dice que le despidió en 2010 pero que acordó pagarle la indemnización 'en diferido' mediante 'una simulación', con lo que le abonaba una cantidad al mes y le mantuvo dado de alta en la Seguridad Social. Además, su vicesecretario Carlos Floriano confirmó en su momento que lo que pide Bárcenas es 'una pasta' y que no se le van a dar. Pero será la juez la que tendrá la última palabra para dirimir esta rocambolesca relación laboral.

En su demanda, el extesorero alega que desde marzo de 2010 hasta el 31 de enero de 2013 fue asesor del partido, que le pagaba 21.300 euros brutos mensuales, y que fue dado de baja en la Seguridad Social sin su consentimiento. Explica que ha sido trabajador del PP desde 1982, con categoría de licenciado, y que antes de 2010 fue tesorero, gerente y otros puestos.

Sin embargo, la dirección nacional del PP ha defendido públicamente que Bárcenas no tenía actividad en el partido desde abril de 2010, momento en que se acordó con él realizar una 'simulación' en forma de 'retribución' con pago en 'diferido' y con retención a la Seguridad Social, en palabras de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Bárcenas tiene presentada otra denuncia por maltrato laboral contra el PP ante la Dirección General de Trabajo de Madrid por entender que ha cometido un 'atentado a su intimidad como trabajador' por vaciar su despacho en la sede de la calle Génova sin su consentimiento.