VALENCIA— El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el Caso Imelsa, ha dejado en libertad provisional esta noche a siete de los 24 detenidos el martes en la operación Taula desarrollada contra una supuesta red de amaño de contratos en administraciones públicas valencianas y cobro de comisiones ilegales por parte de dirigentes y cargos públicos del PP.

Cuatro de ellos han salido en libertad bajo fianza. Se trata del exsecretario autonómico de Deportes y ex diputado en las Cortes Valencianas, David Serra; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, la única arrestada para la que el fiscal solicitó prisión al término de su declaración;  el exgerente de la Fundación Jaume II El Just y ex jefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos; y un empresario que es exsuegro del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, también investigado en la causa.

Los otros tres arrestados en el marco de esta operación que este miércoles han prestado declaración ante el juez han sido un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia, personal de confianza del Grupo Popular, y dos arquitectos.

Todos los que han sido puestos en libertad mantienen la condición de investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en una causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Ayer ya prestó declaración la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón. Alcón, también arrestada el martes, quedó en libertad provisional. Como medida cautelar, el juez le impuso una fianza de 150.000 euros para hacer frente a las responsabilidades civiles.

A lo largo de la mañana, el juez tiene previsto reanudar los interrogatorios a otros seis detenidos. Se trata de seis empresarios, uno de ellos, de Castellón. 

En total, en la causa hay 29 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

Entre ellos figura el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.

La operación se saldó con 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, mientras que hay otros 5 investigados que no fueron detenidos pero que sí han sido citados para declarar ante el juez, entre ellos el concejal del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Novo y una trabajadora del Grupo Municipal del PP en el Consistorio. Ambos están citados por figurar como autorizados para disponer de las cuentas del partido.

El Juzgado de Instrucción 18 continuará con las declaraciones este jueves, a medida que los agentes de la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción concluyan las diligencias que están practicando.