El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado archivar la investigación abierta al presidente de la editora de La Razón, Mauricio Casals, así como a su director, Francisco Marhuenda, por supuestas presiones a la presidenta de la Comunidad de Madrid en vista de que la afectada dice que no se sintió presionada y, sobre todo, no torció su voluntad de denunciar las irregularidades detectadas en el Canal de Isabel II.

El instructor del caso Lezo ha dictado un auto de archivo de las diligencias abiertas a Marhuenda y Casals porque “la presionada”, Cristina Cifuentes, “en su declaración manifiesta que no se sintió tal, sino, y es lo que importa, que en ningún caso lo habrían consentido y que no se ha desviado su actuación de denuncia respecto de Edmundo Rodríguez Sobrino por la actuación de Marhuenda y Casals”.

En esta línea, los interrogatorios a la jefa de prensa, Marisa González, y al consejero de Presidencia, Ángel Garrido, “patentizan que los encuentros con Marhuenda fueron aprovechando actos coincidentes” y que Garrido, responsable político del Canal, no se llegó a reunir con ellos.

En las conversaciones interceptadas, Marhuenda y Casals hablan con Edmundo Rodríguez Sobrino, al que comunican que habían dado “de leches” a Cifuentes para que cogiera el recado de que no se podía meter con “uno de los nuestros”.

El juez considera que La Razón no hizo una campaña especial contra Cifuentes, a la vista de los artículos publicados por este diario y que fueron aportados el pasado viernes por Marhuenda al juzgado. El dossier se refiere a la gestión de la Comunidad de Madrid.

Eloy Velasco tilda de “versión verosímil” la aportada por Marhuenda y Casals. En las conversaciones interceptadas hablan con Rodríguez Sobrino y le dicen que han dado “de leches” a Cifuentes, para que entienda que se está metiendo con “uno de los nuestros”.

Para el juez, “es la actuación de dos amigos que tratan mediante ‘mentiras piadosas y paliativas’, de convencerle que están actuando para que su implicación en el asunto del Canal no avance hacia la proacción de la Comunidad de Madrid, y en definitiva del archivo documental de la prueba aportada por Marhuenda puede entenderse que el periódico que dirigía no hizo una campaña especial o muy distinta contra el Gobierno de la Sra. Cifuentes de la propia de una línea editorial, perdiendo fuerza coactiva y explicando episodios como los que aparecen en las escuchas”. Por ejemplo, “las 2 o 3 veces en que publican algo que hace “pupa” a Marisa González, la jefa de Prensa.

A la postre –entiende el juez- son hechos que no tienen consistencia como para encontrar en ellos una sistematicidad y permanencia en la presión que justifiquen las imputaciones” por los delitos obstrucción a la Justicia, coacciones o de pertenencia o cooperación con organización criminal sancionados en los artículos 464, 172 y 570 bis del Código Penal, respectivamente.

Rodríguez Sobrino, hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica en la etapa que éste último dirigía el Canal, es a su vez consejero de La Razón. Era el presidente de la empresa Inassa, filial del Canal en Colombia, de la que el juez investiga una compra con un supuesto desvío de 23,3 millones de euros en la adquisión de la empresa brasileña Emissao.

Tres meses han estado imputados en el caso Lezo Marhuenda y Casals, y el juez sólo ha tardado tres días en archivar la investigación referida a ellos después de que el pasado viernes interrogara a ambos directivos de La Razón.