Publicado: 09.10.2015 16:08 |Actualizado: 09.10.2015 16:08

El juez impone una fianza de 232 millones a la excúpula del Banco de Valencia

El magistrado de la Audiencia Nacional fija esta caución a Olivas y cuatro exdirectivos para hacer frente al quebranto que causaron a sus entidades en la concesión de préstamos para el proyecto "Grand Coral" en el Caribe mexicano. Destaca el "malestar" de los directivos intermedios de Bancaja por la "difícilmente explicable" de su presidente

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José Luis Olivas en una foto de archivo de enero de 2014. / EFE

José Luis Olivas en una foto de archivo de enero de 2014. / EFE

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha impuesto una fianza solidaria de 264,4 millones de dólares (unos 232,6 millones de euros) a la cúpula del Banco de Valencia por los créditos presuntamente fraudulentos que la entidad y Bancaja concedieron al Grupo Grand Coral entre los años 2005 y 2010 para sufragar sus inversiones inmobiliarias en el Caribe mexicano.

La caución, que tiene el objetivo de cubrir las responsabilidades civiles que podrían derivarse del procedimiento, deberá ser asegurada a partes iguales por el expresidente de Bancaja José Luis Olivas; el director internacional de Negocio de la entidad, Julián Dolz; el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra; el exdirector general de Bancaja y expresidente del Banco de Valencia Aurelio Izquierdo y el exdirector general adjunto de la caja José Cortina.


El magistrado también impone una fianza solidaria de hasta 712,4 millones de dólares (626,8 millones de euros) a los empresarios José Salvador Baldó y Juan Vicente Ferri, cuyas empresas se beneficiaron de préstamos por esta cuantía en seis operaciones inmobiliarias que supusieron un quebranto de al menos 250 millones de dólares para las entidades financieras, según un informe del Banco de España, y de 246, según el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En siete autos hechos públicos este viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 destaca que los imputados tienen "un profundo conocimiento del mundo financiero internacional" que aconseja adoptar "las medidas necesarias para que no resulte ilusoria la ejecución definitiva de responsabilidades pecuniarias".

Malestar de los directivos intermedios

El juez González explica en sus autos, uno por cada imputado, que los correos electrónicos intervenidos en la causa revelan el "malestar" de los directivos intermedios de Bancaja ante los "continuos excesos" que llevaban a cabo los empresarios investigados.

Sin embargo, Olivas y sus directivos "no sólo no tomaron medida alguna para corregir estos excesos sino que además consintieron en firmar nuevos acuerdos en perjuicio" de las entidades financieras y favoreciendo "los intereses particulares de los referidos empresarios".

Olivas, como "máximo dirigente" del Banco de Valencia y Bancaja, intervino en la autorización de dos de los préstamos que se concedieron "con carácter urgente" al Grupo Grand Coral para comprar una finca denominada Vinoramas, en la localidad mexicana del mismo nombre. Además, la Guardia Civil aportó datos sobre las "numerosas irregularidades" observadas en estas operaciones y "la ausencia de control sobre el destino de los fondos en las inversiones realizadas".

A esta actuación "difícilmente explicable", según el auto, el juez instructor añade los viajes a Cuba pagados por los empresarios a los que acudieron Olivas y otros altos cargos de las entidades bancarias que "difícilmente podrían ser explicados como viajes de negocios".

Plusvalías de 140 millones

Las resoluciones sostienen que existen contra los imputados "serios indicios" de que pudieron cometer los delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y administración desleal por su intervención en las operaciones llevadas a cabo en México por el grupo Grand Coral, en el que participaban las dos entidades bancarias.

En concreto, se analizan las operaciones Emerald, la adquisición y venta de las fincas Zacaton y Piedras Bolas, en la Baja California, y Vinorama en la Riviera Maya, así como las concesiones que se hicieron para refinanciar la deuda del grupo inmobiliario.
El juez señala que Ferri y Baldó, promotores de Grand Coral y en
la cárcel desde el pasado 1 de julio, y su socio Juan Poch, imputado en el procedimiento y pendiente de declarar por tener residencia en México, obtuvieron unas plusvalías de 140 millones de euros con la venta de las fincas Zacatón y Piedras Bolas.

Al mismo tiempo, crearon una estructura societaria "internacional" para "ocultar su identidad" y, con "engaño de sus socios", evitar que pudieran ser identificados con las transferencias que realizaron a sociedades de Suiza y Andorra a las que estaban vinculados.

Transferencias a Andorra

En el ordenador de la secretaria de Ferri y Baldó se encontraron una serie de correos electrónicos en los que se envían varios justificantes de las transferencias efectuadas por las compañías Sumerville y Hinton.desde una sociedad instrumental denominada Consultoría Peninsular del Mayab a cuentas bancarias andorranas , controladas por los empresarios.

Además, Ferri, Baldó y Poch constituyeron otra sociedad llamada Lismore Investment BV, encargada de acometer otros proyectos inmobiliarios y propietaria de dos fincas en la localidad mexicana de Las Vinoramas. Además esta sociedad y otra denominada Cristalclear mantenían "deudas vivas en concepto de préstamo" con las que se justificaba el traspaso de fondos entre ambas mercantiles que se corresponderían, presuntamente, al pago de comisiones por la venta de terrenos.

Por lo que se refiere a la finca Emerald, las sociedades filiales de Banco de Valencia y Bancaja que participaban en el proyecto hicieron frente a una importante prima de emisión que no afrontaron los empresarios, lo que revalorizó sus participaciones societarias.

El accionariado de Grand Coral estaba formado por Bankia Habitat (40%), Urbanika, SL (10%), Bacavum (sociedad propiedad del Banco de Valencia y la familia Calabuig, 15%), Iljafran (21%) e Inquan (14%). Estas dos últimas sociedades eran propiedad, respectivamente, de los empresarios Ferri y Baldó.