La juez que investiga el pago de dietas por Caja Navarra a cargos políticos de la comunidad ha citado a declarar como imputado al exdirector general de CAN Enrique Goñi el próximo 24 de mayo a las 10 horas.

Hasta el momento, han declarado ante la juez como imputados el expresidente del Gobierno Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el exconsejero de Economía Álvaro Miranda.

Los tres eran miembros de la Comisión Permanente de la entidad, junto con la actual presidenta del Gobierno regional, Yolanda Barcina, cargo aforado que solo podría ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

La semana pasada declararon como testigos ante la juez seis cargos de UPN y PSN que formaron parte de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra y que aseguraron que desconocían la existencia de la Comisión Permanente hasta que salió publicado en la prensa.

La juez que instruye el caso señaló en un auto hecho público en marzo que 'no existe una norma que regule la llamada 'Permanente' hasta que no es regulada de forma expresa en el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la entidad, aprobado el 24 de junio de 2011, cuando esas reuniones venían celebrándose y esas dietas cobrándose desde el 31 de agosto de 2010'.

En aquel auto, la juez señalaba que algunas de las reuniones de la Permanente 'tenían por objeto únicamente darse por enterados de que no había habido ningún acuerdo nuevo por parte de los órganos de gobierno de la entidad, y que en todo caso se limitaban a informar, sin ningún tipo de participación activa por parte de sus integrantes, que únicamente se daban por enterados'.

La juez consideraba que 'el pago y cobro' de estas cantidades 'podría constituir un delito de cohecho, que es consustancial al delito de prevaricación por omisión'.

Por otro lado, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona ha solicitado al Banco de España que investigue las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de Caja Navarra, familiares de primer grado o empresas para determinar si 'son acordes a las normas de mercado financiero vigentes en el momento de su otorgamiento teniendo en cuenta los informes de riesgos y demás datos contenidos en los respectivos expedientes o bien si se aprecian irregularidades en su otorgamiento'.

En un auto hecho público este jueves, la juez comunica que va a dar traslado al Banco de España de la documentación remitida al respecto por Caixabank y pide al organismo que designe un perito de entre su cuerpo de inspectores para analizar la documentación informando en los términos expuestos.

La juez añade que, 'teniendo en cuenta que la información recibida afecta al derecho a la intimidad de las personas, en principio ajenas a la causa, es procedente garantizar y preservar la debida confidencialidad de sus datos', por lo que los envía al Banco de España sin dar previo traslado de ellos a las partas.

Asimismo, según consta en el auto, la Guardia Civil va a investigar este mismo jueves los servidores informáticos de Caja Navarra para determinar la fecha de creación de los archivos que contienen las actas de las sesiones de reporte o Comisión Permanente.

Esta actuación se realiza en la sede CAN para poder acceder al servidor afectado y obtener los archivos originales de los documentos con el fin de emitir el informe solicitado.

Asimismo, la juez ha atendido la petición de la representación del expresidente Miguel Sanz de que se remitan al Juzgado copias de las presentaciones en formato power point que se realizaban 'tanto en las sesiones de la Junta de Entidades Fundadoras como en las sesiones de reporte, luego llamada Comisión Permanente'.

La juez solicita que este mismo jueves la Guardia Civil obtenga en la sede de CAN los archivos digitales de estas presentaciones y que se indique su fecha de creación, así como si han sido modificados y quién los ha modificado.

La juez ha unido a los autos las actas solicitadas a Caja Navarra correspondientes a la Comisión de Control y a la Comisión de Personal y Retribuciones, si bien solicita que le sean remitidas de nuevo algunas que presentan problemas de lectura.