El juez que instruye la causa abierta por el procés en Catalunya, Pablo Llarena, ha comunicado a la Mesa del Parlament la suspensión de cargo público de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva así como del expresident Carles Puigdemont, huido en Alemania, todo ellos procesados por rebelión. 

El juez del Supremo ha decidido concluir así la investigación de la causa del procés. Llarena declara en rebeldía a los procesados que se encuentran huidos, incluido el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que serán investigados en otra pieza separada.

El juez ha acordado la conclusión del sumario de la causa del "procés" respecto de los procesados no fugados, a quienes da quince días para su comparecencia en el tribunal competente para enjuiciarlos en el Supremo.

La suspensión afecta a los cinco diputados autonómicos en prisión (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez), al igual que a Puigdemont, pero no así al exconseller fugado en Bélgica, Antoni Comín, que tiene pendiente su recurso al auto de procesamiento. Llarena no le suspende porque acepta su petición —a la que se sumó la exconsellera Meritxell Serret— de dejar sin efecto la firmeza del auto de procesamiento, cuando alegó que no fue tenido por parte hasta el pasado 5 de junio y que, como no se le había notificado desde entonces dicho auto ni recibido tampoco declaración indagatoria, el procesamiento no podía ser firme para él.

Llarena considera "obligado" comunicar al Parlament que los seis diputados procesados "han quedado suspendidos en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, debiendo de proceder la Mesa a adoptar las medidas precisas para la plena efectividad a la previsión legal", si bien el juez no apercibe en su escrito a la cámara catalana en caso de incumplir este dictamen.

El instructor explica que la medida de suspensión es automática y deja al Parlament la posibilidad de que los procesados suspendidos pueden ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas.

En su auto de conclusión de sumario, el juez señala que dicho artículo configura "una medida cautelar de naturaleza pública y extraordinaria" que persigue "preservar el orden constitucional"