MADRID.- En subrayado y de forma clara, el juez José de la Mata ha negado la libertad provisional de Francisco Granados, exnúmero dos de Esperanza Aguirre, porque la documentación que aún se analiza en la Audiencia Nacional proyecta “potentes indicios y datos objetivos” de que aceptó ‘mordidas’ para la “posible financiación del Partido Popular”.

Granados, que se encuentra encarcelado desde octubre de 2014 en la cárcel de Estremera (Madrid) que él mismo inauguró siendo consejero de Justicia de Madrid, había solicitado su libertad provisional.

El exconsejero de Presidencia y Justicia de Aguirre es investigado como supuesto cabecilla de la trama de corrupción Púnica. El sumario contiene una pieza secreta que gira alrededor del propio Granados.

El juez central de instrucción 5, José de la Mata, rechaza en un auto difundido este miércoles excarcelar a Granados. Considera –en subrayado- que el investigado “ha abusado del desempeño de sus sucesivos cargos público” para conseguir la adjudicación “de un sustancial número de contratos públicos de obras, servicios, etcétera” a favor de empresarios “que el abonaban importantes comisiones” para conseguir las “amañadas adjudicaciones”.

Su posición al frente de la Comunidad de Madrid le permitió, además, mantener una “posición de dominio” en los cargos para lograr una “importante desviación de fondos públicos”.

El juez de la Mata considera que las pruebas que se investigan revelan “un uso indiscriminado” (en subrayado también) de la empresa pública Arpegio, perteneciente a la Comunidad de Madrid.

La presidencia de Granados de Arpegio, así como de la fundación de dicha empresa pública, le permitió “controlar la venta de suelo público” de Madrid. Posteriormente, realizó “maniobras defraudatorias” para asegurarse la presidencia de las mesas de contratación desde donde se adjudicaban los llamados Fondos Prima.

A cargo de los Fondos Prima Granados manejó “más de mil millones de euros” (en negrita en el auto) durante los años 2006 a 2011.
En este momento, justifica el juez, se analiza una ingente cantidad de documentación –física y digital-que ha sido intervenida en los registros. Esta documentación proyecta “potentes indicios y datos objetivos de la percepción de dinero por este investigado para la posible financiación del Partido Popular”.

“La sensibilidad de la investigación, la necesidad de recibir declaración a testigos e identificar la red de relaciones y injerencias, hacen necesario el mantenimiento de la medida cautelar de prisión, destaca De la Mata.

El juez recuerda que en anteriores escritos había recordado los “graves riesgos de obstrucción y altneración de las fuentes de prueba que siguen existiendo”.

De la Mata tiene en cuenta también el uso de Francisco Granados “de su red de influencias y favores le permitió obtener revelación de informaciones secretas por un agente de la Guardia Civil” –el que le alertó de que era investigado por la UCO- “y la colaboración de funcionarios del ayuntamiento de Valdemoro (Madrid), donde fue alcalde, así como de la policía local “para destruir expedientes del propio ayuntamiento”.