Publicado: 21.09.2016 12:42 |Actualizado: 21.09.2016 13:46

La juez de los ordenadores de Bárcenas rechaza la recusación del PP

Varios jueces y fiscales creen que la iniciativa del los populares podría tratarse de una "recusación trampa" previa a otras iniciativas judiciales.

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Bárcenas Baqueira EFE

Bárcenas

MADRID.- La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid ha inadmitido a trámite los incidentes de recusación presentados por el Partido Popular y el informático José Manuel Moreno en el marco de la investigación del caso conocido como 'ordenadores de Bárcenas'.

La juez Rosa María Freire, que procesó el pasado mes de julio al partido, a su tesorera Carmen Navarro, a José Manuel Moreno y al abogado de la formación Alberto Durán, por el borrado de los discos duros del extesorero del PP Luis Bárcenas, se pronuncia así sobre la petición de la formación popular de retirarle de la causa al considerar que es un "eficaz instrumento" del PSOE.



La juez da un plazo de tres días al PP y al director de sistema de información del PP, José Manuel Moreno, que se adhirió a la petición del partido- para que presenten, si así lo entienden, un recurso de reforma contra esta resolución.

En su escrito, la magistrada dice que "fue sin duda" el auto de procesamiento al PP del pasado 26 de julio "lo que determinó a plantear la recusación en base a informaciones de las que ya disponía y que no hubiera hecho valer de ser otro el sentido de la resolución".

Tanto es así que recuerda que desde la reapertura del caso "se practicaron numerosas diligencias en la que las defensas del PP y demás investigados en ningún momento pusieron de manifiesto que estuviesen recibiendo un trato inadecuado, sesgado o parcial".

"De todo eso parece derivar que el PP esperó a conocer el resultado de la resolución judicial que resolviese su solicitud de sobreseimiento para hacer valer caso de que no fuera favorable (...) otras estrategias derivas de la información publica y accesible sobre la instructora de la que ya disponía y que se materializaron el incidente de recusación", afirma la juez.

Por ello, la magistrada considera que el porqué de la recusación hay que buscarlo en el auto del pasado 26 de julio en el que procesó al PP por la presunta comisión de un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por el supuesto borrado de los discos duros.

En su incidente de recusación, el PP cuestionó la imparcialidad de la juez por la "evidente" vinculación que mantiene con el PSOE.

"Que la instructora haya sido propuesta para ocupar una determinada vacante en la Audiencia Nacional por un exparlamentario del PSOE y que, además, el PSOE la escogiera como portavoz en el debate parlamentario originado en torno a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, constituyen dos datos que, en conjunción, ponen de manifiesto una relación más que evidente con el principal adversario político del PP", dice el escrito de recusación.

Sobre el primero de los asuntos, la magistrada dice que la comisión de servicios de tres meses que ocupó en un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional es "una modesta aspiración para un juez" que ella solicitó por su trayectoria profesional, no a propuesta de ningún partido político.

Y respecto a su presencia en el Congreso, la juez explica que acudió a emitir junto a otros dos magistrados de la Audiencia de Barcelona un dictamen técnico jurídico sobre una ley procesal como hacen los expertos que concurren a la Cámara Baja.

Es más, destaca que "todos los datos e informaciones" que incluye el incidente de recusación "eran públicos y estaban a su alcance desde el momento en que se realizaron las actividades".

"Frente a la publicidad y transparencia de mi actividad profesional, no puede apoyarse el partido acusante en que no tuvo conocimiento, como pretende, hasta las tertulias de determinados medios de comunicación en el mes de agosto", agrega.

En el mismo auto, la magistrada tampoco admite a trámite el incidente de recusación que presentó el director de sistema de información del PP, José Manuel Moreno, porque "no cumple con ninguno de los requisitos exigidos por la Ley, al no contener datos, ni motivos, ni principios de prueba, limitándose a adherirse al incidente del PP".

"Recusación trampa"

Varios jueces y fiscales han calificado como "recusación trampa" la iniciativa presentada por el PP, ya que creen que el partido está "insinuando" que la juez comete una prevaricación al usurpar las funciones de la secretaria judicial y dictar resoluciones sin ser competente, lo que habría hecho en la entrega de las grabaciones de testigos.

Por ello, las fuentes han llegado a afirmar que la iniciativa del PP podría tratarse de una "recusación trampa" previa a otras iniciativas judiciales, como una posible querella contra la juez.

Los magistrados y fiscales consultados han añadido que "carece de fundamento" la recusación porque se basa en un reglamento de actuaciones accesorias de la Administración de Justicia, que no es aplicable a las resoluciones dictadas en un procedimiento en el que el PP está personado como parte.

Las normas a las que se refiere el PP en su recusación, han añadido las fuentes, son para actuaciones de interesados en la causa que no están personados como partes.

La recusación del PP, planteada el 15 de septiembre ante el Consejo General del Poder Judicial, se refiere únicamente a la participación de la juez en el recurso de revisión que han presentado y porque afirman que la magistrada usurpó las funciones de la secretaria judicial.

La recusación no afecta a toda la actuación de la juez en la causa de los cursos de formación, que previsiblemente se archivará una vez que lo pida la Fiscalía.

Por todo ello, varios de los consultados han concluido que la iniciativa del PP responde a una "campaña mediática" contra la juez, y han recordado las tres quejas que la formación política presentó en julio pasado contra la instructora ante el Consejo General del Poder Judicial.

La recusación promovida pretende que la juez no participe en el proceso de entrega de las grabaciones porque el PP asegura que es una competencia de la secretaria judicial, que tras la última reforma se denomina letrada de la Administración de la Justicia.

La tesis del PP es que la juez está inmersa en el proceso de responder a la denuncia que presentaron contra ella por tres posibles faltas que habría cometido en su labor y no puede participar en la entrega de las grabaciones.