Publicado: 16.09.2016 14:25 |Actualizado: 16.09.2016 21:00

El juez del caso pequeño Nicolás exige a Cosidó aclaraciones sobre los programas espías empleados por la Policía

El director general entra en contradicción entre su declaración como testigo sobre la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos y la respuesta por escrito al juez, que investiga si se instalaron al comisario Martín Blas dos programas para controlar su teléfono de forma remota

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El juez de Nicolay da dos días para que la Policía detalle el uso de los programas 'espía'. /EP

El juez de Nicolay da dos días para que la Policía detalle el uso de los programas 'espía'. /EP

MADRID.- El juez Arturo Zamarriego debe tener el próximo lunes en su despacho de Plaza de Castilla la respuesta ampliada de la Dirección General de la Policía sobre la utilización, características y posibilidades de programas COMSEC y MobileDesk MDM instalados al comisario Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos y ahora a las órdenes del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid. El fin es saber si con estas aplicaciones “se puede realizar una administración remota del terminal telefónico”, como se indaga en la pieza separada del caso del pequeño Nicolás sobre la grabación ilegal de una reunión de trabajo entre agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los investigadores del caso.

Mediante una providencia, el miércoles dio dos días a la Dirección General de la Policía para estas aclaraciones, después de que el organismo le remitiese un escrito firmado por su director Ignacio Cosidó, que “además de no contestar a las preguntas precisas, entraba en contradicción con lo declarado por Ignacio Cosidó en calidad de testigo antes del verano”, aseguran diferentes partes personadas en la causa.



Las contradicciones de Cosidó

Un ejemplo es la respuesta a la pregunta sobre “qué Organismo o Unidad de esa Dirección General de la Policía está capacitado o autorizado para instalar las aplicaciones referidas”, donde indican que “las asistencias técnicas implican la prestación de un servicio por personal de la empresa, sin que conlleve necesariamente la instalación del producto”. Es decir, una contestación que nada tiene que ver con la cuestión planteada.

El 26 de junio pasado, Ignacio Cosidó aseguró que los encargados de estos programas -suministrados por la empresa Indra, con la que contrata el Ministerio del Interior- aseguró que eran “las de terrorismo y crimen organizado”, labores que se concentran en la Comisaría General de Información y en la Comisaría General de Policía Judicial. Algunos abogados consultados aseguran que "podrían haber entrado en una contradicción que podría rozar el falso testimonio”.

El juez también preguntó de forma concreta a la Dirección General de la Policía sobre la “identidad del funcionario o funcionarios” que están autorizados para relacionarse con la empresa Indra. Sin embargo, Cosidó no remite al juzgado ningún nombre; sólo una respuesta genérica -“el jefe del Área de Informática y los funcionarios de la Policía Nacional participantes en los distintos proyectos”-, y se pone a disposición del juez para entregarle, de ser necesario, las identidades concretas.

Otra de las respuestas incompletas para el juez se centra en “la identidad de otros comisarios de Policía” a quienes se haya instalado los programas COMSEC y MobileDesk MDM. Nuevamente, Cosidó no facilita las identidades y aclara de forma genérica que son instalados a todos los altos mandos, desde el Director Adjunto Operativo, subdirectores generales y comisarios generales.

Espionaje remoto

Según la Dirección General de la Policía, al comisario Marcelino Martín Blas se le instalaron esos programas en 2012 como una medida de seguridad para “garantizar la conexión segura de las conversaciones de los altos mandos policiales”.

Sin embargo, según los expertos del Centro Criptológico Nacional y de la propia Policía Nacional, con estas aplicaciones también se puede tener un acceso remoto para instalar y desinstalar a su vez otras aplicaciones de manera remota. Eso es lo que supuestamente ocurrió el 20 de octubre de 2014 en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, donde se reunían los investigadores del caso pequeño Nicolas y los de Asuntos Internos y que después fue entregada, presuntamente, por los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta al presunto estafador.

Por ahora ya hay tres investigados (imputados) por estos hechos: el comisario José Manuel Villarejo Pérez; su esposa, Gema Alcalá, y un periodista que trabajaba para ellos.