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El juez Ruz estudia imputar al cuñado de Bárcenas por las obras en Génova 13

Suspende la declaración como testigo de Antonio de la Fuente a petición de Anticorrupción, para decidir si agrava su situación procesal

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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha suspendido la declaración de Antonio de la Fuente, exjefe de Seguridad del Partido Popular y cuñado del extesorero Luis Bárcenas, y de la responsable de la ejecución de las obras que la empresa Unifica llevó a cabo en la sede de Génova 13, Laura Montero, por si tuvieran que declarar como imputados en lugar de como testigos, informaron fuentes jurídicas.

El aplazamiento de las comparecencias, que ha sido planteado por el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral y apoyado por las acusaciones en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, se ha producido después de que las partes tuvieran conocimiento de nuevos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que podrían contener indicios de delito con respecto a estos dos comparecientes.

El fiscal ha solicitado que se estudie el cambio de estatus de los dos testigos argumentando que en sus declaraciones podrían abordarse indicios incriminatorios contra ambos, por lo que deberían acudir acompañados de abogado a fin de garantizar sus derechos.

Según un informe de la UDEF incorporado a la causa esta semana, el cuñado de Bárcenas pidió a Urquijo que le hiciera "un presupuesto ficticio" para presentarlo en el banco y pedir una ampliación de su hipoteca.

La suspensión se ha producido después de la comparecencia del antiguo contable de Unifica, Juan Rodríguez, durante la que se han puesto de relieve varios descuadres en la certificación final de la reforma. "¿Podría deberse a pagos en negro o en B?", le ha preguntado el fiscal Anticorrupción. "No lo puedo afirmar", ha contestado el testigo, según las citadas fuentes.

Rodríguez, que fue despedido el verano pasado de Unifica por incumplimiento de sus funciones y desobediencia, no ha sabido explicar la causa de esos descuadres y ha añadido que siempre hacía lo que le ordenaba Urquijo, con el que no tuvo contacto desde su despido hasta el pasado lunes, cuando le advirtió de que iba a ser llamado a declarar. Según ha manifestado, los pagos por las obras nunca se produjeron con dinero negro ni con efectivo. Rodríguez no firmó su despido, aunque posteriormente llegó a un acuerdo económico con la misma a cambio de desistir de pleitear.

El magistrado también tenía previsto interrogar hoy a la empleada de Unifica Laura Montero, que se encargó de la gestión de las obras de Génova, que se desarrollaron entre los años 2005 y 2011.

El magistrado, que interrogó el lunes a Urquijo, al exgerente del PP Cristóbal Páez y a la jefa de Obra, María Rey, investiga en una pieza separada del 'caso Gürtel' la existencia de una "contabilidad paralela o en B" en el PP que se habría desarrollado de forma "contínua en el tiempo".

Ruz llegó a esta conclusión en un auto dictado el pasado 22 de noviembre en el que ponía de relieve, a partir de un informe policial, la coincidencia de tres pagos por valor de 888.000 euros, computados en 2008 en la supuesta contabilidad opaca del extesorero Luis Bárcenas, que coincidían con anotaciones halladas en el registro de la empresa Unifica, que llevó a cabo las obras de Génova.

El instructor apuntaba que de esta forma se confirmaba "a nivel indiciario" la existencia de "una cierta corriente financiera de cobros y pagos" en el PP al margen de su contabilidad oficial que habría sido utilizada para pagar a Urquijo, al que imputó como autor de un delito contra la Hacienda Pública del que habrían sido cooperadores necesarios tanto Páez como Bárcenas.

De la Fuente, que sigue trabajando en el PP aunque en otro área, ya declaró como testigo ante el juez Ruz el pasado 30 de septiembre. Señaló entonces que nunca vio a los supuestos donantes en la sede de la formación, a excepción del constructor Antonio Vilela (apoderado del Grupo Rubau) y los presuntos cabecillas de la trama 'Gürtel', Francisco Correa y Pablo Crespo, informaron fuentes jurídicas.

También admitió que firmó el informe que el PP mandó al Tribunal de Cuentas correspondiente a la campaña electoral de 2004 porque Bárcenas no podía hacerlo debido a su condición de candidato al Senado. "No sé quién me dijo que firmara, me imagino que sería el señor Lapuerta", ha señalado tras ser preguntado varias veces por este extremo. "Yo tengo la memoria que tengo", se justificó.