Publicado: 07.07.2014 12:47 |Actualizado: 07.07.2014 12:47

El juez Silva intenta de nuevo suspender el juicio que se sigue contra él

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El juez en excedencia Elpidio José Silva ha desplegado su particular sudoku procesal para impedir que se reanude la vista oral que se sigue contra él por presunta prevaricación continuada al encarcelar a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid.

Elpidió José Silva, experto en Derecho Procesal y cuyo juicio por prevaricar presuntamente en el denominado "caso Blesa" se ha iniciado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha solicitado que el juicio no se celebre mientras la gestión de Blesa sea objeto de investigación penal en los juzgados de instrucción de Madrid.

Así lo ha defendido el nuevo abogado del exjuez de instrucción número 9 de Madrid, Gonzaló Boyé, durante la fase de cuestiones previas, en la que expuso un total de ocho dirigidas a suspender la vista o, en todo caso, eliminar la práctica de determinadas pruebas que cree que vulneran los derechos de su cliente como la declaración como testigo del abogado de Blesa, Carlso Aguilar, o la personación como acusación particular del expresidente de la CEOE Gonzálo Díaz-Ferrán.

El presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha anunciado tras la exposición de todas estas cuestiones que la Sala se retiraba a deliberar hasta mañana, cuando ofrecerán una respuesta al respecto.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJM repite el juicio contra Silva después de que la anterior vista tuviera que ser suspendida por la recusación de la magistrada María Tardón, quien debía juzgar a Silva habiendo integrado anteriormente la Asamblea General de Caja Madrid.

Silva ha sido jaleado a su llegadaal tribunal por un grupo de preferentistas que gritaban consignas contra la entidad madrileña y ha vuelto a sentarse entre sus abogados para evitar el banquillo, alegando su condición de letrado.

El fiscal se ha opuesto a todas estas peticiones por entender que no concurren las circunstancias que permitan aplazar este juicio mientras se sigue investigando la gestión de Blesa en Cajamadrid por el juez que ha sucedido a Silva en este asunto.

El fiscal ha pedido la práctica de nuevas pruebas contra Silva

Según el Ministerio Público, no hay pleitos pendientes que puedan algarse porque en este caso se trata de analizar unos hechos diferentes, consistentes en ver si existió prevaricación o retardo malicioso en la investigación que Silva inició en su día por la compra del City National Bank de Miami por Caja de Madrid. Las acusaciones también se han opuesto.

Además, el fiscal ha pedido la práctica de nuevas pruebas contra Silva, quien se enfrenta a una inhabilitación de hasta 40 años por estos hechos. En concreto, la Fiscalía ha pedido que declare un nuevo testigo para acreditar la amistad de aquél con los letrados de Manos Limpias personados en la causa contra Blesa y que se tenga en cuenta lo que contó sobre el caso en su libro La Justicia deshauciada.

Pese a que la vista se ha iniciado en un tono mucho más sosegado que el que tuvo el primero de los juicios, caracterizado por la interrupción continua de la sesión por parte de Silva y la presentación de recusaciones a los miembros tribunal, la amenaza de que este escenario se repitiera apareció tras señalar Boyé que el sábado tuvieron conocimiento de la admisión a trámite de una querella por vulneración del honor de Silva contra Beltrán y Tardón.

La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación para el juez

El fiscal ha pedido a Boyé que aclare si lo que hace es presentar una recusación contra el presidente del tribunal, y debería éste apartarse. La cuestión no ha sido aclarada del todo por Boyé, quien se ha limitado a señalar que la tramitación de este asunto supondría en todo caso, y a su juicio, motivo para que Beltrán se apartara.

El juez Silva, en excedencia y ahora abogado en ejercicio, está acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, retraso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación y la incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, en concreto, aquellos que conlleven el ejercicio de la función jurisdiccional.

El exbanquero pide 40 años de inhabilitación y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclama que sea inhabilitado durante 24 años para trabajar en la Administración de Justicia.