'Tengo que volver dentro de varios meses', se quejó con resignación una mujer en los juzgados de Sevilla. 'Menos mal que España va bien', ironizó después. El banco en el que estaba sentada con su familia se encontraba situado enfrente de la puerta del despacho de Rafael Tirado, quien oficialmente no se declaró en huelga. Su nombre no consta en el listado detallado que la Audiencia de Sevilla envió al Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), según fuentes judiciales. Sin embargo, no estaba en su oficina a media mañana ni tenía señalados juicios.

El Poder Judicial sancionó a Tirado con 1.500 euros por una falta grave, al haber permitido que el pederasta Santiago del Valle -acusado del asesinato de la niña Mari Luz- estuviera más de dos años en la calle con una condena firme. Su caso, con el que se sintieron identificados muchos jueces, fue el detonante del movimiento que ha desembocado en la huelga. Su sobrino, también magistrado, fue uno de los agitadores de las protestas contra el Gobierno a través de la intranet judicial.

Tirado no acudió tampoco a la concentración, que se celebró a las puertas de la Audiencia de Sevilla, a la que sí asistieron tres parientes suyos: Juan Márquez, presidente de la sección quinta de la Audiencia, Ángel Márquez, presidente de la sección tercera, y Rafael Márquez, magistrado de la segunda. A las doce, se reunieron unos 200 jueces y fiscales. Leyeron un comunicado en el que desgranaron sus reivindicaciones: nueva oficina judicial, aumento de la inversión en justicia del 1% al 3% del PIB, incremento de la planta y cubrir las vacantes de funcionarios con otros formados.

El ajetreo en el interior de los juzgados, según distintos abogados y agentes judiciales, no difería sobremanera de un día normal. A la puerta del penal 8 se podía leer un cartel que rezaba: 'El magistrado está en huelga [...] por una justicia de calidad, rápida y eficaz, por la independencia y dignidad del poder judicial. [...] La ciudadanía será debidamente atendida en la medida en que los medios nos lo permiten'.

También había carteles animando a la huelga ('únete', se decía) en todas las plantas de los edificios, excepto en las dos que ocupa la sede del TSJA en Sevilla. Contra su presidente, Augusto Méndez de Lugo, algunos magistrados del sector huelguista manifestaron su descontento por las admoniciones de días pasados.

En la provincia de Sevilla, se declararon en huelga el 40% de los jueces, 62 de una plantilla de 154, según la Audiencia Provincial. Sin embargo, el TSJA rebajó la cifra a 37, el 24%, al no incluir a quienes pararon, pero estuvieron en sus despachos. La ley fija los asuntos de cada juez, por lo que quien optó por el paro tuvo que hacer frente a sus propios servicios mínimos, que comprendían cuestiones urgentes, causas con presos o detenidos, vistas con jurado, los juzgados de violencia sobre la mujer y los de menores y los servicios de guardia. El comité de huelga especificaba que se tendría derecho a cobrar las horas trabajadas.

Los datos del TSJA cifran el seguimiento en un 29,7% en Andalucía (217 jueces de 730), con especial incidencia en Málaga (53,7%) y Córdoba (53,7%). En Jaén, un escaso 4,2% secundó el paro.

El instructor del caso Marta del Castillo sólo se dedicó a este asunto al ser una actuación con detenidos y el que actúa en el caso de las facturas falsas en el Ayuntamiento de Sevilla presidió la vista porque había un jurado. Se suspendieron en la Comunidad Autónoma 463 vistas y actuaciones, 117 el miércoles mismo. Y se celebraron 844 de las 1.307 previstas.