MADRID.- El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha citado el 11 de enero al exconsejero madrileño Francisco Granados después de que éste pidiera declarar por primera vez para aclarar las sospechas sobre el presunto patrimonio que mantiene oculto y que ha motivado que se le prorrogue dos años la prisión preventiva, han informado fuentes jurídicas.

El nuevo abogado defensor de Granados, Carlos García de Ceca, hizo esta petición al juez de la Audiencia Nacional en un breve escrito después de que la sección cuarta de la Audiencia Nacional ratificara la prórroga de dos años de prisión para Granados invocando "el elevadísimo patrimonio" que tendría oculto. Esta decisión obligaba al ideólogo de la Púnica a permanecer en la cárcel por tercera Navidad consecutiva.

En ese escrito, la defensa solicitaba que Granados fuera llamado a declarar en virtud del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que establece que "el procesado podrá declarar cuantas veces quisiera y el juez recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa".

La intención del exconsejero madrileño con esta comparecencia es "aclararlo todo porque no entiende que siga preventivo porque el juzgado tenga dudas de su dinero oculto" cuando después de tres años de investigación no se ha podio probar nada, según señaló a Efe su abogado.

Su defensa ha considerado por tanto pertinente reclamar que se le tome declaración "por si tiene el juzgado temas que preguntarle que motivan la situación de prisión preventiva en que se encuentra".

La Audiencia Nacional ratificó el pasado lunes la decisión de Velasco de prorrogar hasta el máximo de cuatro años su prisión preventiva, tras haber vencido el primer plazo de dos años desde que entró en la cárcel el 31 de octubre de 2014.

Según la Sala, de la investigación se deduce que Granados "se ha valido y ha utilizado en su provecho los cargos públicos para los que ha sido nombrado, lo que comporta que en estos años, que se inician allá por el 2000, haya participado en un gran número de actividades relacionadas con el sector inmobiliario en las que se ventilan miles de millones".

Según la Audiencia Nacional, "hay datos incriminatorios bastantes para pensar que el recurrente obtuvo pingües beneficios que le servirían para eludir la acción de la justicia" y hay datos "de la existencia de un elevadísimo patrimonio que el recurrente oculta".