La Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a partir del día 13 de diciembre del presente año 2017 a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos por la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Así se ha acordado en una reunión mantenida en la mañana de este viernes por los magistrados del tribunal encargado de enjuiciar esta pieza separada con los fiscales delegados Anticorrupción, los abogados que ejercen la acusación particular en nombre del PP-A y los letrados defensores de los 22 ex altos cargos.

De este modo, la vista oral comenzará el 13 de diciembre con las cuestiones previas, que se prolongarán también los días 14 y 15 de ese mismo mes en horario de mañana, tras lo que el juicio se reanudará ya el día 9 de enero de 2018.

Así, el juicio tendrá sesiones los lunes y martes en horario de mañana y los miércoles en horario de mañana y tarde, aunque se podría habilitar alguna sesión semanal más en caso de que vaya con retraso. El juicio durará varios meses, y cuando declaren los acusados y los testigos se fijará un cronograma, han añadido los abogados, algunos de ellos con despachos en Madrid.

Entre los 22 ex altos cargos acusados, y además de Chaves y Griñán, hay seis exconsejeros de la Junta de Andalucía, como son José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez, dos exviceconsejeros o dos ex directores generales de Trabajo.

Un desembolso "arbitrario" de 855 millones

En la pieza política de los ERE se investiga el procedimiento específico que se aplicó en Andalucía entre los años 2000 y 2011 para ayudas a empresas, que supuso un desembolso discrecional y arbitrario de 855 millones de euros, según el juez que dictó el auto de procesamiento contra los ex altos cargos, Álvaro Martín.

El procedimiento específico tenía por objeto "eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía", según el juez Martín, que estuvo de refuerzo en el juzgado de instrucción 6, cuya anterior titular, Mercedes Alaya, abrió la investigación en enero de 2011.

Con este procedimiento se repartieron de forma discrecional o arbitraria al menos 854,8 millones de euros y a pesar de las advertencias que se hicieron desde instancias públicas y privadas del mal uso de los fondos públicos, indicó el juez de refuerzo.

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán (presidente entre los años 2009 y 2013) por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda.

Para Chaves, que fue presidente durante 19 años, entre 1990 y el 2009, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Además, la Fiscalía solicita ocho años de prisión para los exconsejeros Viera, Fernández y Vallejo por el delito continuado de malversación, y seis años para otra exconsejera, Martínez Aguayo, por el mismo delito.