Las elecciones generales del 28 de abril mantienen en una actividad frenética a los partidos, copan titulares y monopolizan la atención mediática, pero si hay algo seguro es que la cuestión catalana seguirá ahí el 29 de abril, que los más de dos millones de catalanes que apostaron por la independencia no se habrán esfumado, que todo apunta a que en algún momento se reconstruirán los puentes del diálogo político, desde Barcelona y desde Madrid. Puede que el PSOE revalide el Gobierno, puede que retorne el PP, pero lo claro es que Catalunya seguirá ahí, y requerirá de soluciones, cauces.

Esta es la tesis de dos parlamentarios de la República de Irlanda, Lynn Boylan y Seán Crowe, invitados por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a seguir desde primera línea una de las jornadas del juicio al procés, desde las butacas de la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo. Boylan es eurodiputada y miembro del grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE); Crowe es diputado en la cámara baja del Parlamento irlandés (Dáil Éireann) y han viajado a Madrid sólo con este propósito.

“Es un juicio político, y no es un juicio legal”, asegura a Público Boylan, muy dura con la “falta de respeto por los derechos humanos que está demostrando el Estado Español”, al permitir que el procés haya recalado en aguas judiciales, no políticas. “La situación podría resolverse a través de negociaciones políticas, y no mediante los tribunales”. “Por la experiencia que tenemos en Irlanda, van a tener que sentarse a la mesa de negociaciones”, decía.

Donde Oriol Junqueras, presidente de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, para quien la Fiscalía pide 25 años de cárcel por los supuestos delitos de rebelión y malversación, veía una “silla vacía”, la del Estado, ella dibuja el cuadro completo. No entra en si los Gobiernos central y catalán tienen la mejor de las actitudes, pero insiste en que, si hay “liderazgo político”, debe darse paso al diálogo.

Incluso en elecciones, incluso cuando la derecha se sirve de la cuestión catalana como puntal de su discurso en cualquier parte de la geografía española, incluso cuando interpretan que esto “les beneficiará en las encuestas”. “A largo plazo, en algún punto, sean los socialistas o el PP, alguien se tiene que sentar a la mesa”.
A su juicio, toca mirar a medio y largo plazo, a la gravedad de la “crisis en materia de derechos humanos”, en lugar de apostar por el regate corto, que “sólo va a endurecer todas las posiciones en Catalunya”.

Y aquí señala directamente a las instituciones europeas: “La UE está en buena posición para ayudar a que se sienten a dialogar. Si son sinceros cuando hablan sobre derechos humanos, la única forma de mantenerse firmes en esto es tratar lo que está ocurriendo en un Estado miembro, en su casa. La Comisión Europea, según su relato, “está en una posición perfecta para hacerlo”, para dejar el “cinismo” a un lado y defender el derecho de reunión, de expresión, los derechos digitales, porque “cuando se cerraron webs catalanas [sobre el referéndum]”, también se dio una “vulneración de derechos”.

En este punto, la eurodiputada irlandesa explica que, por su parte, en Bruselas, se esfuerzan por llevar a distintas comisiones parlamentarias las “contradicciones” entre “lo que desde las instituciones europeas se dice que son valores comunitarios”, y “lo que ocurre en realidad”.

“En la Eurocámara tuvimos la situación de que se bloqueó un acto con el expresident Carles Puigdemont. Se permitió uno de Vox, pero era un problema de seguridad traer a Puigdemont al Parlamento”, ironizaba.

Esto, por no hablar de la euroorden, el mecanismo que la justicia española intentó utilizar para forzar la extradición de Puigdemont y de exconsellers o exdiputados que llevan meses, un año y medio en el caso del expresident, en otros países.

“Exiliados”, que diría Boylan, ya que pese a que España “abusó de la euroorden”, “ningún otro Estado miembro los extraditó”, “porque las acusaciones no se sostenían. No puedes sostener que hubo rebelión o sedición sin violencia, y eso concluyeron todos los Estados miembro”. “No han vuelto a intentarlo porque saben que si se redujeran los cargos para extraditarlos, tendrían que hacer lo mismo con los que están en el juicio político”, zanjaba.

“Probablemente hay demóctratas por todo el mundo siguiendo el juicio”, apostillaba Crowe. En línea con Boylan, defiende que no hay “pruebas” que permitan sostener la prisión provisional que 9 de 12 procesados han afrontado a la espera de juicio -Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, exlíder de ANC y líder de Òmnium Cultural, respectivamente, llevan desde octubre de 2017 en prisión-.
“Creo que hay que pensar bien en esta cuestión. Incluso en este escenario tan avanzado el juicio debería suspenderse, y particularmente en medio de unas elecciones. Es un error mantenerlo, lo es desde varios puntos de vista”, sostiene el veterano político, que representó a su partido en las negociaciones que desembocaron en el Acuerdo del Viernes Santo, en 1998.

La Plataforma por el Diálogo UE-Catalunya y los “derechos vulnerados”

Boylan, que estuvo entre los observadores internacionales que asistieron al referéndum del 1-O, que describe como “una jornada de reivindicación pacífica y democrática”, explica que ha podido visitar en varias ocasiones a los dirigentes independentistas presos. Ha hablado con los 7 presos hombres, y también con Dolors Bassa, exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, tanto en la cárcel catalana como en la madrileña.

Entre otras cuestiones, denuncia que un partido “que forma parte de la acusación participe en las elecciones” (Vox), “pese a tener un programa que afecta directamente a Catalunya”; que “personas democráticamente elegidas” para desempeñar un cargo público se vean suspendidas de este derecho, o la “excesiva” estancia en prisión preventiva a la que se han visto sometidos.

Tras compartir un almuerzo con los "observadores internacionales" de la Plataforma International Trial Watch, constituida por organizaciones que denuncian semanalmente hechos relacionados con el juicio -algunas de estas organizaciones, abiertamente independentistas- resume en dos las preocupaciones que ambas partes, políticos irlandeses y observadores, han expresado: que los vídeos y correos electrónicos no se exhiban mientras los testigos están respondiendo -“Si tienes a un testigo hablando, y tienes pruebas que rebaten su testimonio, debes verlas de manera simultánea”-, y la larga duración de las sesiones de juicio.

Los acusados se levantan en torno a las 6.30 horas de la mañana, dejan los centros penitenciarios de Alcalá Meco (las mujeres) y Soto del Real (los hombres) poco después, y son trasladados en furgón a las dependencias en las que después aguardarán y comerán durante los recesos. A veces las sesiones han arrancado a las 9.30 horas, para acabar pasadas las 20.00 horas.

Por su parte, además, la eurodiptuada del Sinn Féin está entre la treintena de integrantes de la Plataforma por el Diálogo UE-Catalunya, fundada en Bruselas el 27 de noviembre de 2017, exactamente un mes después de la declaración unilateral de independencia (DUI) del Parlament. La plataforma, que ya envió a una delegación al juicio a principios de marzo, está integrada por 29 eurodiputados en activo y cuatro exparlamentarios -en torno a una docena del total son españoles- de distintos grupos políticos. Persigue lo mismo que abanderan ambos diputados irlandeses, que hoy han cruzado por primera vez las puertas del Supremo: hacer presión para que la UE propicie el diálogo.