Los exdiputados de la CUP Antonio Baños y Eulàlia Reguant han ratificado este martes su rechazo a declarar como testigos a las preguntas de Vox en el juicio del procés tras recoger la notificación de la multa de 2.500 euros que les impuso por esa negativa el Tribunal Supremo (TS).

A la salida del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que les ha comunicado la sanción, ambos diputados han asegurado que "defenderán hasta las últimas consecuencias" su rechazo a contestar a Vox y no han descartado presentar recurso ante la decisión del TS, para lo que disponen de un plazo de cinco días.

"Hicimos un acto de objeción de conciencia y lo defenderemos hasta el final", ha asegurado Reguant al opinar que esa es su única opción "ante un tribunal que avala la presencia de este tipo de ideologías (de extrema derecha) en el marco de un juicio ya de por sí sesgado y político".

Fuentes judiciales han explicado a Efe que, pasados los cinco días, los exdiputados podrían ser llamados a declarar de nuevo y, en caso de negarse a testificar otra vez, se les podría abrir un procedimiento penal por desobediencia grave ante la autoridad, ya que la ley obliga a los testigos a contestar a todas las partes.

Sancionados

Además de imponerles la sanción el pasado 28 de febrero, la sala segunda del TS acordó también concederles cinco días para que reconsiderasen su postura y les advirtió de que, de no hacerlo, se deduciría testimonio contra ellos por un delito de desobediencia.

No obstante, los exdiputados se han mantenido firmes en su decisión de no responder a las cuestiones del partido Vox, que ejerce la acusación popular en el juicio del procés.

"Estamos convencidos de que un acto de objeción de conciencia para hacer frente a partidos de extrema derecha xenófobos, racistas y machistas se tiene que permitir en este país", ha subrayado Reguant, quien tampoco ha descartado recurrir la multa.

"Si la vía de decirle al juez Marchena y al TS que no contestar a Vox es una decisión de compromiso y de conciencia es con un recurso, lo haremos", ha afirmado tras agregar: "Entendemos que la ética y el compromiso antifascista deberían estar por encima de lo que nos ordene el Tribunal".

De acuerdo con el artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), los testigos de procesos judiciales tienen la obligación de declarar ante el tribunal y responder a todas las cuestiones sobre los hechos por los que se les interroga.

Los testigos que se nieguen a responder se exponen a una multa de 200 a 5.000 euros y a la apertura de una investigación por un posible delito de desobediencia grave a la autoridad.

De todas formas y 24 horas después de conocerse la sanción del TS, la CUP logró recaudar 25.000 euros destinados a sufragar los 5.000 euros que suman, en total, las multas de ambos exdiputados.