Publicado: 25.01.2016 07:38 |Actualizado: 25.01.2016 13:55

Los juicios de corrupción pasan factura a los presidentes de los tribunales de Catalunya y Valencia

Pleno decisivo del Consejo General del Poder Judicial, que este jueves decidirá sobre las presidencias de cinco tribunales superiores de justicia. Sus vocales votarán también como magistrado del Supremo al secretario de Estado del PP que aupó a muchos de ellos al cargo

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El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes./ EUROPA PRESS

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, con la sala de gobierno del alto tribunal./ E. PRESS

MADRID.- Poder, corrupción y puertas giratorias. El órgano creado por la Constitución para proteger la independencia judicial frente al resto de poderes y que ha acabado controlado por los partidos políticos afronta este jueves un pleno decisivo: votará el destino de los presidentes de los cinco principales tribunales superiores de justicia, entre los que se encuentran los que más han abordado casos de interés político y de corrupción.

Se renuevan las presidencias de los tribunales superiores de justicia de Andalucía, Comunidad Valenciana, Catalunya, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Y aquellos magistrados que sean elegidos por los vocales, gobernaran el territorio judicial en los próximos cinco años.

Dos presidentes están contra las cuerdas, porque sus gestiones de casos muy relevantes de interés político y de corrupción no han gustado al poderoso presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ni a determinados grupos de presión del Partido Popular.

Son los casos de los presidentes del TSJ de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, y de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, cuyas cabezas se quiere cobrar Lesmes, apoyado por sectores del Gobierno, como ya ocurrió con Pablo Ruz, el instructor de la trama de corrupción Gürtel en la Audiencia Nacional, que ha acabado con la citación del PP como imputado.

Maniobras para acabar con el presidente del 'caso Mas'

Miguel Ángel Gimeno, es el más cuestionado y pocos apuestan por su reelección que votarán este jueves los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Gimeno, exportavoz de la progresista Jueces para la Democracia, retrasó nueve meses la toma de declaración del presidente Artur Mas y de sus consejeras Joana Ortega e Irene Ridau por auspiciar la consulta alternativa del 9 de noviembre de 2014, a pesar de haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno. EFE / Toni Garriga

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno. EFE / Toni Garriga

Miguel Ángel Gimeno apoyó al instructor de la causa para que esta declaración no coincidiera con un periodo electoral, conforme a la senda marcada por el Tribunal Supremo, que también retrasó la declaración de los expresidentes de la Junta  Manuel Chaves y José Antonio Griñán hasta después de las elecciones andaluzas de marzo de 2015.

Pero su decisión no gustó a Lesmes ni a la estrategia política del Gobierno de Mariano Rajoy.

Es más, Lesmes llegó a abroncar a Gimeno por este retraso en dos ocasiones. Nadie se escandalizó entonces por estas presiones directas sobre el presidente de un tribunal, la primera en la inauguración del curso de la Escuela Judicial, en abril pasado, y la segunda en la apertura del año judicial, el 8 de septiembre de 2015.

El viejo PP de Barberá y Camps ataca a De la Oliva

Si algo ha destacado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es por su lucha contra la corrupción, territorio donde los juzgados instruyen dos centenares de casos de corrupción política.

Su presidenta, Pilar de la Oliva, también está contra las cuerdas. Tiene poderosos enemigos, precisamente por sentar en el banquillo a estructuras corruptas crecidas en la Comunidad Valenciana. En especial, conspiran contra ella miembros del viejo Partido Popular de Valencia de Camps y de Rita Barberá. Pero también algunos poderosos juristas vinculados al Partido Socialista Valenciano.

Discreta e independiente, a pesar de su tendencia conservadora y su vinculación a la APM, De la Oliva ha sabido conducir el procesamiento que se saldó con la condena del todopoderoso Rafael Blasco, quien ocupó las estructuras del poder en Valencia durante dos décadas hasta el que TSJCV le encarceló seis años por corrupción.


Pilar de la Oliva también supo encauzar con éxito el juicio por jurado de los trajes regalados al expresidente Francisco Camps o el juicio de la trama de corrupción del caso Gürtel, vista oral sobre los negocios relacionados con la Feria de Turismo que preside actualmente estos días. En caso de que no sea renovada, las defensas planean recurrir su presidencia del tribunal juzgador, ya que el presidente de un TSJ preside la Sala de lo Civil y Penal que juzga a los aforados, como es este caso.

 La incógnita de lo que ocurra con Gimeno y De la Oliva se resolverá en el Pleno del próximo jueves, y marcará la tendencia para los próximos cinco años de ambos tribunales.

El pacto con Susana Díaz

También se renueva la presidencia del TSJ de Andalucía pero su actual titular, Lorenzo del Río, ha conseguido que nadie más se presente al cargo.

Del Río ha sido capaz de conducirse entre las aguas de los pactos de Lesmes y la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz. Estas conversaciones han desembocado en la creación de un eje de acero entre ambos de cara al futuro y han tenido como consecuencia la sustitución de Mercedes Alaya al frente del juzgado que instruye el caso sobre la trama de los ERES.

Además, Lesmes ha incorporado a  la abogada Pilar Sepúlveda, afin al susanismo, a la poderosa Comisión Permanente del CGPJ, cuyos integrantes son los únicos que tienen dedicación exclusiva. Con esta maniobra, quitó un miembro al sector progresista crítico que existe en el órgano constitucional.

Pilar de la Oliva, presidenta del TSJ de la Comunidad Valenciana y presidenta, por tanto, de la Sala de lo Civil y Penal que juzga a los aforados del territorio. Foto: EP

Pilar de la Oliva, presidenta del TSJ de la Comunidad Valenciana y presidenta, por tanto, de la Sala de lo Civil y Penal que juzga a los aforados del territorio. Foto: EP


Para el cargo de la presidencia del TSJCat parte como favorito el magistrado Jesús Barrientos, de tendencia moderada (es miembro de la Asociación Francisco de Vitoria) y presidente de la Sección Octava (Penal) de la Audiencia Provincial de Barcelona. El otro candidato es Fernando Lacaba, presidente de la Audiencia de Girona y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

El candidato con más respaldo para disputar la presidencia a De la Oliva sería Vicente Magro, presidente de la Audiencia Provincial de Alicante y que fue senador del Partido Popular. Otros candidatos son el presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, Pedro Castellano, y el titular del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Valencia, Juan Francisco Mejías.

Cospedal apoya al actual presidente de su TSJ

En cambio, Vicente Rouco, actual presidente del TSJ de Castilla-La Mancha parece que será renovado. Cuenta con todas las bendiciones de Lesmes y goza de la confianza de la expresidenta de la autonomía y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Al parecer, Rouco aspira a un nuevo mandato mientras espera a una vacante en la sala tercera del Tribunal Supremo.

Otros candidatos a presidir el TSJ de Castilla-La Mancha son la magistrada de la Audiencia de Albacete María de los Ángeles Moltalvá y el titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Albacete, José Ramón Solís.

El TSJ de Castilla y León divide a los conservadores

En el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León las aguas están revueltas y hay dudas sobre la inclinación del voto del próximo jueves, pero en esta renovación se entrecruzan más las relaciones personales que las políticas o los caso de corrupción.

Su actual presidente, José Luis Concepción, cuenta con el apoyo de su amigo Lesmes para la renovación. Pero el sector conservador está dividido ya que algunos vocales, encabezados por Vicente Guilarte, apoyan a María José Renedo, candidata que cuenta con el respaldo de muchos jueces del territorio, entre ellos el de la mujer de Guilarte, la magistrada Felisa Herrero quien carece de sintonía con Concepción.

Guilarte, amigo personal de Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno en funciones, va por libre en el órgano constitucional y ejerce este cargo al tiempo que defiende los intereses de los colegios de registradores, del que es abogado, ante los tribunales gracias a la reforma del CGPJ auspiciada por el PP que permitió tal compatiblidad.

El otro candidato es Carlos Álvarez, de Jueces para la Democracia, pero es posible que no sea apoyado ni por los suyos, en vista del pulso que se producirá en el Pleno. Además, el siguiente punto del orden del día es la renovación de los miembros de la  Comisión Permanente, que cobran 6.000 euros por su dedicación exclusiva a diferencia del resto de los vocales.

Sólo Lesmes puede proponer a los candidatos en la renovación de la Permanente -es el último regalo que ha recibido del Gobierno del PP en la nueva reforma del CGPJ- y se da por supuesto que uno de ellos será Rafael Mozo, de tendencia progresista.

Puertas giratorias

En este Pleno los vocales deberán votar quienes ocuparán dos plazas vacantes del Tribunal Supremo. A una de ellas concurre Fernando Román, quien fuera secretario de Estado de Justicia con Alberto Ruiz-Gallardón y quien aupó a los 12 vocales conservadores y a su presidente en los cargos actuales.

Muchos vocales ven difícil no votar como magistrado del Supremo al secretario de Estado que les promocionó para sus cargos, personalmente. Y a otros les resulta difícil votarlo precisamente por esta circunstancia.

Hay dudas de que Román pueda acceder al cargo porque no cumple los 15 años de ejercicio como juez, tal y como exige la jurisprudencia del Supremo. Si se descontara el tiempo que ha ejercido de Secretario de Estado del Gobierno y de letrado del Gabinete técnico, Román sólo contaría con ocho años y medio de ejercicio profesional.

Fernando Roman, secretario de Estado de Justicia con Alberto Ruiz-Gallardón, se postula como magistrado del Supremo. EFE

Fernando Roman, secretario de Estado de Justicia con Alberto Ruiz-Gallardón, se postula como magistrado del Supremo. EFE


Aún así, Román fue propuesto al cargo por la Permanente del pasado 14 de enero. Esta comisión fue presidida por Ángel Juanes, vicepresidente del Supremo en sustitución de Lesmes, quien se encontraba de viaje. Pero Juanes votó incluso las resoluciones de la Permanente, cuando no es miembro del CGPJ, cuyos integrantes son escogidos por las Cortes Generales.

Para la otra plaza se presenta Pablo Llarena, expresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Es una plaza de especialista en el ámbito Civil y Penal, cuando originariamente no era así. Pero nadie recurrió esta convocatoria.

En este Pleno del CGPJ tan crucial decide además si se sustituye a Ángel Calderón como presidente de la Sala de lo Militar. Para este puesto, Juanes apoya a Andrés Martínez Arrieta, magistrado de la Sala de lo Penal, quien cuenta con el respaldo de Lesmes. Ahora bien, el Ejecutivo ha trasladado a quien le ha querido oír que Calderón cuenta con el apoyo del Gobierno en funciones, y del Estado.