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La Junta descarta denunciar el homenaje al exministro franquista que vulnera su ley de Memoria

El Gobierno andaluz tilda los cánticos y saludos fascistas durante el entierro de Utrera Molina de “exaltación del franquismo”, penado en la norma con hasta 2.000 euros. Podemos e IU le exigen que se persone

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Una persona canta el himno falangista 'Cara al Sol' a la salida del féretro del fallecido José Utrera Molina que fuera ministro en la época franquista, y suegro del Alberto Ruiz-gallardón, en la Iglesia de San Miguel en Nerja. EFE/Jorge Zapata

Tres semanas después de que el Parlamento andaluz aprobase, sin ningún voto en contra, la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno de Susana Díaz se ha encontrado con el primer supuesto susceptible de ser sancionado en aplicación de dicha norma. Se trata del entierro, este fin de semana en Nerja (Málaga), del exministro franquista y exgobernador civil de Sevilla, José Utrera Molina, cuyo féretro fue acompañado a la salida de la iglesia de San Miguel por una docena de personas que entonaron el himno falangista del Cara al Sol, mientras brindaban homenaje al ataúd con el saludo fascista del brazo en alto.

El entierro fue un acto privado, pero el comportamiento en vía pública de algunos de los presentes -entre los portadores del féretro se encontraba el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, yerno de Utrera Molina- ha sido considerado por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía como un acto de “exaltación del franquismo” que, por tanto, vulnera el artículo 32.12 de la Ley andaluza de Memoria. El Ejecutivo de Díaz ha condenado los sucesos, pero descarta actuar de oficio y sancionar a quienes participaron en el homenaje al exministro de Franco, alegando que el régimen sancionador de la ley andaluza “aún no está desarrollado”, y que “en el ámbito punitivo” existen aún “muchas lagunas” de cómo actuar en estos casos, puesto que “la exaltación del franquismo o el fascismo no está tipificada en el Código Penal”.

“Condenamos absolutamente este tipo de actos, porque son una ofensa a las víctimas del franquismo y a los colectivos memorialistas que han trabajado con nosotros en la elaboración de la ley en aras de la verdad, la justicia y la reparación”, asegura el director general de Memoria Democrática de la Junta, Javier Giráldez. El Gobierno andaluz tampoco elevará el caso ante el Ministerio Fiscal, una decisión que contrasta con la iniciativa que ha adoptado el propio PSOE, que desde Juventudes Socialistas ha denunciado los hechos ante la Fiscalía por considerar que “vulnera la Ley estatal de Memoria Histórica (2007) y el propio Código Penal”. “El homenaje fascista durante el entierro de Utrera Molina, con la presencia de un exministro de Justicia, es un insulto a la inteligencia colectiva”, dice la diputada del PSOE-A y número dos de Juventudes Socialistas, María Márquez. Márquez fue ponente en la elaboración de la Ley andaluza de Memoria, y está convencida de que dicha norma tipifica actos como éste entre los susceptibles de ser sancionados.

El exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, yerno del fallecido José Utrera Molina, despide el féretro del que fuera ministro en la época franquista, junto a otros allegados en la Iglesia de San Miguel en Nerja. EFE/Jorge Zapata

Podemos e IU han reprochado a la Junta su respuesta “tibia” ante un suceso como éste. La diputada de la coalición de izquierdas, Inmaculada Nieto, cree que el homenaje en el entierro a Utrera Molina es “lo suficientemente grave como para que, al menos, el Gobierno andaluz tuviera el gesto político de llevarlo ante la Fiscalía para evidenciar lo ocurrido”, aunque Nieto comparte las dudas de la Administración sobre el recorrido judicial de esta denuncia. Más claro lo tiene Podemos, que llevará el asunto al Parlamento andaluz, y cuyo diputado Jesús de Manuel considera que “lo del funeral del exministro franquista es un ataque a la ley andaluza de Memoria, que las autoridades están obligadas por ley a prevenir y evitar”. Podemos se dirige también al Ejecutivo de Rajoy. Reprocha a su delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que hace unos día corriera a los juzgados para que el Ayuntamiento de Cádiz retirase de una plaza pública la bandera de la República, y ahora le exige que “abra una investigación por exaltación del franquismo” durante el entierro de Utrera Molina.

La Ley de Memoria Democrática entró en vigor el pasado 3 de abril, tiene apenas tres semanas de vida, y nace, en parte, como protesta del Gobierno autonómico ante la “no aplicación” de la legislación estatal por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El texto andaluz es, incluso, más exigente que el estatal a la hora de condenar las manifestaciones y propaganda franquista. El artículo 32.12, vulnerado durante el entierro del exministro franquista, según la Junta, reza así: “Las administraciones públicas de Andalucía, en el marco de sus competencias, prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del golpe militar o del franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron el golpe militar y la Dictadura”.

El artículo 32 de la ley hace referencia a los “elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática”, se subdivide en 12 puntos que describen situaciones o hechos que vulneran la norma, pero sobre todo es un artículo centrado en la permanencia de la simbología franquista y los plazos y procedimientos para su retirada. Sólo el punto 12 habla de “actos”, “homenajes” o manifestaciones que supongan una exaltación del franquismo o personas vinculadas a la Dictadura, un asidero legal que se añadió para evitar, por ejemplo, la autorización a los homenajes fascistas del 20 de noviembre (que conmemora la muerte de Franco). El incumplimiento del artículo 32 tiene una correspondencia en el apartado del régimen sancionador de la ley -“El incumplimiento de la prohibición de exhibir públicamente elementos contrarios a la Memoria Democrática, conforme al artículo 32, una vez transcurrido el plazo previsto en la disposición adicional segunda”- y conlleva sanciones leves, de 200 a 2.000 euros.

Fotografía de Archivo, tomada el 16 de diciembre de 1974, de Jose Utrera Molina, ministro y vicepresidente en diferentes Gobiernos de Francisco Franco. EFE/Volkhart Müller

José Utrera Molina, fallecido el sábado a los 91 años de edad, era el último ministro vivo del dictador fascista Francisco Franco, ministro de Vivienda en el último Gobierno de Carrero Blanco, exsecretario general del Movimiento en el primer Gobierno de Carlos Arias y ex gobernador civil de Sevilla de 1962 a 1969. También era suegro del exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que fue uno de los portadores del féretro en su entierro. Hace apenas cuatro meses, la Diputación Provincial de Sevilla le retiró a Utrera Molina la Medalla de Oro de la provincia, la mayor distinción que concede dicha institución, y que le había sido otorgada en 1969. El exministro franquismo recurrió a los tribunales para conservar la distinción y reprochó a los grupos políticos -la retirada de la medalla se aprobó por unanimidad- el “odio” contra su persona.

El féretro con los restos de Utrera Molina permaneció parcialmente fuera del coche fúnebre hasta que el grupo terminó de cantar. Uno de ellos gritó entonces: “¡Utrera Molina!”, y fue respondido a coro por varios asistentes: “¡Presente!”. “¡Francisco Franco!”, volvió a gritar; “¡Presente!”. El acto terminó con un “¡Viva España!”, y sólo entonces el féretro entró en el coche fúnebre. Entre los asistentes a la misa estuvo la hija de Franco, Carmen Franco Polo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y una decena de integrantes de Falange Española, que entonaron el Cara al Sol al finalizar la ceremonia.