Publicado: 02.04.2014 17:43 |Actualizado: 02.04.2014 17:43

La Justicia da cinco días a la Junta de Cospedal para que diga si readmite a los interinos despedidos

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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) está presionando a la Junta que preside la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, para que diga de una vez por todas si está dispuesta a acatar la sentencia emitida en enero por la Sala de lo Contencioso Administrativo de dicho tribunal, que le obligó a recuperar los 672 puestas de trabajo público que destruyó en 2012 y, por tanto, a readmitir a unos 300 interinos.

En concreto, la mencionada sala que está presidida por la magistrada Raquel Iranzo, ha dado al Gobierno castellano manchego cinco días para que se pronuncie "expresamente" sobre si "se opone o no a la ejecución de la sentencia" en los términos que habían establecido los sindicatos de la región, que fueron los que llevaron a los tribunales la mencionada destrucción de empleo.

En la providencia (ver PDF) notificada hoy a las partes, y a la que Público ha tenido acceso, el Alto Tribunal carga, asimismo, contra "la ambigüedad" del escrito presentado por la Junta en el que se recogieron sus alegaciones. La administración anunció su intención de presentar un recurso contra la sentencia del TSJCM, si bien la propia Cospedal aseguró en un programa de televisión que readmitiría a los interinos despedidos tal y como le exigía la justicia, si bien eso aún no se ha producido. 

La Junta había sido condenada dado que el Alto Tribunal consideró que el Gobierno regional "violó" el derecho a la libertad sindical recogido en la Constitución y vulneró el derecho a la negociación colectiva de sus propios trabajadores públicos.

En la sentencia (ver PDF) que adelantó este diario el TSJCM arremetía contra el papel que mantuvo la Junta en la reunión del 20 de agosto de 2012 entre el director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, y los sindicatos. En el orden del día de aquella mesa sectorial de los funcionarios estaba la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo de la administración regional.

Al encuentro, la Dirección General de la Función Pública llevó un borrador, que, tal y como contó Público, contemplaba la supresión de 672 puestos de trabajo público en Castilla-La Mancha. Al final de la reunión, ese borrador se convirtió en texto definitivo sin que se tocara ni una sola coma.

El Alto Tribunal dio la razón a los sindicatos UGT y STAS Intersindical, que recurrieron la decisión de la Junta. Explicó que "las circunstancias en que se desarrolló la sesión de la mesa negociadora, en la que habría de abordarse una cuestión de la trascendencia y envergadura de la que se trataba", como la documentada "merma efectiva" de la posibilidad de los sindicatos "de alegar sobre aspectos objeto de la negociación y de exponer razones que pudieran ser escuchadas y valoradas por la Administración, ponen de manifiesto la ausencia de una real negociación con posibilidad de ser eficaz".