MADRID.- La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado proseguir con la investigación de la supuesta "amnistía encubierta" (llamada así por los técnicos de Hacienda) llevada a cabo por la Agencia Tributaria cuando, en el año 2010 durante el Gobierno del PSOE, permitió a los evasores de la 'lista Falciani' regularizar su situación sin abrir una investigación previa, en un procedimiento muy poco habitual.

En un auto del juzgado nº 1 de la AP de Madrid, hecho público este viernes, se estima parcialmente el recurso de apelación presentado Sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), lo que obliga al juzgado a admitir su querella contra María Dolores Bustamante Esquivias, directora de Gestión Tributaria en aquel momento, y don Carlos Cervantes Sánchez-Rodrigo, exdirector de Inspección, por un supuesto delito de prevaricación administrativa.

La querella no fue admitida originalmente por un tecnicismo administrativo; la Agencia Tributaria comunicó a los miembros de la lista que procedieran a regularizar su situación o se abriría una investigación en una carta que no suponía un comunicado oficial. Para que exista prevaricación, dijo el juzgado, tiene que exisitir un acto administrativo, cosa que no era esa carta.

Sin embargo, la Audiencia de Madrid no comparte ese criterio y ordena la admisión de esa querella y la investigación por prevaricación administrativa de ambos querellados.

De haberse abierto una investigación sin esa carta de advertencia previa, los evasores se habrían podido enfrentar a penas de cárcel, que han podido sortear regularizando su situación.