A pocos días de que se celebre el juicio contra las cuatro personas imputadas por lanzar tartas a la presidenta navarra Yolanda Barcina en protesta contra la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV), diversas organizaciones han mostrado su alarma ante la marcha del proceso. La petición de penas de 5 a 9 años de cárcel por lanzar tartas resulta 'desproporcionada e irracional', según destacaron la Asociación Libre de Abogados, ATTAC, CGT, Ecologistas en Acción y Greenpeace en una rueda de prensa celebrada en Madrid junto a los encausados. Para estos colectivos, 'lanzar tartas no es un crimen'.

'Estamos viviendo una tendencia muy preocupante, una deriva muy peligrosa a nivel nacional e internacional, el intento de criminalizar la protesta pacífica más o menos heterodoxa', subrayó Mario Rodríguez, director de Greenpeace, como recoge una nota de prensa remitida por los colectivos. Es el caso del juicio a los denominadas tartalaris, a quienes se acusa de atentado a la autoridad por lanzar tartas a Barcina. Los imputados y quienes les apoyan sostienen que no hubo intención de causar ningún daño físico, como de hecho no ocurrió.

'Intentan criminalizar la protesta pacífica más o menos heterodoxa' La protesta tuvo lugar en Francia, donde se ha archivado la causa por ausencia de indicios de delito. Pero el juicio se celebrará el próximo lunes en Madrid. 'Será un juicio en el desierto', apuntaba Manuel Velasco de CGT, en referencia al lugar escogido para la vista: una sede de la Audiencia Nacional a las afueras de Madrid y de difícil acceso.

Las penas a las que se enfrentan 'se alejan del principio básico de la proporción', considera Rodríguez, y además se enmarcan en el intento general 'de amedrentar a la ciudadanía con peticiones de penas de cárcel estratosféricas'. Para ilustrar esas palabras, un vídeo proyectado durante la rueda de prensa, recorrió la historia de los 'tartazos'. Si ensuciar la cara de Bill Gates se saldó con una multa de 74 euros, otras muchas acciones similares se han archivado sin cargos. El caso de las tartas de Barcina se sale del molde.

'Lo ocurrido en 2011 debe entenderse en un contexto de descontento', subrayó por su parte Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. 'Llegó como reacción a un proyecto que nunca se pudo debatir a nivel social'. Y también como vía para denunciar la 'mitología del tren de alta velocidad', un pozo sin fondo de inversiones que además 'va dejando heridas medioambientales tremendas a lo largo del territorio', explica Segura. Para destacar que la protesta de los tartalaris no es aislada, recordó las cifras a nivel estatal: en 2014 se destinarán 3.200 millones de euros al AVE frente a los 120 millones dirigidos a cercanías.

'No llegamos por gusto hasta allí', recordó Gorka Ovejero, uno de los cuatro tartalaris. La falta de información ha marcado todo el proceso del TAV desde 1994. El movimiento al que pertenecen, Mugitu TAV, engloba a personas de diferentes ideologías que se oponen al tren de alta velocidad, recordó Gorka, pero se ha intentado asociar sus acciones con el terrorismo para criminalizar las protestas en vez de hablar de datos y proporcionar información.