Publicado: 13.08.2014 00:00 |Actualizado: 13.08.2014 00:00

Latinoamérica, principal referente ante el retroceso de los derechos humanos en España

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El de justicia transicional es un concepto poco utilizado en España, ya que precisamente el espíritu de la Transición y la letra pequeña de la Ley de Amnistía de 1977 que pasa página sobre la responsabilidad de los crímenes del franquismo han condenado al fracaso cualquier intento de aplicación en el orden práctico comenzando con el intento del entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que con su auto de octubre de 2008 pretendió investigar la represión de la dictadura franquista amparándose en el derecho internacional. El Tribunal Supremo tardó pocas semanas en cortar en seco el propósito del juez andaluz, sentando una doctrina jurídica de prohibición ante futuros intentos en esa línea que se prolonga al presente actual.

Los avances de la justicia transicional en Latinoamérica ponen en evidencia los retrocesos en los derechos humanos que padece España. Esta podría ser una de las grandes conclusiones derivadas del curso universitario de verano celebrado recientemente en Torres, el pequeño pueblo natal jienense del juez Baltasar Garzón, que analizó en varias mesas redondas, conferencias y talleres si la justicia transicional es una solución para las víctimas de dictaduras y guerras civiles en el mundo.

Según el glosario de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), se entiende por justicia transicional como "la justicia de transición que abarca toda la variedad de proceses y mecanismos —judiciales o extrajudiciales— saciados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación".

En España la justicia transicional está íntimamente ligada a la recuperación de la memoria histórica, ese proceso generacional derivado de la llamada "rebelión de los nietos" de las víctimas del franquismo cuyo origen se sitúa en torno al 2000, a raíz de la primera exhumación de una fosa de la guerra civil —la de Priaranza del Bierzo, León— con criterios científicos internacionalmente homologados y con la constitución de la primera gran organización, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), presidida por Emilio Silva, nieto de fusilado.

Expertos latinoamericanos en derechos humanos y derecho internacional como los argentinos Remo Carlotto y Juan Manuel Martín Fresneda, el colombiano Manuel Ramiro o la peruana Laura Zúñiga expusieron en el curso de verano de Torres la experiencia vivida en sus respectivos países en materia de justicia transicional, "procesos que se vieron impulsados a partir de los años 80 y 90 del siglo pasado para ayudar a las víctimas y para regenerar la democracia, que en Latinoamérica se han desarrollado en pos de la verdad, la justicia y la reparación", en palabras de Almudena Bernabéu, abogada y directora del Programa Jurídico de Latinoamérica y del Programa de Justicia Universal del Center for Justice and Accountability de San Francisco (EEUU). "Podemos atribuir su éxito en Latinoamérica a ejemplos como los de Argentina, Chile, Colombia o Guatemala", dice este experta española, que destaca la inclusión de las víctimas como "piezas clave" en estos procesos, de cara a las garantías de no repetición.

La evolución de estos procesos ha sido diferente en cada país, aunque en todos ellos el denominador común ha sido la creación de una Comisión de la Verdad. En total, durante estas últimas décadas se han contabilizado 37 comisiones de la verdad constituidas en todo el mundo —principalmente en Latinoamérica, pero ninguna en Europa occidental— con el objetivo de superar los problemas del paso de dictadura y/o guerra civil a democracia. No obstante, "las comisiones de la verdad no sólo revelan hechos, sino que también elaboran un relato con protagonismo de las víctimas, que puede ser un buen complemento para los tribunales penales", precisa Antoni Blanc, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Lleida.

La verdad como objetivo para superar el paso de la dictadura a la democracia

Sin embargo, las comisiones de la verdad carecen de una guía común, carecen de estatuto jurídico, aunque cuenten con el respaldo de Naciones Unidas. Cada país, por tanto, las puede configurar con arreglo a sus criterios y establecer las limitaciones que considere oportunas. Así, es distinta la solución de Argentina a la de Colombia o Chile. La comisión más conocida, la de Sudáfrica, promovida por el obispo Desmán Tutú, puso especial énfasis en la reconciliación. La de Guatemala no dio nombres de los represores y sólo responsabilizó al ejército, aunque facilitó el juicio posterior contra el dictador Efraín Ríos Mont. "Algunos gobiernos dejan a víctimas y victimarios frente a frente para que se las arreglen cuando puedan, y eso está mal hecho", lamenta Mario López, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, defendiendo la importancia de la mediación en estos procesos de justicia transicional.

"En El Salvador sólo pagaron los militares, pero no los empresarios que financiaban la represión ni los políticos", asegura Manuel Ramiro, director del Centro de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, consciente de la importancia del proceso colombiano tras 50 años de conflicto armado, pero también convencido de la dificultad de dar satisfacción en términos de reparación a los seis millones de campesinos que han sido expulsados de sus tierras. "Ahora se está discutiendo sobre el tope de condena de cárcel, entre siete y ocho años, para los guerrilleros de las FARC y los paramilitares". El experto colombiano comenta que los ejecutores de los crímenes en Colombia no quieren ser los únicos identificados y juzgados, por lo que se está planteando extender la responsabilidad penal también sobre políticos y empresarios.

"Las comisiones de la verdad tienen unos perfiles que varían de un país a otro según sus características y la correlación de fuerzas políticas", reconoce Carlos Villán, presidente de la Asociación Española de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quien pese a constatar el obstáculo que supone la Ley de Amnistía del 77 para la acción de la justicia interna en España, aboga por el establecimiento de una Comisión de la Verdad en nuestro país y afirma tajantemente que "ante unos crímenes tan atroces, no cabe el perdón, ni judicial ni político".

Las comisiones de la verdad tienen, como mínimo, un efecto divulgador acerca de unos crímenes que habían pasado inadvertidos para buena parte de la población. Así ha ocurrido, por poner dos ejemplos, en Perú y en Argentina. "La ciudadanía no conocía lo que estaba sucediendo hasta que se hizo público el informe elaborado por la Comisión de la Verdad en 2003 y creó una gran conmoción social", señala Laura Zúñiga, profesora de Derecho Penal y asesora de la citada comisión.

"Los tiempos que necesitan los pueblos para procesar las grandes tragedias son difíciles de comprender, porque éstas resultan tan complejas que nos paralizan", comenta Juan Manuel Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, al tiempo que para emprender el avance hacia la verdad hace falta una "masa crítica y una simbiosis" entre el proceso de las víctimas y el de la política. Martín Fresneda se apoya en el caso argentino para aludir al caso español: "En Argentina, el pueblo tardó mucho en admitir que lo que había sucedido no había sido a las Madres de la Plaza de Mayo, sino a la democracia, a la economía, a todo el tejido social en general", señala antes de sugerir que "en España, ha de comprenderse que estas experiencias no sólo implican genocidio y matanza. Implican un desgaste de la democracia".

"La democracia estará incompleta mientras haya cadáveres en las cunetas"

Entrando de lleno en el caso español, el portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad Jaime Ruiz critica la insensibilidad del Gobierno hacia las víctimas como una forma de hacer política que "es consecuencia envenenada del franquismo" y lamentó que perviva "todavía un relato de la historia que se nutre de las concepciones franquistas". En esa falta de verdad en la España actual están, según Ruiz, las raíces para construir una verdadera democracia, "un proceso que estará incompleto mientras haya cadáveres en las cunetas, ya que el perdón sólo viene después del conocimiento y la investigación".

Jorge Rodríguez, abogado y miembro de la Asociación Española de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, defendió la Comisión de la Verdad como "el mejor mecanismo para conseguir la verdad global sobre el periodo represivo en la guerra civil y el franquismo", aunque "no podría sustituir en ningún caso al proceso penal". En cuanto al diseño y el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, este experto jurista propone acotar para su estudio el período de tiempo comprendido entre 1936 y 1977, que los hechos investigados sean aquellos que a la hora en que se cometieron ya constituyeran delitos en derecho internacional y que los comisionados sean historiadores y juristas españoles y extranjeros.

Especialmente críticos con la controvertida reforma de la jurisdicción universal promovida por el Gobierno de Rajoy y aprobada por el Congreso de los Diputados se han mostrado dos juristas de la Audiencia Nacional española. Por un lado, el magistrado José Ricardo de Prada la califica de "adefesio" al tiempo que alenta la posibilidad de promover un recurso de inconstitucionalidad "por amparar la impunidad". Y por otro, la fiscal Dolores Delgado, pesimista ante la regresión que supone dicha reforma. "Cuando hablamos de derechos humanos, torturas o genocidio, todo son obstáculos", asegura la fiscal, convencida de que "hemos perdido parte de nuestra seguridad como parte de la comunidad internacional por un tema económico", en alusión a la presión política del Gobierno chino. Incluso el argentino Martín Fresneda ha alertado de que esta polémica reforma "puede hacer que España se llene de genocidas de otros países".

"España es referente en la defensa de impunidad para los tiranos"

Tanto en las ponencias como en los debates del curso estival sobre justicia transicional celebrados en Torres, el pueblo jienense natal de Baltasar Garzón, hubo bastantes críticas hacia el Gobierno del PP por "el bajo nivel de calidad de la democracia española", al tiempo que se recordó la evolución negativa de España, al haber pasado de ser un referente mundial en la lucha sin fronteras por los derechos humanos, a serlo de defensa de la impunidad para los tiranos.

Martín Fresneda asegura que "Argentina se siente dispuesta a devolver lo que hizo España por el país" y se muestra convencido de que en España "se van a generar las condiciones para que la democracia se regenere y busque la verdad". Una verdad que para las víctimas es la principal prioridad, junto a las garantías de no repetición, pero por encima de los otros dos pilares de los procesos transicionales, la justicia y la reparación, como recuerda el experto colombiano Manuel Ramiro.