Publicado: 06.07.2016 13:37 |Actualizado: 06.07.2016 15:52

Les Corts Valencianes reclaman un ingreso mínimo para familias sin recursos

La propuesta, del PSPV-PSOE, ha contado con el apoyo de Compromís y Podemos, mientras que el Partido Popular y Ciudadanos se han abstenido.

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La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Política Inclusiva, Mónica Oltra, en el Pleno de Les Corts, en el debate de una propuesta socialista y otra de Compromís sobre la implantación de un ingreso mínimo y otra de ayudas de emergencia soc

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Política Inclusiva, Mónica Oltra, en el Pleno de Les Corts, en el debate de una propuesta socialista y otra de Compromís sobre la implantación de un ingreso mínimo y otra de ayudas de emergencia social respectivamente./ EFE

VALENCIA.- Les Corts Valencianes han acordado este miércoles reclamar al Gobierno un ingreso mínimo vital para atender a las familias necesitadas sin recursos económicos, a través de una nueva prestación no contributiva igual al 100% del indicador público de rentas de efectos múltiples (Iprem) mensual vigente en cada momento.

La propuesta del PSPV-PSOE ha contado con el apoyo de Compromís y de Podemos, mientras que el Partido Popular y Ciudadanos se han abstenido.



El texto socialista pedía una nueva modalidad dentro de las prestaciones familiares de la Seguridad Social que consistiera en una asignación económica cuya cuantía fuera igual al 80% del Iprem. Una enmienda de Podemos ha modificado el texto original para elevar la cuantía al 100% del Iprem y añadir que esa cantidad se vaya incrementando para aproximarse al mínimo del umbral de la pobreza previsto en la encuesta de condiciones de vida.

La petición al Gobierno recoge que además esta cuantía se incremente en función del número de miembros a cargo de la unidad familiar, con el fin de establecer un sistema como última red de protección social que combata la pobreza infantil.

La nueva prestación para familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social debe contar con la colaboración pactada de los servicios sociales de las comunidades autónomas y su gestión se debe coordinar con los planes de inclusión social y de atención integral a la familia.

La diputada socialista que ha defendido la propuesta, Concha Andrés, ha considerado "urgente" acordar una respuesta a estos hogares ya que el sistema de protección en España es "muy complejo". Andrés ha abogado por un pacto de "toda la sociedad" para luchar contra la pobreza con un sistema que garantice el acceso universal y unas cuantías homogéneas en toda España, y ha asegurado que la nueva modalidad de prestación evitaría duplicidad de esfuerzos. La diputada socialista ha reclamado un revisión del Salario Mínimo Interprofesional y el sistema de protección, así como del sistema fiscal para incrementar su progresividad.

La diputada del PP María José Catalá ha manifestado que esta iniciativa de elevar al 100 % del Iprem ya había sido presentada, y ha criticado que, con ella, se quiere esconder "una nefasta gestión" en los pagos de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Ciudadanos, por su parte, ha argumentado su abstención por la nueva normativa de renta autonómica de ciudadanía en la que se está trabajando.

Modificación de leyes de subvenciones y haciendas locales

Por otra parte, Les Corts han aprobado por unanimidad pedir al Gobierno la modificación de las leyes de subvenciones y haciendas locales para garantizar la percepción de las ayudas de emergencia social o de ayudas para material escolar, libros de texto o comedor, a todos los que puedan justificar que no están al corriente de las obligaciones tributarias por una situación de vulnerabilidad social.

Compromís, que ha presentado la propuesta aprobada, considera que la legislación estatal que establece que las personas que no estén al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o ante la Seguridad Social pierden el derecho a solicitar subvenciones, "sin excepciones", "pone en peligro algunos derechos fundamentales".

"Si bien resulta razonable el requisito respecto a asociaciones o personas que, a pesar de poder estar en el día en las obligaciones tributarias, no lo están, no parece aceptable que en este grupo se incluyan también las ayudas a las personas que, a consecuencia de la crisis económica, están en una situación de vulnerabilidad. Ni es aceptable, ni es razonable, ni es moral", según Compromís.

El texto aprobado también reclama la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de que declare inembargables las ayudas de índole social. El acuerdo ha incluido finalmente una enmienda de Podemos para que el ejecutivo valenciano considere en la futura ley autonómica de servicios sociales liberar a los beneficiarios en situación de vulnerabilidad del requisito de no tener ninguna deuda tributaria.