El pasado 22 de noviembre se producía por primera vez en la historia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) un debate entre las candidaturas a ocupar el sillón del decanato. Las elecciones, que tendrán lugar el próximo 13 de diciembre en el centro de la capital, se producen después del mandato de la primera mujer decana en la historia del colegio Sonia Gumpert. Su quinquenio pretendía acabar con el dictado de los grandes bufetes de abogados que predominaba en la entidad hasta 2012 bajo el liderazgo de Antonio Hernández-Gil (defensor de la reina emérita en la demanda contra Ashley Madison).

El inicio de la etapa Gumpert no pudo ser más esperpéntico. La misma noche electoral se desencadenaron las acusaciones de fraude hacia la candidatura de la actual decana, con intervención policial incluida después de que dos personas de la candidatura de Gumpert intentaran llevarse cuatro ordenadores personales. El resto de candidatos acusaban al equipo de Gumpert “de cruzar los datos facilitados por los interventores que tenían en las ocho mesas electorales con el censo de colegiados y de ofrecer pagarles el taxi si acudían al Palacio de Congresos a votar”, según cuenta la crónica de El País de la noche electoral. Cuatro días después la junta electoral proclamaba ganadora a la decana, pero hasta un año después la Audiencia Provincial de Madrid no desestimaría la querella interpuesta por el resto de candidatos acusándola de utilizar medios materiales y económicos para que los colegiados acudieran a votar en masa.

Por si no fuera suficiente lastre para su mandato, en el primer año dimitían cuatro miembros de la Junta de Gobierno. La propia decana proclamaba que estas renuncias respondían a un intento de derrocarla, alertando de que si se producían dos dimisiones más habría que convocar elecciones anticipadas, como desvelaban unos correos electrónicos que llegaron al conocimiento del colegio de forma anónima bajo el asunto “El plan de salida de la delincuente comienza a cobrar vida”.

La proclamación de la primera candidata que no contaba con el apoyo de los grandes despachos, aunque recibiera un apoyo económico vital del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE, principal centro de másteres universitarios), ha desatado una continua división dentro de la junta y los 77.000 adscritos al Colegio. Fruto de ello, los candidatos que copan las próximas elecciones resultan de las distintas corrientes críticas (y oficialistas) generadas en torno a la gestión de Gumpert. Javier Íscar (diputado de la Junta de Gobierno y encargado oficialista para suceder a la actual decana), José María Alonso (presidente del despacho Baker Mckenzie Madrid, etiquetado como el candidato financiado por el ISDE y los más importantes bufetes), Manuel Valero (vicedecano del ICAM y principal crítico con el gobierno de Gumpert), Nicolás González-Cuéllar (el candidato en pro de la transparencia que está cargando con mayor vehemencia contra la opacidad de la institución y el apoyo otorgado a Alonso); y, por último, la única mujer candidata, Luz Elena Jara, de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas Luz Elena Jara (quienes no han formado parte del gobierno de la institución).

Si los inicios de mandato de Sonia Gumpert fueron convulsos, el debate celebrado el pasado 22 de noviembre no se quedó atrás y pocos fueron los que evitaron entrar al barro. Entre acusaciones cruzadas de despilfarro de los recursos del Colegio de Abogados y de financiación a distintas candidaturas de centros como el ISDE, quedó de manifiesto la necesidad de la institución de mirar al futuro.

La gestión de Gumpert divide a las candidaturas

Las cuatro candidaturas que confrontan al oficialista Javier Íscar coinciden en la crítica a la gestión económica y a la opacidad de la institución. Según estas, la falta de transparencia es recurrente y aspectos como las subvenciones otorgadas y recibidas, las remuneraciones de los miembros del Gobierno, los viajes que realizan los diputados, las habituales incompatibilidades entre el ejercicio público y privado adolecen de una explicación transparente.

Entre los principales logros que destaca el miembro de la Junta de Gobierno Íscar está la reducción del 6% en las cuotas de colegiación, la reducción en los tiempos para cobrar las cuotas del turno de oficio o la descentralización de la actividad del ICAM con una nueva sede en Móstoles, entre otras. Pese a las anunciadas bondades de su gestión, el mandato de Gumpert ha encontrado su principal oponente entre uno sus más fieles cuando llegó al decanato. Se trata del ahora candidato Manuel Valero, quien como vicedecano y tesorero ha denunciado las presuntas irregularidades del ejercicio de gobierno. Una de ellas, contra Gumpert y todo su equipo, fue archivada con el pistoletazo de salida al actual período electoral. La Audiencia Provincial de Madrid concluía que la Junta de Gobierno no había prevaricado al imponer sanciones a varios colegiados sin que tuvieran lugar requisitos regulados por el Estatuto General de la Abogacía como la votación secreta.

Como tesorero de la entidad, Valero también optó por confrontar una de las decisiones más polémicas de este mandato como la contratación de un servicio médico para todos los colegiados, que ha supuesto la subida de las primas de un 300% para los mayores de 65 años y un importante gasto extra para el ICAM. “El traspaso del servicio era irreversible porque era un acuerdo del anterior equipo de gobierno y tenía que producirse antes de marzo de 2013. La decana decidió tumbar lo acordado pidiendo informes para buscar en el mercado una aseguradora de las más potentes del mercado. La broma nos costó 800.000 euros. Como este caso que denuncié como tesorero, otra serie de decisiones que en total nos han costado 11 millones de euros”, asevera a este diario Manuel Valero. Una de las cuestiones que más le dolió, al ser uno de los propulsores de la candidatura de Sonia Gumpert, fue como ningunearon su figura llevando las decisiones de gastos a las juntas sin pasar por la tesorería.

Otro de los asuntos que ha generado revuelo entre los colegiados han sido los arbitrajes ajenos al ICAM llevados a cabo por la decana Gumpert y el diputado Íscar, su incompatibilidad con la función pública y con la Corte de Arbitraje que tiene el propio Colegio de Abogados -y que se encuentra denostada-. Ante las críticas por quedarse para el lucro personal el dinero ingresado por los arbitrajes, a diferencia del anterior decano que lo donaba al Colegio, Sonia Gumpert declaraba al diario Expansión: "Entiendo que ese trabajo jurídico es profesional y debería estar retribuido. Si el anterior decano lo regalaba porque su situación económica o sus convicciones le aconsejaban hacer otra cosa, me parece fenomenal, pero no lo comparto”. El actual candidato Íscar ha recibido semejantes denuncias de conflicto de intereses que pueden empañar su carrera hacia el decanato, al ejercer como secretario general y presidente de dos asociaciones de arbitraje. Tanto Íscar como Gumpert realizaron una gira por países latinoamericanos en 2013, en la que utilizaron sus cargos en el ICAM en favor propio -según denuncia la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA)-.

Los problemas reales del ICAM, en un segundo plano

El detrimento de la función pública en favor de la actividad privada de la institución afecta sobremanera a los colegiados del turno de oficio, que ven degradada su labor básica de defensa de las personas más vulnerables que no pueden costearse un abogado. Desde ALA denuncian el constante intento de la administración de privatizar el turno de oficio, con la connivencia del Colegio de Abogados: “La ciudadanía ha sufrido los recortes en servicios públicos de todo tipo, producto de una política expresa de privatización de los servicios públicos, de su externalización, y de la renuncia de la Administración estatal y autonómica a una gestión eficaz. Esta situación ha sido aceptada por los órganos colegiales, quienes se han limitado a aceptar y callar en un intento de salvaguardar unos servicios mínimos que hoy vemos son absolutamente insuficientes, lo que nos permite afirmar que es un servicio público que se desvanece. El espacio social y jurídico que se cubría desde el turno de oficio, ha sido ocupado por fundaciones, entidades privadas, organizaciones no gubernamentales, abogados pro bono, “clínicas jurídicas”, o simplemente por despachos low cost”.

Ante la falta de atención por parte de los organismos públicos, los colegiados de oficio de la capital iban a la huelga en marzo de 2015 para denunciar los recortes llevados a cabo por la Comunidad de Madrid y exigir la recuperación de la remuneración de los letrados, que se redujo un 20% en 2012 con la austeridad auspiciada por Esperanza Aguirre e Ignacio González. En total, un 44% menos de presupuesto desde que la Comunidad de Madrid asumiera las competencias de justicia gratuita y del turno de oficio en 2003. Esta cesión de las competencias provoca que la remuneración del turno de oficio sea un 51% inferior en Madrid respecto a Galicia, un 99% respecto al País Vasco y un 36% respecto a Cataluña. Amén de la desaparición de la financiación del servicio de orientación jurídica que se ocupaba de la atención a personas mayores y menores internos en centros de reforma.

Ni el servicio médico ni la degradación que arrastran los colegiados de oficio ocuparon el foco del debate el pasado 22 de noviembre. Por el momento, la institución sigue inmersa en luchas de poder y viejas rivalidades, quedando en un papel exiguo los programas electorales y la necesidad de repensar el colegio como una institución de servicio público.