Dos de los supuestos fraudes a la Administración pública más sonados en España han golpeado de lleno las arcas del Gobierno de Andalucía: el macrofraude de los ERE, que encara su recta final tras casi siete años de instrucción, y las irregularidades en la concesión de ayudas para cursos de formación a parados. Entre ambos, la Consejería de Hacienda ha solicitado formalmente la devolución de 284,3 millones de euros, pero hasta ahora sólo ha recuperado 16,5 millones de euros (un 5,8% del total). Era un dato desconocido hasta ahora. Esta partida se desglosa en 11,9 millones de las ayudas para formación sin justificar y 4,6 millones procedente del fondo de los ERE, apenas un 3,4% de los 135,3 millones de euros que se reclaman por la vía administrativa.

Hasta ahora, la Junta se había escudado en que los dos procesos judiciales seguían vivos para no aclarar dos cifras que la oposición lleva bastante tiempo reclamándole: una es el dinero que la Junta da por perdido, es decir, el montante total que Hacienda admite como “defraudado”; la otra cifra es la del dinero recuperado por vía administrativa o judicial. La oposición, sobre todo el PP, que está personado en el caso ERE, llevaba meses exigiendo la cifra al Gobierno andaluz y cuando ha obtenido los datos, enseguida los ha puesto en entredicho. “El agujero a las arcas públicas es mucho mayor, pero lo enmascaran en procedimientos abiertos de reintegro que nunca se cierran, porque el dinero no se devuelve”, advierten.

Los populares cuestionan los datos que maneja la consejería y recuerdan que el fondo de Empleo con el que se pagaron los supuestos ERE irregulares se nutrió de 854 millones de euros durante los 11 años que investigan los jueces. “No es verosímil la cifra que reclaman y no queremos creernos lo que dicen que han recuperado, apenas cinco millones”, advierten.

El Gobierno andaluz reclama esos 284,3 millones de euros a empresas de formación, sindicatos, entidades sociales y otras administraciones, como ayuntamientos. Muchos de los expedientes de reintegro están estancados en los juzgados, porque las adjudicatarias presentaron alegaciones y el proceso aún no está resuelto del todo. Un 60% del dinero que falta por cobrar corresponde a expedientes paralizados judicialmente y el 40% restante se encuentra en fase recaudatoria en la Agencia Tributaria Estatal (AEAT), pero el reintegro se ha retrasado por distintas razones, como embargos de la empresa de formación deudora o por las dificultades de identificar a los terceros responsables, explican desde Hacienda. En el caso de los ayuntamientos que no han justificado las ayudas que la Junta le concedió, el reintegro del dinero se ha realizado mediante “compensación de deuda”. En muchos casos se trata de ayudas andaluzas que solicitó un municipio para poner en marcha un proyecto, pero que finalmente abandonó sin hacer.

La posición de la Junta respecto al caso ERE no es exactamente igual que con la causa de los cursos de formación. Los departamentos de Hacienda y Empleo insisten en que este último caso se está desinflando en los tribunales -archivado en la mayoría de juzgados- pero su propia investigación interna ha destapado un desfase entre las ayudas concedidas y las que se han justificado correctamente.

Aún se reclaman 149 millones de euros a sindicatos y empresas de formación adjudicatarias que no han sabido o podido explicar cuál fue el destino final del dinero que recibieron. Además, la jueza María Núñez Bolaños acaba de reactivar la causa de los cursos de formación al imputar a 23 personas por “contratos irregulares” de la Faffe, la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo de la Junta. El importe de ayudas bajo sospecha asciende a otros 9,4 millones de euros.

El macrofraude de los ERE es el mayor golpe político que ha sufrido el Gobierno andaluz, con más de 250 imputados, entre ellos dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados de prevaricación y malversación de fondos. Chaves se enfrenta a inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación, mientras que para Griñán el fiscal pide una pena de seis años de cárcel por malversación y 30 de inhabilitación por prevaricación.

El fraude de los ERE pone bajo sospecha el sistema para la concesión de ayudas públicas para el empleo que rigió en la Junta durante más de una década. Un dinero que salía de una partida de la Consejería de Empleo, bautizada como “fondo de reptiles” por uno de los principales encausados, el exdirector general de Empleo, Javier Guerrero. La partida presupuestaria para pagar los ERE contenía 854 millones de euros durante 11 años, aunque la justicia tiene que determinar aún a cuánto ascendió el fraude. La Junta, por vía administrativa, reclama la devolución de 135,3 millones de euros.

La Faffe, fundación pública para el empleo de la Junta de Andalucía, es un nexo común entre el caso ERE y el de formación, porque aparece en las dos instrucciones judiciales. La Guardia Civil denunció que esta entidad, financiada con partidas destinadas a cursos para parados, pudo haber pagado a una plantilla con contratos “al margen de los cauces legalmente establecidos”. El propio Gobierno andaluz denunció estos fichajes a dedo, señalando directamente como responsable al exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso ERE. La Benemérita validó la “conexión” entre la fundación y el pago de las nóminas a una empresa con fondos destinados a formación, lo que podría suponer un uso fraudulento de este dinero.

Ahora la jueza Núñez Bolaños, que tomó el testigo de Mercedes Alaya en el caso ERE y que también investiga las irregularidades en la macrocausa de la formación, ha citado a declarar en febrero a 23 personas vinculadas con “contratos irregulares” por un importe de 9,4 millones de euros en el seno de la Faffe, respondiendo así a una petición de la Fiscalía Anticorrupción que aprecia delitos de prevaricación y malversación de fondos. Entre los encausados se encuentra el ex director general de la Faffe Fernando José Villén Rueda; el ex director de organización y sistemas de la Faffe Joaquín Morales Martínez; el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado; o el que fuera alcalde de Lebrija (Sevilla) durante 23 años, Antonio Torres García (PSOE).