Publicado: 15.01.2014 13:12 |Actualizado: 15.01.2014 13:12

Madrid se llena de 1.400 voces que piden que el Gobierno cese de recortar en Derechos Humanos

Amnistía Internacional entrega al Ejecutivo 65.000 firmas recogidas con motivo de la campaña 'Hasta que nos escuchen, nos van a oír'.

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Amnistía Internacional (AI) ha recogido a lo largo de estos últimos meses más de 65.000 firmas y 1.400 mensajes de voz que denuncian las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en materia de Derechos Humanos.

Estas voces se han reproducido en una furgoneta que ha recorrido las calles de Madrid. El coche ha pasado por los Ministerios de Fomento, Sanidad e Interior, emitiendo los mensajes de voz que han sido grabados en más de 30 ciudades de todo el territorio nacional. Una foto del presidente de Gobierno en la que se leía "Mariano Rajoy y su gobierno #No escuchan" decoraba la furgoneta.

"Estamos aquí para trasladar el mensaje de miles de personas que piden que la crisis económica no sea una excusa para recortar en derechos fundamentales", asegura Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional, en la entrega de firmas a Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa. Esta ong también emprendió una campaña de recogida de firmas a través de su página web , cuyo resultado dio más de 65.000 firmas en contra de estos recortes.

Estas peticiones han sido entregadas esta mañana en la puerta del Palacio de la Moncloa, con un claro eslogan dirigido a las autoridades "hasta que nos escuchen, nos van a oír". Desde la organización reclaman que "el Estado debe cumplir obligaciones contraídas internacionalmente" y piden que se refuerce la protección a las personas más vulnerables "en vez de recortar en sus derechos".

La presidenta adjunta de AI insiste en que "el Gobierno no puede permitirse que la gente se quede en la calle y que se vulneren sus necesidades en sanidad, entre otras cosas, porque la crisis económica pasará a ser una crisis de Derechos".

Tras los dos años de mandato del Ejecutivo, solicitan que algunas de las medidas llevadas a cabo sean derogadas, como la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares , las limitaciones a manifestaciones pacíficas o la intención de poner en marcha cambios en la ley de seguridad ciudadana .

Mohamed Rajid, tiene 47 años y vive en Cañada Real junto a su familia, una zona de terreno público. Tras quedarse en el paro también se le comunicó una notificación de desalojo de la vivienda a la que recientemente se había trasladado. Tras un proceso judicial, en enero de 2013 decide recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. A la espera de la resolución, el derribo ha sido paralizado. Rajid también decidió presentar una solicitud para una vivienda por especial necesidad, pero a fecha de hoy sigue sin contar con un hogar alternativo en caso de desalojo. "La única alternativa que me han dado es que si aquí no tengo vivienda , ni trabajo, que me vuelva a mi país", declara.

Otro de los perfiles que han acompañado esta campaña es el de Consuelo Baudí, una mujer que al asistir a una manifestación por la Marcha de los Mineros, el pasado mes de julio, recibió el impacto de una pelota de goma del Cuerpo de Policía. Por esta pelota tuvo que estar ingresada en el Hospital durante dos meses, con fracturas en las costillas y en las vértebras. Tras 20 sesiones de rehabilitación, denunció a la Audiencia Provincial lo sucedido. Aún se encuentra pendiente de la resolución pero asegura que "si hay que ir hasta el Tribunal de Estrasburgo, se irá".