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Así ha maniobrado la industria de las armas para crear un mercado de "seguridad" a su medida con fondos de la UE

Protección de fronteras, sistemas de vigilancia, reconocimiento facial y biométrico... La industria de Defensa investiga cómo adaptar su negocio militar a la seguridad civil con 11.000 millones de euros salidos de las arcas públicas.

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El robot de control de fronteras de Talos, uno de los proyectos que ha recibido financiación comunitaria.

Año 2012. Antes de la crisis migratoria. Antes del auge del Estado Islámico, del enquistamiento de la guerra civil siria, de que Libia se convirtiera en un país sin Estado. Antes de los atentados de París, de los de Bruselas, de los de Barcelona, de la matanza en la redacción de Charlie Hebdo. Antes incluso de la teoría de la injerencia rusa en el ciberespacio, la Comisión Europea propuso encerrar a la UE en su propia concha y convertir el Viejo Continente en un búnker ultraprotegido.

En 2012 Bruselas propuso entroncar el concepto de "seguridad" con todo lo demás. No se refería a las medidas que han aumentado tradicionalmente la sensación de seguridad de la ciudadanía europea, como el refuerzo del estado del bienestar, el empleo, la sanidad, la educación o las pensiones. No: se refería a aplicar tecnología militar a todas las áreas civiles que se pudiera. La industria de Defensa convenció a la UE de la necesidad de desarrollar un nuevo sector económico comunitario, la "seguridad interior", mientras aplicaba austeridad a todo lo demás y dejaba que su entorno cercano ardiera, dando sentido al búnker.

La UE ha destinado 11.000 millones para crear una industria de "seguridad interior" que dominarán las empresas de armas

En total, la UE ha destinado 11.000 millones de euros de fondos públicos en el período 2014-2020 para investigar cómo adaptar tecnología militar a la seguridad civil. Se los han repartido las empresas de armas y los destacados institutos de investigación (financiados por la propia industria) que alertan de los peligros que amenazan Europa y, de paso, presionan para que el grifo de dinero público del que bebe el mercado de armamento no se cierre nunca.

Tal y como refleja el estudio Fuerzas del Mercado: el auge del complejo industrial de la seguridad de la UE del Transnational Institute (TNI), las empresas que han presionado en Bruselas para conseguir esta financiación han sido las mismas de siempre: Indra, Airbus, BAE Systems (segundo mayor contratista militar del mundo) o Leonardo (gran grupo industrial italiano que comercializa electrónica de defensa y tecnología aeroespacial), miembros del Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad (PEIS), organismo clave en la obtención y gestión de los fondos.

Dron de vigilancia marítima desarrollado por el grupo italiano Leonardo, uno de los líderes del sector, gracias a los fondos de la UE.

Tecnología militar para la seguridad civil

El PEIS destina el dinero público que le asigna la UE a "investigaciones para inventar nuevas tecnologías al servicio de la aplicación de la ley, el control de las fronteras, la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas, y se decanta de forma muy marcada por tecnologías y técnicas inicialmente desplegadas o preferidas por fuerzas militares: drones, herramientas de extracción de datos, sistemas de vigilancia a gran escala, reconocimiento biométrico e instrumentos automatizados de análisis del comportamiento. También persigue explícitamente desarrollar tecnologías de doble uso, civil y militar", señala el estudio.

Drones, sistemas de vigilancia masiva o de reconocimiento biométrico son algunos de los proyectos que se han pagado con dinero público

La UE ha comprado la tesis de la necesidad de crear una industria de la seguridad interior en Europa, pero no ha fijado como una prioridad conventirla en autosuficiente. Al contrario, este mercado seguirá mamando de fondos públicos para sobrevivir: "El objetivo último —aunque todavía no se haya alcanzado— consiste en que, con los fondos de la UE, se pague tanto el desarrollo de nuevas tecnologías como su posterior compra a escala nacional o de la UE, de forma que se cree un ciclo cerrado de oferta y demanda", explican los investigadores. 

Las áreas a las que se está intentando aplicar este tipo de tecnologías son la militarización de las fronteras, los sistemas de reconocimiento facial y biométrico, sistemas de vigilancia de la ciudadanía autónomos e inteligentes o incluso la identificación de objetivos policiales de manera previa al delito, basándose en análisis de big data.

Los refugiados se agolpan ante la frontera húngara esperando para entrar en territorio de la UE, en una imagen de verano de 2015. REUTERS

España está destacando en la investigación de proyectos de "seguridad interior" de la UE. Es el cuarto país que más fondos ha recibido tras Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia. "De hecho, en lo que respecta a organismos públicos, el Ministerio del Interior español es el segundo mayor receptor de fondos del PEIS, superado solo por la Inspección General de la Policía de Fronteras de Rumanía", explica el autor del informe en este medio.

Se han documentado hasta cuatro reuniones entre funcionarios europeos de alto nivel y ejecutivos de armamento para concretar los fondos

El lobby de las empresas de armas para lograr que la UE fijara como una de sus prioridades políticas el establecimiento de una industria europea de la seguridad ha sido intenso, primero para lograr el posionamiento político de la Comisión, y después para acumular fondos. El análisis del TNI, en el que han colaborado otras organizaciones como Statewatch, el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, Novact o Ceipaz, remarca cómo la primera reunión entre empresarios de las armas y funcionarios comunitarios se produjo en febrero 2011. Después llegó la cita de marzo de 2012, marzo de 2013 y abril de 2014, donde se perfiló la cuantía a recibir y la creación otros orgagismos de apoyo a esta idea, como la Organización Europea para la Seguridad. 

Investigación ineficiente

Según el informe del TNI, a pesar del éxito de la estrategia de las empresas de armas de anclar su futuro al de la UE, existe un "triste consuelo" para aquellos que piensen que la Unión debería seguir primando los valores pacifistas y de progreso bajo los que se fundó. El estudio ha documentado que las investigaciones que las empresas de armas están financiando con fondos comunitarios están resultando un desastre y ya han provocado la queja del Tribunal de Cuentas Europeo.

"La ineficiencia burocrática y el carácter poco práctico de los proyectos" ha motivado que apenas un 11% de los cientos de las investigaciones pagadas con dinero público hayan ofrecido resultados concretos. Tampoco han sido demasiado útiles en cuanto a la creación de conocimiento, dado el escaso número de publicaciones académicas derivadas, refleja el TNI. La industria y la Comisión Europea alegan que la financiación está sirviendo para estrechar la relación entre lo público y lo privado en el concepto de la "seguridad interior", pero está por ver el Parlamento Europeo acepte esta excusa si la tendencia continúa más allá de 2020.