Publicado: 08.07.2015 12:40 |Actualizado: 08.07.2015 12:40

Martín Pallín: "Los partidos de la derecha española tienen enquistados tics franquistas"

El magistrado y exfiscal del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, sostiene que el Estado no da “ninguna ayuda” a las víctimas de los niños robados y considera que incumple la Ley de la Memoria Histórica.

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José Antonio Martín Pallín.

José Antonio Martín Pallín.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL/MADRID.- El magistrado y ex fiscal del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, ha criticado al Estado central por no ayudar a las víctimas de los niños robados durante la Guerra Civil, la posguerra y la dictadura franquista y asegura que el Estado “está incumpliendo la Ley de Memoria Histórica, que prevé subvenciones y ayudas, pero el presupuesto de este año –en esta materia- parte de 0 euros”.

Pallín afirma que buscar la responsabilidad individual va a ser “difícil” porque sentar a los culpables en el banquillo “cada vez es más complicado por razones generacionales”. Asimismo, asevera que la responsabilidad colectiva implica que “una democracia no puede convivir con un pasado dictatorial” aunque piensa que “los partidos de la derecha tienen enquistados determinados tics franquistas”.



En relación a la querella argentina a la que se aferran las víctimas de los niños robados, Pallín defiende que “tiene la virtualidad de mantener vivo y abierto el debate” y sobre todo, de recordar a la comunidad internacional y a España que éste es un “blanco abierto en el derecho internacional porque es único y singular en la historia antigua”.

Preguntado por la nueva ley de Protección de Seguridad Ciudadana, la más conocida como ‘ley mordaza’, se ha mostrado contundente y ha manifestado que “con la ley anterior ya era suficiente” y que ésta es una ley “innecesaria” porque entre otras cosas, “lleva penas tan disparatadas como sancionar a una persona con 600.000 euros”

Al hilo de estas declaraciones ha expresado que los juristas y técnicos especializados en derecho “sabemos que las multas tienen que ser proporcionales a la situación económica y realizables” y espera que los legisladores “no sean tan estúpidos de aplicarlas a un particular”.

Pallín supone que este tipo de sanciones económicas elevadas están dirigidas a asociaciones como Greenpeace o Amnistía Internacional porque “dos o tres multas de 600.000 euros les pueden ocasionar un serio perjuicio económico para su funcionamiento”.