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Terrorismo en el País Vasco Más del 60% de los crímenes de la guerra sucia contra ETA siguen impunes

En un informe presentado este sábado, el Foro Social Permanente señala que la mayoría de los asesinatos cometidos por GAL y Batallón Vasco Español quedaron sin respuesta. En el caso de ETA, el porcentaje de atentados sin resolver se sitúa en el 23,2%.

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Los representantes del Foro Social presentan en San Sebastián un informe comparativo sobre casos sin revolver relativos a la violencia de ETA, los GAL y otros grupos que operaron en el País Vasco.

María José Bravo y Javier Rueda vivían en Donostia. Tenían 16 años. Eran jóvenes, y se querían. Juntos soñaban. Juntos compartían besos y abrazos. El 8 de mayo de 1980, cuando paseaban por la ciudad, fueron interceptados por los amos de la muerte. A ella la violaron y luego le reventaron la cabeza a golpes. Hasta matarla. Javier quedó malherido, pero se salvó. O algo parecido. Murió ocho años después a raíz de las secuelas. Tanto él como ella sufrieron un atentado terrorista, reivindicado por el Batallón Vasco Español (BVE). Sin embargo, sus nombres no aparecen en el listado oficial de víctimas del ministerio de Interior. Tampoco hay sumario ni sentencia que hable de su historia. Para estos novios sólo hubo olvido. Para sus asesinos, impunidad.

Ambos jóvenes forman hoy parte del largo listado de casos de terrorismo que nunca han sido esclarecidos. Este sábado, el Foro Social Permanente —la plataforma que busca consolidar el proceso de paz en Euskadi— presentó un informe que habla precisamente de todas y todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes que fueron asesinados por grupos terroristas sin que hasta ahora se conozca quién o quiénes los mataron.

El documento dado a conocer esta mañana en el Palacio Miramar de Donostia por Teresa Toda y Fernando Armendariz confirma lo que ya había apuntado el Gobierno Vasco en un estudio presentado en diciembre de 2014 sobre la "situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas con resultado de muerte entre 1960 y 2014". Según coinciden en señalar ambos informes, los crímenes cometidos por la denominada "guerra sucia" que aún siguen impunes superan porcentualmente a los asesinatos sin aclarar de ETA.

En ese contexto, el relevamiento efectuado por el Foro Social Permanente señala que en total existen 482 casos de atentados terroristas con resultado mortal sin resolver. De ellos, un 61,4% corresponde a la suma de crímenes sin esclarecer cometidos por el GAL (37%) y BVE (24,4%), mientras que otro 23,2% se refiere a asesinatos perpetrados por ETA. En tal sentido, el estudio presentado este sábado remarca que "el porcentaje de casos sin esclarecer es mayor en los casos de terrorismo cometidos por la extrema derecha o por funcionarios del Estado".

"Fotografía completa"

El portavoz del Foro Social, Agus Hernán, explicó a Público que este informe fue elaborado tras "cruzar" los datos sobre crímenes terroristas sin esclarecer que manejan el Gobierno Vasco, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) y la fundación Euskal Memoria. Además, tuvieron en cuenta los criterios que manejan otras organizaciones, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) o Amnistía Internacional. El objetivo, añadieron Toda y Armendariz, ha sido "la elaboración de una fotografía lo más completa posible de los casos sin verdad".

"Es preciso que el tratamiento de este aspecto salga de las posiciones de trinchera para así permitir alimentar el carril central de la necesaria reconciliación social. Es necesario garantizar a todas las víctimas el derecho a conocer la verdad", afirmaron los portavoces de esta organización. "Es momento de conocer todo lo sucedido y dar respuesta a todas las formas de gestionar el dolor que existen en nuestro entorno", añadieron. En tal sentido, destacaron que esos pasos deben darse desde el "máximo respeto a todas las víctimas de todas las expresiones de violencia".

"Un gran acuerdo"

En el capítulo de las conclusiones, Nekane Altzelai y Agus Hernan apostaron por la necesidad de "trabajar por un gran acuerdo político y social" que incluya "a todas las víctimas y permita avanzar en la resolución de esos 482 casos sin verdad con resultado de muerte".. "Es urgente desarmar la palabra", afirmaron. En tal sentido, llamaron a instituciones, partidos políticos y medios de comunicación a trabajar en "dinámicas transversales que incluyan a todas las sensibilidades existentes entre las víctimas". No será fácil ni rápido.