El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado esta noche que la reunión con las fuerzas soberanistas ha ido 'bien' porque todos van 'adelante' y 'juntos' para continuar con el proceso de la consulta, que debe 'culminar el 9 de noviembre con una votación'.

Tras ocho horas de reunión, Mas ha comparecido en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat junto con la vicepresidenta, Joana Ortega, el conseller de Presidencia, Francesc Homs, y los dirigentes Oriol Junqueras y Marta Rovira (ERC), Joan Herrera y Joan Mena (ICV-EUiA); David Fernández y Quim Arrufat (CUP); y Jordi Turull y Ramon Espadaler (CiU).

Mas ha afirmado que el proceso sigue adelante, pese a la 'hostilidad del Estado que quiere 'impedir' la votaciónSin concretar si se retomará la campaña institucional o los preparativos del 9N, Mas ha dicho que ha sido una jornada 'muy intensa' y de 'muchas horas de trabajo' que han sido 'bien empleadas' y el 'resumen —ha dicho— es que 'ha ido bien' y el proceso sigue adelante, pese a la 'hostilidad del Estado que quiere 'impedir' la votación del 9 de noviembre. En un escueto discurso, tras el cual ha abandonado la Galería Gótica, Mas ha dicho que sale de la reunión con una 'alegría especial' y con 'confianza' porque Govern y partidos proconsulta están 'trabajando bien'.

El presidente catalán ha hecho hincapié en que se mantenga la unidad entre los fuerzas proconsulta porque es la 'fuerza' que tiene Catalunya para poder continuar con 'este proceso que quiere culminar el 9N con una votación', trabajando en condiciones 'muy difíciles' por la 'hostilidad' del Estado, ha argumentado. Mas no ha concretado qué acuerdos se han cerrado en cuanto al despliegue de la consulta del 9 de noviembre, después de que el Govern paralizara el martes la campaña institucional y acciones en las que pudieran resultar perjudicados funcionarios o ciudadanos por la suspensión cautelar del TC.

A preguntas de los periodistas, tampoco ha dado detalles la vicepresidenta, Joana Ortega, que ha dicho que se irán desgranando estas cuestiones a medida que se vaya produciendo y siempre desde el 'acuerdo', con el fin de buscar 'alternativas' ante eventuales suspensiones. Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que no se ha hablado de elecciones anticipadas, porque quieren 'obedecer' al mandato del Parlament a favor de celebrar la consulta.

La respuesta del Gobierno no tardó en llegar. A la misma hora que Homs intervenía ante los medios, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo irá al Tribunal Constitucional por el decreto de creación de la junta electoral catalana firmado ayer por Artur Mas. Dijo la vicepresidenta que eso supone un claro 'un incumplimiento' de la suspensión de la consulta ordenada por el propio Tribunal Constitucional.

Sáenz de Santamaría explicó que la Abogacía del Estado pedirá al Tribunal Constitucional que incluya en la suspensión que dictó sobre la ley de consultas el decreto firmado ayer por el presidente de la Generalitat por el que se designaron los miembros de la comisión de control de consultas de Catalunya. La Abogacía del Estado tiene potestad para ampliar ese recurso sin necesidad de que se reúna el Consejo de Ministros ni de pedir un nuevo informe al Consejo de Estado.

La vicepresidenta del Gobierno emplazó a Mas a manifestar si va a acatar la decisión del Tribunal Constitucional o si va a continuar en la línea del incumplimiento, como hizo ayer con la firma 'novedosa, sin precedentes' de ese decreto. 'Los ciudadanos tienen derecho a saber que las resoluciones de los tribunales se cumplen y se respetan', subrayó la vicepresidenta, quien indicó que, desde su autonomía, la Fiscalía también estará muy pendiente ante la posible comisión de algún delito.

'Nadie puede diseñar la democracia a su medida', afirma SantamaríaDe hecho, Sáenz de Santamaría planteó que, por 'las prevenciones' con las que firmó, se podría pensar que era el propio Mas quien ayer pensaba en que estaba incurriendo en una posible prevaricación. La vicepresidenta prometió que el Gobierno actuará con 'la misma firmeza serena' en su obligación de hacer cumplir la ley y reiteró que nadie decide 'qué ley se cumple y qué ley no se cumple' ni tampoco cómo se cumplen las leyes, pues eso lo determinan los tribunales.

'Nadie puede diseñar la democracia a su medida, porque está diseñada a la medida de los derechos de los españoles', declaró la vicepresidenta, quien se ha preguntado qué autoridad tiene un gobernante para pedir el cumplimiento de las leyes si él mismo no las cumple.